Cristián Rojas M.

La Presidenta Michelle Bachelet ingresó el lunes al Congreso el proyecto de ley que crea el nuevo Sistema de Educación Pública, que pondrá fin a las escuelas y liceos administrados por las municipalidades o las corporaciones municipales, para dar paso a una Dirección de Educación Pública dependiente del Ministerio, la que coordinará las acciones de 67 Servicios Locales de Educación (SLE). Estos serán encabezados por un funcionario elegido mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, el que a su vez será asesorado por un Consejo Local de Educación, compuesto por los alcaldes de las comunas dentro del SLE y por diversos actores del mundo educacional.

El proyecto considera que la Región de Magallanes será la primera en incorporarse al nuevo sistema, lo que hará a partir del 1 de enero de 2017, mientras que para la Región de Valparaíso la fecha contemplada es a partir del 1 de enero de 2018, y se hará de manera gradual, por lo que el último de los ocho servicios entraría en vigencia a partir del año 2021.

El proyecto no contempla un cambio en el sistema de financiamiento actual, basado en un modelo de subvención regular que depende de la asistencia, aspecto que fue criticado por las diputadas oficialistas Cristina Girardi y Camila Vallejo, integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, puesto que esperaban finalizar con este sistema y que los recursos se traspasen directamente a los administradores.

En el plano local, el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, consideró que no modificar en esta primera instancia el actual sistema de financiamiento y posponerlo para una segunda parte del proyecto "es un grave error, por cuanto lo que hace es mantener la causa que ha provocado la crisis en el financiamiento. Solo lo encubrirá, pero mantener la subvención por asistencia ha demostrado ser la causal en parte importante de los males del sistema. Espero que sea drásticamente sustituida".

Por su parte, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, coincidió con su par porteño y expuso que dicha postergación "no me parece bien, porque es en esta forma de financiamiento donde se radica el origen del problema, pues las subvenciones por asistencias generan ingresos variables sobre una administración intensiva en costos fijos. Téngase presente que más del 80% de los ingresos son para remuneraciones de los equipos docentes preestablecidos".

A juicio de Reginato, "lo realista es considerar un sistema de financiamiento que considere el número de matriculados por curso y establecimiento en combinación con la asistencia regular".

A su vez, el diputado Rodrigo González, miembro de la Comisión de Educación, comparte los reparos planteados por ambos alcaldes y estima que el proyecto "tiene insuficiencias, especialmente que no tiene un sistema de financiamiento basado en las escuelas, sino que mantiene el sistema de subvención, de subsidio a la demanda, y por lo tanto, con todo el concepto del Estado subsidiario".

Frente a estas dudas, el seremi de Educación emplazó a que "los que hacen la crítica a la manera actual, también puedan hacer una propuesta de cómo otra figura de financiamiento mejoraría las condiciones, porque cuando alguien dice que esta manera de financiar está mala, no necesariamente eso significa que la otra -que nadie sabe cuál es o que no dicen con claridad cuál es-, va a mejorar lo que pretenden cambiar".

Respecto de la gradualidad considerada para que las distintas regiones se incorporen al nuevo sistema, ésta no es vista con malos ojos por la jefa comunal viñamarina, quien hizo notar que "frente a tanta incertidumbre e indefiniciones, no ser una comuna pionera es una buena posición y tener un tiempo para evaluar este cambio tan radical, lo considero positivo".

En tanto, Castro tampoco se mostró disconforme con esta gradualidad y sostuvo que "puede parecer razonable por la envergadura de la tarea, los montos comprometidos y la posibilidad de ir perfeccionando el proceso. Es un modelo que ha demostrado ser exitoso en otras iniciativas públicas".

Sin embargo, añadió el jefe comunal porteño, esto "puede presentar una debilidad, cual es que si no se hace cargo de correcciones inmediatas, la gradualidad incrementará los conflictos. Mantener la situación de Valparaíso hasta el 2021, en que ingresará a la reforma, traerá consecuencias funestas".

Ante este panorama, el diputado Rodrigo González se mostró crítico de los plazos contemplados y puso de relieve que "uno de los problemas que tiene el proyecto es que tiene una gradualidad demasiado extensa. Uno de los puntos que vamos a proponer es que efectivamente el proyecto se aplique en un periodo de menor extensión".

A juicio de González, "cinco años sería un periodo adecuado para todo el proyecto, que tiene una extensión de 10 años. Eso significa que en Valparaíso se tendría que aplicar mucho antes que el plazo que está planteado".

Pese a los reparos, González cree que "es un proyecto que en lo que va a ser la discusión, debiera tener una tramitación menos compleja que la de la Carrera Docente".

Los 67 SLE "van a tener características similares en cuanto a sus presupuestos, y la proporción entre uno y otro ya no será la de hoy en día, en que hay diferencias de recursos de hasta mil a uno entre los municipios grandes y los más pequeños", explicó el seremi de Educación, Alejandro Tapia.Este aspecto fue destacado por los alcaldes de las dos comunas más grandes de la región. Virginia Reginato recordó que "el sistema municipal de educación comenzó a deteriorarse por problemas esencialmente económicos y, por tanto, apoyar a los municipios con menores recursos no solo es necesario, es además justo".

En tanto, Jorge Castro también se mostró de acuerdo, aunque pidió primero "determinar en justicia qué es menos recursos, por cuanto a veces la simple expresión de cantidades o valores no habla de realidades".

67 Servicios Locales de Educación (SLE) contempla este sistema, los que reemplazarán a las actuales 345 comunas administradoras.

$ 193.587 millones es el el presupuesto considerado para los SLE, mientras que para la Dirección de Educación Pública serán $6.929 millones.

8 SLE tendrá la Región de Valparaíso, tras los 16 de la Metropolitana y los 11 de la Octava. Ingresarán de manera gradual hasta el 2021.