Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los funcionarios del Registro Civil, que puso fin al paro que se extendió por 39 días, el servicio continuó ayer con su plan de contingencia y entregó documentación legal.

El director del organismo, Luis Acevedo, señaló que "estamos trabajando para volver a la normalidad lo antes posible. Si tenemos que trabajar de lunes a domingo hasta que esto se normalice lo vamos a hacer como Registro Civil".

"Nuestro norte, y así ha sido desde el comienzo, es solucionar los problemas de la gente y en eso hemos estado acá tanto en este periodo de movilización como en el periodo de normalización que comienza a contar del día lunes", agregó la autoridad.

Sobre eventuales despidos producto de la movilización, Acevedo puntualizó que "no han habido desvinculaciones por parte del servicio. Lo que existe hoy día es un proceso disciplinario que está actuando libremente y que además es secreto".

Durante este fin de semana los funcionarios realizarán tareas de difusión para mañana retomar las labores. "Esperamos que las prestaciones del servicio civil se otorgen con normalidad de aquí hasta indefinidamente", sentenció.

El viernes se firmó un protocolo de acuerdo entre los trabajadores, encabezados por la dirigenta Nelly Díaz, y la ministra de Justicia, Javiera Blanco.

El documento estableció que se enviará un proyecto de ley durante el primer trimestre de 2016 para crear una asignación orientada a fomentar la productividad de los funcionarios.

El punto más importante del acuerdo entre ambas partes es que la asignación, que será imponible y tributable, alcanzará en total un valor máximo anual de $ 412.500.000 en el tercer trimestre de 2016 y $ 1.650.000.000 en 2017.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se refirió al fin de las movilizaciones en el Registro Civil y señaló ayer que "aquí hay una reivindicación económica que nosotros no consideramos adecuada".

En declaraciones recogidas por Emol, la autoridad argumentó que "ese servicio había tenido un aumento en las remuneraciones reales en un 50% entre 2008 y 2014".

"Los servidores públicos que ganan dos o tres veces más que el promedio de los ingresos de los chilenos, que es de $ 476.000, no deben hacer esto", sostuvo Aleuy, y añadió que a su juicio "no es justo que un organismo que tienen un monopolio en un servicio haga un paro".

Cuatro personas fueron formalizadas por el caso de secuestro y muerte de Nubia Lorena Astudillo Sáez, de 35 años. El cuerpo de la mujer fue encontrado quemado y con lesiones en un sector rural de Angol, en la Región de La Araucanía.

Nancy Baeza Alarcón (43) y su hija M.A.C.B. (17) fueron detenidas el viernes en un sector rural de la comuna de Curicó, mientras evadían la intensa búsqueda oficial durmiendo bajo un puente. Las mujeres fueron capturadas junto a sus respectivas parejas. Según las investigaciones, los cuatro individuos habrían participando en el asesinato de Astudillo.

De acuerdo a los detalles dados a conocer durante la audiencia, recogidos por SoyTemuco, la víctima falleció el 28 de octubre tras haber sido duramente golpeada por las dos mujeres formalizadas.

Según las indagatorias, la pareja de Baeza le habría prendido fuego en el lugar donde fue hallado el cuerpo. Mientras, la pareja de la menor de edad habría conducido el vehículo en el que transportaron el cadáver de la mujer.

Los cuatro imputados fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio y arriesgan una pena de cadena perpetua por el hecho.

El tribunal decreto prisión preventiva para los cuatro imputados y otorgó un plazo de cuatro meses para llevar adelante la investigación.

Una decena de familiares y amigos de la víctima llegaron hasta las afueras del Juzgado de Garantía de Angol para manifestar su repudio por el crimen tratando de ingresar al lugar. Con pancartas y gritos clamaron justicia en las afueras del lugar donde se lleva a cabo la audiencia de formalización de cargos.

Pamela De Vicenzi

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la promulgación en Perú de la ley que crea el distrito La Yarada-Los Palos en Tacna, ubicado en el denominado triángulo terrestre y que ha causado diversas polémicas entre Chile y el país vecino.

A través de un comunicado divulgado ayer, la cartera sostuvo que "ha tomado conocimiento de la promulgación por el Ejecutivo peruano de la Ley 4.762 que, al crear un distrito denominado La Yarada-Los Palos, le atribuye una jurisdicción que incluye territorio incuestionablemente chileno".

"Al rechazar enérgicamente este acto legislativo que se ha promulgado el día de hoy (ayer), inoponible a Chile y sin efecto jurídico alguno sobre el límite político internacional, el Gobierno de Chile lamenta que el mismo amague los esfuerzos por avanzar en una agenda bilateral positiva, mediante la cooperación y el entendimiento, que permita a ambos países construir una relación de futuro", reza el escrito.

El organismo que encabeza el canciller Heraldo Muñoz anunció que "la posición nacional será formalizada mediante una nota de protesta que pondrá a resguardo los intereses y el territorio de la República de Chile".

La Cancillería insistió en que Chile ha "generado un clima propicio para una relación bilateral constructiva", pero que la promulgación de la ley que crea el nuevo distrito "deteriora significativamente" este escenario, por lo que "no es posible llevar adelante la reunión bilateral a nivel de ministros del Consejo de Integración Social, originalmente prevista para diciembre".

Sin hacer alusión directa a Chile, el Presidente de Perú, Ollanta Humala, señaló durante el acto legislativo realizado ayer que ello "obedece a una iniciativa que ha merecido la aprobación de toda la comunidad de Tacna y de toda la comunidad política".

"Esto se inscribe en la necesidad de propiciar la descentralización política, económica y administrativa del país. En especial, dar prioridad al desarrollo en las zonas de frontera y espacios de nuestra geografía que históricamente han sido dejados de lado", añadió el Mandatario.

En tanto, el Gobierno confirmó ayer que se produjo un nuevo incidente en los límites territoriales entre Chile y Perú, precisamente en el denominado triángulo terrestre.

Según el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el hecho se produjo a las 10 horas, cuando Carabineros reportó que una persona vestida de uniforme militar se encontraba tomando fotografías en el Hito 1. El personal policial la detectó a través de una cámara térmica.

El individuo presuntamente portaba armas y luego de tomadas las imágenes se retiró de lugar. Si bien no se hizo acción alguna, el caso quedó en manos del Ministerio del Interior.

"Para el Gobierno son muy importantes las relaciones internacionales. Nosotros estimamos que no van a haber dificultades importantes en esto. Entendemos que tenemos que respetar los acuerdos y esperamos que Perú lo haga también", manifestó Aleuy.

Esta situación se suma a la presencia de militares hace unos días en el mismo sector. De acuerdo a la Cancillería, un grupo de 18 militares peruanos, cuatro de los cuales portaban armas largas, se encontraban cerca del Hito 1. Luego, Carabineros difundió una fotografía que mostró al grupo de soldados del país vecino.