"La lógica de dar un portazo es penosa e irresponsable de parte de la oposición"
"Usted puede tener pocos derechos, pero bien asegurados. Y puede tener muchísimos derechos, y en América Latina hay Constituciones que ponen esto en evidencia, pero no tener mecanismos de protección adecuados"
Mauricio Mondaca L.
mmondacal@mediosregionales.cl
Con dudas respecto de la real dimensión de su compromiso en la materia y crítico sobre los prejuicios que ha expresado, se manifiesta Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista, sobre el rol de la oposición en el proceso constituyente.
Este académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y quien participó en la redacción de la parte referida al tema constitucional del programa de gobierno de Michelle Bachelet, asegura que los partidos opositores están "muy tironeados" por lo que califica de una "evidente candidatura" del ex Presidente Piñera.
Acerca de los temores por el proceso de participación, el jurista explica que "hay un espacio para la participación, que es muy importante, y un espacio para los expertos", pero que debe existir una interacción entre ambos estamentos.
Si bien es cierto -asegura- que la Carta Magna "no es un listado de regalos ni una lista de supermercado", el texto heredado del régimen militar es pobre en cuanto a derechos, los que deben ser incluidos así como sus mecanismos de protección.
- ¿Existe un liderazgo político en la actualidad como para "echarse al hombro" una nueva Constitución y todo lo que ello conlleva?
- El solo itinerario del proceso constituyente anunciado por la Presidenta Bachelet en octubre claramente significa que esto se inicia ahora pero culmina el próximo cuatrienio, con un nuevo Congreso y un nuevo Jefe de Estado. En esa lógica, es muy relevante el tema de la continuidad y del liderazgo político, porque no sabemos cuál va a ser el resultado de la elección de 2017. Y depende de eso, a fin de cuentas, la continuidad de este proceso y del tipo de liderazgo que lo va a marcar.
- Una duda persistente en la oposición es la calidad de "monitores" o "facilitadores del diálogo", los que, según el ministro Marcelo Díaz, podrían ser designados a través de un concurso público. ¿Qué seguridad existe de que esto no sea un "botín" político o que accedan solo quienes tienen agendas específicas en este ámbito?
- El itinerario contempla en la fase inicial un proceso de pedagogía democrático-constitucional una campaña de difusión y la contratación de una suerte de monitores de esta actividad. En la segunda etapa de diálogos ciudadanos, contempla la designación de un consejo de veedores, que dé garantías a la ciudadanía respecto de su imparcialidad y competencia. La oposición ha manifestado algunos reparos respecto de ambas cuestiones. No sé cuánto hay de objeción efectiva a la seriedad del proceso y al pluralismo del Gobierno en el nombramiento de los monitores y del consejo, o cuánto de prejuicio o decisión antelada. Al mismo tiempo que la oposición sostiene una crítica o duda respecto de esta cuestión, le da un portazo al proceso. Creo que hay mucho de excusa en esto.
- ¿No se le puede otorgar ese punto a la oposición?
- El punto de la duda lo podría tener legítimamente, al igual que cualquier ciudadano respecto de la orientación y contenidos del proceso de pedagogía constituyente, pero cuando das el portazo, en el fondo es una excusa. Lamento que sea así, porque la oposición, muy tironeada por el ex Presidente Piñera y su evidente candidatura presidencial, está a fin de cuentas perdiendo una tremenda oportunidad de sumarse a este proceso y gestar un acuerdo nacional sobre nueva Constitución. Porque en un proceso de este tipo ningún actor puede quedar excluido.
- ¿Los objetores del proceso podrían recurrir a la Contraloría para denunciar el proceso? Esto podría hacerse en las etapas previas, por ejemplo de "educación cívica", tal como se hizo en su momento con el polémico video de "los poderosos de siempre" para la reforma tributaria.
- La oposición tiene que cumplir su rol de crítica al Gobierno. Pero la convocatoria al proceso constituyente no está en la lógica de la política cotidiana. O no debería estarlo. Un proceso constituyente debería estar en la lógica de país y de ser capaces de pensar el país que queremos respecto de las reglas básicas de convivencia más alá de la coyuntura. Creo que la lógica de darle un portazo es penosa e irresponsable de parte de la oposición.
- ¿Cómo se puede asegurar que el proceso tenga la adecuada participación y entendimiento, si en la población subsisten problemas de lecto-escritura?
- Los diálogos ciudadanos tienen por finalidad la participación incidente de la ciudadanía en el proceso. Ciertamente esa participación es valiosa, porque el capítulo XV de la Constitución actual no contempla un mecanismo así. Y en este proceso hay un espacio para la participación, que es muy importante, y un espacio para los expertos. Y tiene que haber una interacción entre los expertos y los ciudadanos de a pie y sus percepciones respecto de la Constitución y sus contenidos. Creo que uno tiene que tratar de sustraerse un poco de una perspectiva excesivamente elitista y entender que los ciudadanos tienen algo que decir respecto de las reglas básicas a las que deben ser sometidos. En último término, más allá del conocimiento técnico, tienen impresiones básicas que las expresan en votos y opiniones, y que deben ser sopesadas.
- Esta podría ser, entonces, la primera Constitución "sin nombre".
- Eso es difícil. En general en el mundo las Constituciones tienen un nombre, porque están marcadas por el liderazgo político que las gesta. No sé si la nueva Constitución que Chile va a tener, porque tengo la convicción que este proceso va a culminar y bien, no vaya a tener nombre. Creo que va a depender mucho del próximo Congreso. Pero por las características del proceso constituyente y su complejidad, es prácticamente inevitable que las decisiones las adopte este y el próximo Congreso Nacional.
