Ex comandantes en jefe del Ejército y ex ministros de Defensa serán citados a declarar en la comisión investigadora parlamentaria que se aprobó para indagar el presunto desfalco con platas de la Ley Reservada del Cobre por parte de algunos miembros del Ejército.

Así lo anunció el diputado DC Jaime Pilowsky, quien es presidente de la comisión de Defensa de la Cámara y presentó el requerimiento para la constitución de la nueva instancia en el Congreso.

"La Comisión investigadora que se constituirá en la primera semana de diciembre tendrá por función analizar las fallas que se produjeron, los responsables, las mejoras en el control de gestión y en análisis de un nuevo financiamiento de la Defensa Nacional con mayores y mejores controles", explicó el legislador en Emol.

El caso quedó al descubierto en marzo de 2014, cuando en la rama castrense se detectó que un grupo de sus oficiales y suboficiales había retirado dineros desde el fondo estatal con facturas ideológicamente falsas y otras sin autorización del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Las pérdidas para el erario nacional superarían los $ 2 mil millones, que habrían sido gastados en casinos, propiedades y vehículos, lo que también fue condenado por el Gobierno.

"Se trata de un falla inexcusable en el manejo de estos fondos sin los controles mínimos que requiere una materia como la compra y mantención de la capacidad operacional del Ejército", añadió el parlamentario.

Pilowsky consideró necesario "un nuevo mecanismo, distinto a la Ley Reservada del Cobre, para financiar los gastos e inversiones en la Defensa Nacional. El financiamiento de la Defensa es un tema de Estado. Los recursos para las FFAA requieren de un equilibrio que cumpla tres objetivos: estabilidad, planificación para satisfacer necesidades estratégicas y establecer los controles adecuados".

En ese sentido recordó que la Cámara ya aprobó un proyecto que establece un nuevo mecanismo. Al respecto dijo que el Gobierno debe acelerar su discusión en el Senado.

Mabel González

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, defendió ayer la glosa de gratuidad universitaria aprobada el viernes por la Comisión Mixta de Hacienda, iniciativa que fue criticada por la oposición y rectores de universidades privadas debido a la reasignación de recursos que se estableció.

"En lo que tenemos que concentrarnos hoy día es en los desafíos que tenemos particularmente para cerrar el año legislativo. Ayer (viernes) tuvimos una muy buena noticia: se aprobó la gratuidad. Eso quiere decir que a partir de marzo del próximo año 200 mil familias se van a ver beneficiadas con el inicio del cumplimiento de este compromiso presidencial", sostuvo el secretario de Estado.

El vocero del Ejecutivo también resaltó el aumento de las becas Nuevo Milenio, que beneficiarán a 130 mil estudiantes y cuyos montos pasarán de $ 600 mil a $ 700 mil.

Frente a las críticas de los planteles privados, quienes rechazaron la reasignación de los recursos del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), Díaz enfatizó que la incorporación a la gratuidad se realizará de manera gradual hasta alcanzar el objetivo de universalidad.

El diputado PS e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Fidel Espinoza, también respondió a los cuestionamientos y calificó la aprobación del presupuesto de Educación como "un avance importante".

"Yo creo que lo peor que le podía pasar a la Nueva Mayoría era que tuviéramos divisiones en un punto de tanta y tan amplia sensibilidad", dijo en CNN Chile.

El parlamentario agregó que "creemos que aquí tenemos que marcar una diferencia tremenda con el gobierno de la derecha, porque fue en ese gobierno, justamente en 2011, cuando comenzaron las grandes movilizaciones de los estudiantes, exigiendo mejores condiciones en el acceso a la educación superior".

Espinoza opinó que en la oposición "van a atacar la gratuidad como atacaron el fin al lucro, al copago, a la selección, como atacaron incluso en primer término, con mucha fuerza, el tema del proyecto de carrera docente. Van a atacar el tema de la gratuidad porque saben que estamos llegando a una sensibilidad tremendamente grande de los hogares chilenos, que es poder tener la posibilidad de que sus hijos se eduquen gratuitamente".

El presupuesto de Educación, que ahora deberá ser votado por la Cámara de Diputados, fija un recorte del 50% ($ 12.500 millones) al AFI, reducción que sólo afectaría a las casas de estudios privadas, ya que los planteles del Consejo de Rectores (CRUCh) firmaron un acuerdo con el Ejecutivo en que éste les asegura para 2016 los mismos recursos que perciben por AFI.