Analistas consultados por este Diario respecto de los primeros pasos en el proceso de formulación de una nueva Constitución, coinciden en que la comisión de observadores designada por el Ejecutivo no tendrá mayor relevancia. "Las comisiones tienen un efecto más de pirotecnia política", expresa el cientista político Pablo Lira, de la Universidad Mayor, en tanto que su colega Marco Moreno, de la Universidad Central, señala que "las comisiones quedan como un ejercicio de participación sin efectos políticos".
Estas posiciones desde la academia coinciden con críticas de opositores y también de integrantes de la Nueva Mayoría.
Y ya se advierte cierta improvisación en la conformación del consejo observador, pues a los integrantes de diversos sectores y actividades nombrados inicialmente la Presidenta Michelle Bachelet se sumaron dos abogados constitucionalistas.
La gran pregunta es si estos observadores tendrán potestad en su tarea de control para asegurar objetividad en el proceso, que va desde una campaña de difusión que se inicia mañana hasta la conformación de cabildos, cuya estructura y funcionamiento se desconoce.
Si la idea es un proceso participativo, quizás no basta con solo un grupo de observadores. Sería interesante también un conjunto de observadores regionales, dado que uno de los grandes problemas de nuestro país, nunca abordado con decisión, es el centralismo. La visión regionalizadora debería ser uno de los ejes en el debate de la nueva Carta Fundamental.
Muchos se preguntan hasta qué punto es necesario, en medio de debates y cambios pendientes, embarcarse en una discusión constitucional. El argumento de que la actual Carta tiene origen en el Gobierno de Pinochet se diluye bastante cuando varias de sus normas primitivas, como el binominal y los senadores designados, han sido eliminadas.
Así, la iniciación del proceso para la confección de una nueva Constitución aparece más que nada como una operación política para satisfacer a sectores de la Nueva Mayoría.
Hay que tener presente, además, que los pasos iniciales dados por el Ejecutivo se dan cuando el rechazo a la Presidenta está en alza, 68%, y la aprobación en baja, 26%. Peores son los números para el Gobierno mismo que es rechazado por un 75% de la población y sólo aprobado por un 21%.
En ese cuadro, una comisión y los futuros cabildos parecieran no tener piso para avanzar hacia una nueva Carta Fundamental, que de ser necesaria, debe tener potencia unitaria e integradora para caminar hacia un efectivo desarrollo humano, social y económico, más allá de barreras ideológicas que distancian y confunden.