"Me alegra que David haya pedido excusas si esto molestó a Wanderers"
Jorge Lafrentz
Presidente de Santiago Wanderers
"Espero que las autoridades regionales nos digan cómo van a terminar las obras de Baden Powell"
Jorge Castro
Alcalde se refiere a incertidumbre por trabajos en esa vía tras revés en toma de razón por parte de la Contraloría
¡Al fin! Cuando menos se pensaba, han empezado a trabajar en dicho edificio con el objeto de impedir que el balcón volado que tiene sea un obstáculo y un peligro para los pasajeros de segunda clase (parte alta) en los carros del ferrocarril urbano, a su paso por la calle de la Aduana (Prat). Más de algún pasajero se golpeó con dicho balcón.
Ayer se acercaron a nuestras oficinas numerosos obreros municipales que trabajan en parques y jardines, para que llamemos la atención a las autoridades por su difícil situación. A muchos se les adeuda hasta 45 semanas de jornal, no tienen con qué comer ni ellos ni sus familias y se les han cerrado los créditos en todas partes.
El buque científico soviético "Olonets" atracó ayer al sitio B del Espigón para abastecerse de víveres y combustibles. La nave, que lucía en la popa la bandera roja con la hoz y el martillo, se encuentra estudiando los bancos de peces y las migraciones de estos especímenes. Se anunció que mañana deberá zarpar hacia la zona norte.
Se discute en el Congreso de nuestro país lo que se ha denominado la despenalización del aborto. Nos hemos referido en estas columnas en ocasiones anteriores, a que tal proyecto de ley es contrario a la Constitución Política, que en su artículo 19, Nº 1, establece que "la ley protege la vida del que está por nacer."
Manifiesto mi sorpresa por el hecho que la iniciativa de despenalizar el aborto haya sido votada favorablemente por parlamentarios pertenecientes a la Democracia Cristiana, colectividad política que adhiere, según sus principios, a la doctrina social de la Iglesia Católica, que obviamente es contraria al aborto. Los obispos de la Iglesia Católica han expresado, a través de la Conferencia Episcopal, que "a quienes ayer promovían junto a la Iglesia la defensa de la vida y la dignidad de los perseguidores políticos, les invitamos hoy a ser consecuentes, pues el respeto a la vida debe mantenerse en toda circunstancia".
El Papa Pablo VI y el Concilio Vaticano II han señalado que el aborto es un delito abominable y constituye siempre un desorden moral particularmente grave; lejos de ser un derecho es más bien un triste fenómeno que contribuye gravemente a la difusión de una mentalidad contra la vida, amenazando peligrosamente la convivencia social justa y democrática.
La Congregación para la Doctrina de la Fe, refiriéndose a cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, ha señalado: "La conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a las contenidas fundamentalmente de la fe y la moral".
Pero más aún, en el proyecto aprobado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se ha dispuesto que la objeción de conciencia solo puede ser invocada por los médicos, no dándole esa posibilidad a otra persona que pueden intervenir en un aborto, como los paramédicos. Del mismo modo, no se permite, según el proyecto en tramitación, que las instituciones puedan invocar la objeción de conciencia. Así, de esta manera, el Estado le está obligando a hospitales, como los de la Universidad Católica de Chile y al de la Universidad de Los Andes, a practicar un aborto.
La objeción de conciencia limitada solo a los médicos es absolutamente inconstitucional en atención a que la Constitución Política en su artículo 19, Nº 2, señala que "ni la ley ni autoridad alguna podrían establecer diferencias arbitrarias".
Al no permitírsele a los paramédicos invocar la objeción de conciencia para no participar en un proceso abortivo se está estableciendo una diferencia arbitraria.
Atenta, del mismo modo, a la garantía constitucional establecida en el artículo 19, Nº 6, de nuestra Carta Fundamental, que asegura a todos los habitantes de la República la libertad de conciencia.
Alfredo Mateluna Arestizábal
Abogado
Los planteamientos de los parlamentarios regionales ante los recortes del presupuesto en Salud que afectan, directamente, el mejoramiento de los servicios asistenciales de la zona tienen plena justificación.
Hay aumento y envejecimiento de la población, lo cual supone mayor demanda, especialmente en el sistema público. Ello, mientras los recintos de atención y sus equipos humanos y técnicos son insuficientes o están obsoletos.
A lo anterior se deben sumar situaciones puntuales, también reflejo de la crisis generalizada del sector: pacientes graves del hospital de La Serena, afectado por un conflicto con profesionales, están siendo derivados a Valparaíso, recargando los servicios locales.
Hay promesas recientes de nuevos establecimientos hospitalarios en la zona, pero el presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso simplemente reduce los recursos destinados a esas iniciativas.
Así, habrá retrasos en los hospitales de San Antonio, Casablanca y en el proyectado recinto biprovincial de Quillota-Petorca.
Ante este último caso los senadores Lily Pérez e Ignacio Walker, oposición y oficialismo unidos, están exigiendo se consignen los fondos para avanzar en esa importante iniciativa que beneficia a unas 320 mil personas de dos provincias en las cuales hay lugares lejanos y aislados que requieren de mayor presencia y cercanía en materia de salud.
Pero hay un punto especialmente grave en esta materia y es el señalado por la senadora Pérez. Denuncia que "por una razón netamente ideológica, el actual Gobierno decidió hacerlo (el hospital) con fondos propios". Esto es reafirmado por el alcalde DC de Quillota Luis Mella: "Se detuvo la concesión y hoy se posterga con fondos públicos", agregando que la situación de Salud en el área es "dramática". De este modo, la obra por $ 105.000 millones, con 280 camas, que inicialmente se levantaría mediante concesión, queda en nada justamente, como lo afirma la senadora, por un concepto ideológico que rechaza la participación privada en la solución a un problema de salud que, al final del día, no tiene signo político, sino que se manifiesta con dolor e impotencia especialmente en los grupos de menores ingresos usuarios de la red pública.
En medio de costosos experimentos reformistas y cambios de difusa realización, el tema salud, real y presente, no puede ser postergado. Y cuando se habla de priorizar debido a la actual situación económica, debe situarse en un primer lugar, no solo entregando fondos, sino que también aplicando fórmulas creativas y participativas más allá de ideologías desvanecidas que son parte del pasado.