Alexis Paredes R.

Un fuerte y duro debate, que incluyó acusaciones a consejeros y el anuncio de una presentación ante la Contraloría General de la República, se registró durante el último pleno del Consejo Regional de Valparaíso. La polémica se encendió producto de la denuncia por el uso de las dependencias de dicho organismo y bienes fiscales como computadores para la elaboración de proyectos a organizaciones particulares que participaron en el último llamado a concurso del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que financia iniciativas en el ámbito del deporte, cultura y seguridad.

Producto de esta situación, algunos consejeros incluso manifestaron la necesidad de dejar nulo el proceso, al cual se presentaron cerca de 700 proyectos, que cuenta con recursos por 1.200 millones de pesos para las organizaciones sociales de la región.

Según expuso el consejero Roy Crichton, presidente de la bancada DC, los hechos "son graves", ya que se habría incurrido en faltas administrativas que viciarían el proceso, por lo que es necesario que la Contraloría conozca los antecedentes y emita una resolución.

Los consejeros no ocultaron su preocupación por lo ocurrido durante los días previos al cierre del cuarto concurso para financiar estas iniciativas con recursos fiscales, ya que nuevamente el Core de Valparaíso se ve involucrado en situaciones que podrían ser irregulares.

Problema administrativo

Ante los hechos expuestos, el presidente de la Comisión de Educación, Arte, Cultura, Deporte y Recreación, Rolando Stevenson (DC), fue categórico: "Tenemos la facultad de declarar viciado el procedimiento y que la Contraloría haga una investigación sobre el acto administrativo de este llamado a concurso del 6%".

El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Percy Marín (RN), también cuestionó "el uso de las salas e instalaciones del core, lo cual nos puede generar un problema administrativo y legal que puede poner en riesgo el colectivo.

Mientras el proceso de revisión de los proyectos continúa adelante por parte de una comisión técnica del Gobierno Regional (Gore), las recriminaciones al interior del Core continúan, ya que incluso se habla de una "pasada de cuenta" producto de los últimos cambios registrados al interior del cuerpo colegiado, que incluyó la salida de presidentes de comisiones por conflictos políticos dentro de la Nueva Mayoría.

Se defiende

Las acusaciones apuntan al expresidente de la Comisión de Régimen Interior y actual presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, Manuel Murillo (PPD).

El consejero se defendió públicamente de los cuestionamientos en su contra, manifestando que su intención de ayudar a las organizaciones sociales de Valparaíso no tenía por afán obtener algún rédito político, sino que orientar a las cientos de organizaciones sociales que no tienen los conocimientos necesarios para elaborar un proyecto y que no sean rechazados en el primer corte del proceso de selección.

Murillo resaltó que los 1.200 millones dispuestos para este proceso están divididos en forma proporcional por provincias, existiendo 350 millones disponibles para las organizaciones de Valparaíso.

"Aquí existen varios problemas. Estos proyectos del 6% tan cuestionados, no cuentan con el apoyo y la difusión que se requería, como tampoco de otras entidades que colaboren en la difusión de este concurso, para que no siempre seamos los consejeros los que estemos a cargo de esta labor", afirmó.

Añadió que este cuarto concurso estuvo a punto de no realizarse y se insistió ante el Ejecutivo del Gore que se hiciera ante el riesgo de perder los recursos destinados para ello. En esta ocasión quedaron fuera a los municipios y entidades públicas, dejando a solo las privadas. A juicio de Murillo, las organizaciones sociales "están en desventaja" respecto a los organismos públicos, ya que no tienen los conocimientos ni profesionales para elaborar un proyecto, más aún cuando este año postuló un 92% de organizaciones nuevas, que no tenían experiencia en los procesos.

Espacios públicos

Murillo sostiene que, ante esta falta de capacidad y recursos de las juntas de vecinos, facilitó una sala del Core para que las instituciones fueran asesoradas en la confección de los proyectos. "A mi juicio, los espacios públicos pueden ser ocupados por todos los ciudadanos. Si ese fue mi error, asumo cualquier tipo de castigo. Cuando hice charlas informativas en el pleno del Core, lo hice con un documento emanado y creado por el secretario técnico, que entregaba un resumen de las bases, y que estaba a disposición de todos los cores".

Ante el acuerdo de los consejeros de que no se vuelvan a utilizarse las instalaciones del Core, "he tomado la decisión de arrendar otros espacios y ayudar a las organizaciones en otras instancias, para evitar estos conflictos internos que terminan agotando en lo político", argumentó el exdirigente de Montedónico.