Alexis Paredes R.

Reacciones al más alto nivel generó la determinación de la Contraloría General de la República de abstenerse por segunda vez en la toma de razón de los contratos de adjudicación de las obras de conservación de avenida España y Baden Powell. La entidad mantuvo una serie de observaciones a la validez del proceso de licitación pública realizado por Serviu a los trabajos para intervenir la principal vía de la región, que conecta Viña del Mar con Valparaíso, la que podría sufrir una nueva postergación.

Al respecto, el diputado DC Aldo Cornejo calificó como "un hecho de la más alta gravedad", el fracaso de las licitaciones realizadas por el Serviu, obras que contemplan una inversión superior a los $ 5 mil millones, tras dictamen de la Contraloría que objetó el procedimiento de licitación y adjudicación.

Buscar responsables

El parlamentario manifestó que "a mi juicio lo que en este caso procede, es que la Ministra de Vivienda (Paulina Saball) instruya un sumario a fin de determinar quiénes son los responsables, porque estos hechos que la Contraloría ha ratificado en dos dictámenes fueron puestos en conocimiento de la misma Contraloría y de otras autoridades hace bastante tiempo e incluso mucho antes de que se llamara a licitación, en consecuencia, aquí hay quienes tienen que asumir la responsabilidad".

Cornejo también emplazó al director regional del Serviu, Nelson Basaes, para que "pudiera explicar a la opinión pública cuáles fueron las razones por las cuales no se corrigieron a tiempo los errores que hoy día la Contraloría ha señalado en dos dictámenes consecutivos, que estaban en conocimiento del Serviu mucho antes de que la Contraloría se hubiera pronunciado. Esta licitación estuvo llena de dificultades, y esas dificultades que fueron planteadas nunca fueron tomadas en cuenta".

El legislador no es muy optimista con los pasos a seguir y adelantó que "lo más probable que tenga que llamarse de nuevo a licitación, lo que significa que esa inversión no se va a poder realizar en el tiempo programado y, una vez más, no se utilizan eficientemente los recursos".

El seremi de Transportes, Patricio Cannobbio, reconoce que el cronograma previsto por las autoridades regionales, para que la intervención de avenida España se inicie en marzo próximo, se vería retrasado hasta fines de 2016 en caso de realizarse una nueva licitación.

El Ministerio de Transportes, a través de la firma de un convenio mandato con Minvu, traspasó en enero de este año más de 5 mil millones correspondientes a fondos de la "Ley Espejo del Transantiago", para que la iniciativa fuese ejecutada por Serviu.

"se anula proceso"

Si bien la autoridad subrayó que se debe esperar la decisión que tomará Serviu, luego que Contraloría rechazó la reconsideración a las observaciones del proceso, a su juicio la situación es clara y no existen segundas lecturas: "Dado lo que dijo Contraloría, se anula todo el proceso y se vuelve a licitar. Los dineros de la avenida España no se pierden, solo que fueron desplazados ya para el año siguiente, y habrá que reiniciar el proceso nuevamente, fijándose en las observaciones que tomó la Contraloría para no repetirlas".

Cannobbio afirmó que "dado lo drástico de la posición de la Contraloría General de la República, yo diría que la licitación queda inválida, pero la última decisión la tendría el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Transportes aún no dispone de una decisión formal respecto a lo que se hará con los contratos que están supuestamente firmados, principalmente el de Baden Powell".

Ante escenario de incertidumbre el seremi pone en duda que, de aquí a marzo, según estaba previsto, se puedan elaborar nuevas bases para ponerlas a disposición de los interesados y relicitar avenida España. "A mi juicio de debe hacer una nueva licitación y eso demora. Suponiendo todos los procesos, ingresar las bases a Contraloría y la publicación, si se hace una nueva licitación a comienzos del próximo año debiesen iniciarse las obras entre septiembre y octubre de 2016. El proyecto se podría mantener y agregarle algunas cosas adicionales, ya que las observaciones son más bien administrativas y no se respetaron los certificados del equipo técnico de algunos de los oferentes".

"Lo que en este caso procede es que la Ministra de Vivienda instruya un sumario a fin de determinar quiénes son los responsables"

Aldo Cornejo, Diputado DC

La segunda sesión de un ciclo de cinco se realizará hoy a las 12.15 horas en la Escuela España del cerro Monjas, en la que Chile Digital junto a la PUCV están desarrollando un programa piloto que contribuya a la formación ciudadana a nivel comunal y acerque a las autoridades con los ciudadanos. Estarán presentes el ministro de Educación de Honduras, Marion Scolo, y una comitiva oficial de consultores de la Agencia de Cooperación Alemana. Chile Digital es un equipo multidisciplinario de profesionales con experiencia en el sector educacional en Chile, cuyo objetivo es generar un cambio en la educación chilena por medio de la interconexión de conocimientos, alianzas estratégicas entre distintas entidades relacionadas a la educación y las nuevas tecnologías.

A más de un mes del dictamen de la Contraloría Regional de la República, el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, confirmó el inicio de un sumario interno para verificar la legalidad de los permisos de edificación otorgados al proyecto de construcción de un hotel de la firma Decameron.

"Lo que firmé fue el decreto de incluir un sumario, de acuerdo a las observaciones que hizo la Contraloría por el otorgamiento de los permisos de construcción por parte de la Dirección de Obras al proyecto del hotel Decameron, permisos que yo no tuve conocimiento, pero que más allá de lo que yo opine, tienen que cumplir con todas las medidas administrativas", recalcó Carrasco.

El jefe comunal reconoció que el proceso disciplinario apuntará a la actuación del director de Obras de la comuna, Luis Bernal, quien fue - en definitiva- quien otorgó los permisos de edificación al megaproyecto turístico que impulsa la firma de capitales colombianos.

"Me interesa la transparencia en el proceso, que se sepa cómo se realizó (el otorgamiento del permiso) y se dé a conocer la legalidad o no del mismo. Lo que corresponde es que el permiso esté otorgado en forma legal y que no halla vicios en el proceso; por eso he instruido una investigación sumaria para determinar la legalidad y que el proceso no tenga nada irregular", destacó el jefe comunal quinterano.

20 días

El plazo para investigar la causa, según Carrasco, es de 20 días, con la posibilidad de aprobar una prórroga si el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), Francisco Jeldres, - quien fue delegado como fiscal- así lo amerita.

Dentro del plazo de sumario, Jeldres podrá tener colaboración del Departamento Jurídico municipal e incluso de un profesional externo para ver las legalidades de la otorgación del permiso de edificación.

"Si llegará a existir algún vicio en la entrega de los permisos, el departamento Jurídico recomendará a este alcalde cuáles son las medidas que hay que tomar respecto al director de Obras", dijo Carrasco.