- El ministro Eyzaguirre dijo que en los cabildos se quiere "invitar a la gente a imaginar la Constitución que quiere". ¿Es la Constitución el espacio para este tipo de ejercicios? Contrarios al proceso han dicho que "es un engaño decirle a chilenos que la nueva Constitución le va a cambiar la vida".
- La Constitución no es un listado de regalos ni una lista de supermercado. La Constitución define algunas reglas básicas sobre organización del Estado y qué derechos tenemos los ciudadanos. Cuando la autoridad dice que los ciudadanos expresen sus anhelos y sueños, tiene que ver un poco con qué derechos tenemos. Y eso es muy relevante, porque la Constitución que heredamos de Pinochet es muy pobre en cuanto a derechos. Y en materia de derechos políticos y sociales, prácticamente es una carta negadora de ese tipo de beneficios. Por ende, una nueva Constitución debe ponerse a tono con lo que son las cartas de derechos en naciones civilizadas.
- Que Chile ha suscrito desde hace años…
- O sea, Chile ha firmado un conjunto de tratados internacionales en derechos humanos, que lo han puesto al día en el concierto internacional, y la Constitución debe guardar alguna correspondencia con esos instrumentos internacionales suscritos por Chile.
- Incluso en sectores de la Nueva Mayoría se ha dicho que la Constitución ha ido ganando legitimidad en el ejercicio del poder. El ministro Jorge Burgos afirmó que ha permitido sostener el crecimiento del país.
- El problema no es que haya dos o más visiones, lo que es legítimo en una plataforma político-electoral como la Nueva Mayoría. Creo que lo importante es que el Gobierno defina cuál es el cauce a través del cual va a transcurrir el proceso constituyente y no quedarse en la discusión de si la Constitución es o no legítima. Creo que ese tipo de discusiones son más bien académicas.
- ¿Cómo podrían concretarse cambio hipotéticos como mayor descentralización, Hacienda regional o transferencia de competencias si el Congreso ha sido reacio a legislar al respecto?
- Creo que no es así. Me tocó informar en varias ocasiones al Congreso, durante el Gobierno del ex Presidente Piñera, el proyecto de ley de transferencia de competencias, que ha sido el parto de los montes. El problema de la transferencia de competencias es que, a final de cuentas, es el tipo de definiciones que dice cuánto poder quiere el Estado central otorgar a las regiones. Y ese es un punto delicado y complejo, en que lamentablemente los Gobiernos, independientemente de su signo, tratan de retener poder. Y por ende, el alcance y la profundidad de la descentralización deben estar definidos en la Constitución.
- ¿No existe el riesgo de someter la Constitución a una "inflación de derechos"? Se lo pregunto porque el 69% de encuestados de Cadem cree que una nueva Constitución hará un mejor país en temas de educación, seguridad y salud.
- El problema no es la inflación de derechos, sino el tipo de protección que esos derechos poseen. Ese es el meollo. Usted puede tener pocos derechos, pero bien asegurados. Y puede tener muchísimos derechos, y en América Latina hay Constituciones que ponen esto en evidencia, pero no tener mecanismos de protección adecuados.
- ¿Cuál es el camino que debiera seguir Chile entonces?
- Chile debe optar por un camino intermedio: por un catálogo completo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pero que conforme a su estadio de desarrollo, esté en condiciones efectivas de proteger en distintos niveles de protección. Los críticos neoliberales y neoconservadores a la idea de una nueva Constitución han demonizado el catálogo de derechos, señalando que lo que hace es transformarlos en promesas incumplidas. Y, al mismo tiempo, que favorece el activismo judicial. Eso es así si el mecanismo de protección fuese judicial. Creo que los mecanismos de protección de derechos, en especial los de tipo social, son mecanismos que deben venir asegurados por las políticas públicas, Gobiernos y administraciones. Y deben ir de la mano con las disponibilidades presupuestarias para darles efectiva cobertura. No creo que la protección judicial sea el mecanismo idóneo para asegurar derechos sociales. Pero esa es una definición que hay que dar y no quedarse con el prejuicio de que, por el hecho de incorporar nuevos derechos a la Constitución, estos o van a ser sueños y promesas incumplidas o pasto para el activismo judicial más desatado.
- ¿Existen personeros que debieran inhabilitarse de participar en este proceso por haber participado en la adopción de la Constitución de 1980?
- No. La Constitución de 1980 es de manual, en el sentido de que es otorgada, neoliberal y autoritaria. Difícilmente se va a encontrar un texto de ese tipo.
- ¿Tiene correspondencia con alguna otra Constitución?
- Es difícil. En América Latina cuesta encontrar con una Constitución que calce tan bien con este diseño, porque es muy de época, de Guerra Fría, de conflicto Este-Oeste y de lucha contra el comunismo, además de revancha con lo que fue el Gobierno popular del doctor Allende. Es una Constitución impuesta y con fuerte sesgo ideológico. El plebiscito del 11 de septiembre de 1980 no fue sino una mascarada, un fraude perfectamente documentado en cuanto tal. Repetir la lógica de una Constitución impuesta sería un despropósito completo. Una nueva Constitución no puede excluir a nadie. Y ceo que el partido que es el más fiel heredero del pinochetismo, como la UDI, debe ser parte de este proceso, porque nadie sobra.
entrevista. Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista y académico, sobre el proceso constituyente:
alfonso gonzalez ramirez