La desaceleración económica que sufre América Latina en la actualidad ha menguado la capacidad de inversión de los gobiernos en la región, lo que ha dado paso a que las alianzas público-privadas sean una alternativa para promover el desarrollo, según el especialista de CAF Antonio Juan Sosa.

"Es la alternativa para poder seguir haciendo proyectos", dijo en una entrevista con EFE Sosa, vicepresidente de infraestructura de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

El especialista explicó que la Alianza Público-Privada (APP) es "una fórmula un poquito más compleja que el procedimiento normal para desarrollar proyectos", ya que "implica que el sector público se ponga de acuerdo con un grupo de empresas del sector privado con el objeto de que las dos partes puedan contribuir al desarrollo" en un país.

Sosa asegura que "la complejidad" de la APP requiere "un poco más de tiempo en la manera cómo se desarrolla un proyecto", pero "eso agrega más calidad, más profundidad, más conocimiento y el gobierno puede soltar un poco las responsabilidad en un concesionario privado y multiplicar el trabajo del gobierno por cinco, por diez o por veinte".

Varios países en América Latina "ya han iniciado este tipo de esquema con bastante éxito", particularmente Chile, que es "tal vez el más famoso y el primero".

El área de infraestructura es una de tantas que puede beneficiarse de esta modalidad de inversión, en la que deben movilizarse una cantidad de fondos que hoy en día el sector público no puede afrontar en solitario.

Chile es un ejemplo de esto en la región, tras impulsar inversiones en las infraestructuras de transporte combinando capital público y fondos privados. Sin embargo existe algo de malestar por el alto costo del pasaje.

El especialista explicó que "cuando se hacen APP a veces el gobierno puede seguir subsidiando algunos servicios, pero suele ocurrir que cuando se adopta este esquema simplemente se deja que el privado se maneje de acuerdo a las condiciones que considera necesarias para poder operar los servicios". Esto hace que el sector privado cubra "todos los costos y obtenga la necesaria rentabilidad que el privado requiere" por lo que "aumenta un poco los costos de estos proyectos y de su operación", dijo.

"Si esto preocupase al gobierno en algunos casos y llegase a convertirse en un punto crítico, éste puede seguir subsidiando para ciertos sectores de la población los servicios que se están prestando, si lo considerara como un problema necesario y que valdría la pena solventar", señaló.