La ministra de Educación, Adriana Delpiano, llegó ayer hasta el Congreso Nacional para detallar los alcances del proyecto que crea un Sistema de Educación Pública (desmunicipalización), que hizo ingreso ayer a la Cámara de Diputados para comenzar su tramitación.

El proyecto indica que los establecimientos pasarán a ser administradas por 67 nuevos servicios locales de educación en un plazo gradual de seis años desde la entrada en vigencia de la ley.

"Estos servicios ejercerán su competencia en unidades territoriales que comprenderán el territorio de una comuna o de una agrupación de comunas dentro de una misma región y serán, para todos los efectos, los sostenedores de los establecimientos de su dependencia", señala el documento.

El proyecto además contempla la creación de la Dirección de Educación Pública que dependerá del Mineduc y proyecta que el traspaso total de escuelas públicas a los nuevos organismos tomará hasta el año 2023, proceso que se iniciaría en 2017.

"Cinco regiones iniciarían su traspaso a partir del primer año de transición, cuatro a partir del segundo año y las restantes seis a partir del tercer año", detalla la iniciativa.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, informó ayer que tras someterla a votación en regiones, la nueva propuesta del Gobierno fue rechazada, por lo que el paro que ya cumple 37 días continuará. La dirigente le comunicó el resultado de las votaciones a la ministra de Justicia Javiera Blanco. "Estamos en conversaciones, pero sin acuerdo", dijo Díaz tras salir de la reunión que sostuvo con la secretaria de Estado. La dirigente además señaló que en el encuentro "no hubo ninguna propuesta nueva, sino que simplemente formalizamos". Díaz sostuvo que las negociaciones con el Ejecutivo no están en punto muerto, pero como se rechazó la propuesta entregada por el Gobierno el lunes, el paro continuará. Por su parte, la Presidenta Michelle Bachelet manifestó que espera que el conflicto se resuelva. "El Gobierno ha hablado lo suficiente y espero que se resuelva, en eso estamos trabajando, porque la gente no merece pasar lo que está pasando", aseveró ayer la Mandataria brevemente desde La Moneda.

El exsenador de la UDI Jovino Novoa declaró ayer por casi cuatro horas ante la Fiscalía Nacional en calidad de imputado, en el marco de la investigación del caso Penta. El dirigente no emitió declaraciones tras entregar su testimonio y se retiró de las dependencias del Ministerio Público en compañía de sus abogados Matías Balmaceda y Francisco Cox. Esta es la primera vez que el exparlamentario presta declaración en la investigación que lo involucra por el envío de facturas desde la empresa de la que es socio, Inversiones y Mandatos S.A., a Banpenta II Ltda y Penta II Ltda. La defensa de Novoa habría decidido terminar con el silencio que guardaba hasta ahora para lograr una salida alternativa al juicio oral, que en este caso sería un procedimiento abreviado. Esto implicaría el reconocimiento de los hechos para acceder así a una rebaja de la pena. Según los antecedentes recopilados en la indagación del Ministerio Público, Novoa pedía a terceros el envío de boletas al holding y a SQM con el fin de financiar campañas políticas.

El ministro del interior, Jorge Burgos, anunció ayer que el Gobierno pondrá discusión inmediata a la agenda corta antidelincuencia. "El proyecto salió hace poquito menos de un mes de la Cámara de Diputados e ingresó al Senado de la República a la Comisión de Constitución. Con los señores senadores habíamos acordado darle un trámite lo más rápido posible, estaba con suma urgencia", explicó el ministro, quien agregó que esperaba que esta semana terminara la ronda de audiencias, "desgraciadamente eso parece que no se pudo hacer". "Consecuencia: el día jueves hemos decidido por instrucción de la Presidenta ponerle discusión inmediata para que la próxima semana salga de la comisión y vaya a la sala", dijo el jefe del gabinete. Burgos además sostuvo que el proyecto que salió de la Cámara de Diputados ha dejado conforme al Gobierno, por lo que buscarán que sea promulgado.

Carolina Collins

El ex Presidente Sebastián Piñera realizó ayer duras críticas al Gobierno y sus reformas, asegurando que no cuentan con apoyo ciudadano y que el proceso constituyente, como está planteado actualmente, "nos va a tener discutiendo esto hasta el 2021".

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, respondió a los dichos del ex Mandatario y lo acusó de inventar "mitos" sobre el proceso constituyente.

Durante su participación en el seminario de la Sofofa "Ideas para el Chile del 2020", Piñera sostuvo que "es necesario hacerle cambios a la Constitución, pero sería un error desmantelarla".

El ex Mandatario indicó que el proceso constituyente no se condice con el clima de incertidumbre actual y acusó que no existen propuestas claras. "Si el Congreso es ilegítimo y no puede tratar el tema constitucional, el Gobierno es ilegítimo. Sí soy partidario de perfeccionar la Constitución, pero abrir un proceso constitucional que nos va a tener discutiendo esto hasta el 2021, en que después de dos años que se ha planteado como parte del proyecto de Gobierno, no hay una idea clara arriba de la mesa", afirmó.

Piñera incluso se refirió a lo que sucedería de no existir continuidad en el Gobierno tras las próximas elecciones. "Un futuro Gobierno va a tener que hacer profundas reformas a las reformas que se siguen implementando. Ojalá ocurrieran ahora, porque el daño se está causando no solamente ahora, hay algunos daños muchos más permanentes y algunas reformas mucho más difícil de revertir", aseveró.

El ex jefe de Estado endureció su crítica a la actual gestión sosteniendo que "vamos por un mal camino, esa opinión la comparten más del 70% de los chilenos".

El vocero de La Moneda respondió específicamente a las críticas por los plazos que tomará el proceso constituyente, afirmando que "no sé cómo él llega a la cuenta de diez años. Creo que esos son mitos, son invenciones, que lo que pretenden es descalificar el proceso. Yo le diría que discutamos de buena fe, no le tengamos miedo a la gente".

Díaz realizó un llamado a que "discutamos de buena fe, no engañemos a la gente, porque decir que va a durar diez años es una invención. Digamos las cosas con franqueza, si el itinerario está muy claro".

"Yo desearía que aquellos que se levantan todos los días pensando en qué nos van a criticar, que usen esa energía para proponer, sugerir, para acompañar el proceso y no darle la espalda a los chilenos que dicen de manera manifiesta y contundente en todas las encuestas que quieren una nueva Constitución y lo consideran prioritario", enfatizó.