Anef evalúa denuncias por maltrato laboral y persecución en reparticiones
REGIÓN. Gremios se reúnen con autoridades ante casos de hostigamiento y despidos injustificados. Analizan acciones para defender a los trabajadores de malas prácticas y exponer irregularidades.
La presidenta regional de la Asociación Nacional de Funcionarios (Anef), Mabel Zúñiga, lamentó las denuncias hechas de parte de funcionarios de distintas reparticiones públicas que han dado cuenta de hostigamiento laboral, persecución y malos tratos por parte de autoridades y jefes de servicio, en medio del proceso donde muchos de ellos deben renovar sus contratas anuales.
La dirigenta adelantó que en los últimos días y hasta el próximo 30 de noviembre se reunirá con distintos personeros, producto de las quejas y eventuales vulneraciones de las que han sido víctimas algunos trabajadores del aparato fiscal.
Zúñiga indicó que, por el momento, se mantendrán en reserva los organismos que registran denuncias, sin embargo en caso de existir despidos injustificados presentarán las quejas correspondientes, tal como en su momento ocurrió en reparticiones como el Injuv regional, seremi de Educación y gobernación provincial de San Antonio, donde la presión de los gremios terminó con la destitución de las respectivas autoridades cuestionadas por malas prácticas hacia sus trabajadores.
"La próxima semana se nos viene dura. A partir del 30 de noviembre se ve el tema de las renovaciones de contrata y todo hace prever que aquí se van a producir muchas injusticias. Las autoridades de la Nueva Mayoría necesitan algunos cupos disponibles para sus operadores, y eso lo pagan trabajadores que llevan años en el servicio y que están bien calificados", puntualizó la representante del sector público sobre las malas prácticas al interior del aparato estatal.
La presidenta de la Anef reconoció que en el actual gobierno "ha existido persecución y acoso laboral en contra de muchos trabajadores. Estamos intentando resolver por la vía del diálogo y del acercamiento las denuncias que tenemos hasta ahora. Ya tuvimos una reunión con un jefe de servicio por esto y el lunes (hoy) sostendremos un encuentro con dos más. Seguramente a contar del 30 de noviembre nos van a aparecer otros casos. De no resolverse vamos a empezar a decir con nombres y apellidos cuáles son las autoridades que están incurriendo en estas malas prácticas y, lamentablemente, iniciaremos los mismos procesos para revertir este camino. O defendemos a nuestros compañeros, que están siendo injustamente maltratados, o paulatinamente se irá apoderando del aparato del Estado la lógica del compadrazgo, de la regalía y los privilegios personales de acuerdo a las lógicas partidarias".
La dirigente lamentó que el aparato del Estado "en vez de cumplir sus funciones va a operar políticamente, y eso es nefasto para la ciudadanía".
Tomar medidas
El presidente de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, Mario Lagomarsino (PPD), espera que el maltrato producido tras la aprobación del reajuste para el sector público, que calificó de "una vergüenza", no se traslade "por ningún motivo a desvinculaciones en este término de año, porque sería el corolario de una relación que se ha ido crispando una vez más entre el Gobierno y los trabajadores públicos. Esperamos que eso no ocurra".
Lagomarsino reconoce que durante el presente año han recibido "algunas denuncias" de maltrato laboral al interior del Gore. Afirma que si bien "no nos han dado nombres, como directiva del Gobierno Regional lo hemos puesto en conocimiento del intendente (Gabriel Aldoney), quien se ha comprometido a tomar las medidas del caso. Si tuviéramos nombres los hubiéramos dado".
El dirigente destacó que existe un compromiso del intendente de "mejorar las condiciones laborales y de infraestructura, porque hoy la gente del Gore trabaja hacinada. Él se comprometió a que nos entregará un departamento, en otro edificio del Gore, para mejorar las condiciones de los funcionarios".
Respecto al riesgo de despido de funcionarios que llevan años a contrata en el sistema público, incluso con buenas calificaciones, Lagomarsino reconoce que "esa es nuestra tragedia permanente. La mayoría de los trabajadores están a contrata o a honorarios, contraviniendo la ley. Esperamos que las autoridades no cometan la torpeza de incurrir en despidos injustificados".