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Gobierno Corporativo en las empresas del sector público

MERCADO. Un aspecto poco conocido y menos mencionado de los gobiernos corporativos.
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Desde hace un buen tiempo se ha instalado en la discusión social-empresarial el tema del gobierno corporativo. Sólo para establecer una referencia y aceptando que definiciones hay muchas, se puede decir que el gobierno corporativo es el sistema por el cual se dirigen y controlan las sociedades y que lo conforman un conjunto de reglas y normas provenientes del ámbito regulativo, como asimismo del ámbito interno (auto regulación). Y que busca, como fin último, agregar valor a la empresa dentro de su entorno social y económico.

Vale también señalar como referencia, lamentablemente, que en nuestro país se ha construido parte de dicho sistema como una respuesta a hechos que han remecido al mercado. Sólo por nombrar a algunos: el caso Chispas en 1997; el caso Inverlink en el 2003; el caso La Polar en el 2011. Y se puede seguir mencionando otros, pero no es el propósito de este artículo hacer historia, sino que poner la atención en otra faceta de este tema.

El hecho es que el mercado, la regulación y los diferentes actores han reaccionado y han ido creando una atmósfera que ha promovido el perfeccionamiento del gobierno corporativo, se han formado diversos centros académicos que lo estudian en profundidad y las organizaciones gremiales han creado comités que buscan promoverlo dentro de sus asociados.

Y he tenido el privilegio de haber sido testigo de esta transición, en cargos ejecutivos o posteriormente como presidente y miembro de varios directorios de empresas de capitales nacionales y extranjeros. Y, lamentablemente, también de bullados fracasos en su aplicación.

¿Y el sector público?

Pero el sector empresarial no lo conforman sólo empresas privadas. De hecho hay empresas controladas por el Estado, o directamente estatales, que son actores tremendamente relevantes en nuestro mercado local. La pregunta entonces surge de inmediato, ¿el perfeccionamiento del gobierno corporativo ha evolucionado de igual forma en el sector público que en el privado?

Tal como señalé algunos hechos que impactaron en la estructuración de un mejor gobierno corporativo privado, es también posible señalarlos en el sector en manos del Estado. Me permito nombrar algunos, sin calificar su relevancia o importancia relativa. No pretende ser un listado exhaustivo, sino que los menciono porque seguramente están frescos en la mente del lector.

Después del último cambio de gobierno se produjeron remociones y nuevas designaciones en los cargos de máximos ejecutivos de Televisión Nacional y de Codelco. No quiero decir que esto no haya sido también una práctica de otros gobiernos. A lo que apunto es que algo de lo que todos deben preocuparse en las organizaciones es de la retención de talentos y experiencias, por arriba de otras consideraciones. Salvo que haya razones de más alto valor que lo justifique. Pero no parece ser este el caso.

En un programa de TV, el Ministro del Interior declaró que el directorio del Banco del Estado no tuvo responsabilidad en la entrega de un bono a sus trabajadores, en el marco de una negociación colectiva, que significó más de la mitad de la utilidad del banco en el primer semestre. Explicó que la interpretación de la ley orgánica del banco las define la administración (diario Pulso). No pongo en duda que es así, pero suena a un gran contrasentido desde el punto de vista de sano gobierno corporativo.

Directores independientes

El Ministro de Hacienda acaba de señalar que, con el propósito de mejorar el papel del Estado en las empresas públicas, se incorporará una indicación a un proyecto de ley que busca crear la figura del director independiente en estos organismos de administración superior. Si bien no es claro cómo se define independencia para estos efectos, vaya un reconocimiento a que la idea apunta al menos en el sentido correcto de mejorar la gobernanza de estas empresas.

Y a propósito de directores independientes, en empresas de la importancia de Codelco o en el antes mencionado Banco del Estado, existen en sus directorios miembros elegidos por las respectivas federaciones de trabajadores. Al momento de decidir ¿será su preocupación el beneficio de "todos los accionistas", como dice la ley de sociedades anónimas? ¿al momento de enfrentar temas como el presupuesto tendrán la suficiente independencia para hacer prevalecer el bien corporativo por sobre el sindical? Porque creer que son coincidentes, por ejemplo antes de una negociación colectiva, parece ilusorio.

No cabe duda que el esfuerzo que hacen diversos actores del sector privado por mejorar los gobiernos corporativos es importante, reconocido y por supuesto en permanente mejora. Queda la sensación que el sector público en esta materia se ha ido quedando atrás. Lo cual es paradojal si, como dicen algunos, a él pertenecen "las empresas de todos los chilenos".

Reforma laboral

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El actual Gobierno avanza con la reforma laboral sin la inclusión de un sector sensible a la reforma en trámite: el empresariado. Mucho esfuerzo han puesto los empresarios para que sean escuchados, sin que la hoja de ruta del Gobierno se altere, mientras se escenifica un complejo debate en el Parlamento: a la férrea voluntad política gubernamental se opone una falta de consenso técnico incluso al interior de la Nueva Mayoría.

La reforma se sostiene en: la prohibición del reemplazo interno o externo y del descuelgue en caso de huelga; asegurar a favor de los sindicatos como mínimo las condiciones del contrato anterior; obligar a que el trabajador se sindicalice. En síntesis, una menor flexibilidad laboral y un mayor poder a los sindicatos.

Resulta paradójico que mientras las autoridades gubernamentales se empecinan en sacar adelante la reforma laboral, existan múltiples opiniones, afines política e ideológicamente al Gobierno, que manifiestan su preocupación por el contenido de la reforma: Edmundo Pérez Yoma, José De Gregorio, Carlos Massad, Oscar Garretón y Alejandro Foxley, entre otros, están en desacuerdo con la reforma.

¿Por qué tanto rechazo? Al eliminarse el reemplazo interno y externo, se desequilibra enormemente la capacidad negociadora a favor de los trabajadores y en contra de los empresarios. Así, la reforma estimulará la sustitución de trabajadores por capital y profundizará la externalización, lo que es contraproducente, pues afecta a los objetivos de competitividad de nuestras empresas y a la estabilidad del empleo.

A mi juicio, es el momento de poner atención a las opiniones técnicas, antes que a las prioridades políticas.

PABLO DIEZ BENNEWITZ

Académico,

Escuela de

Ingeniería

Comercial PUCV