Denuncian represalias en el Injuv tras las acusaciones en contra de exdirectora
REGIÓN. Funcionarios acusan despido injustificado tras las denuncias por maltrato. ANEF estudia casos en otros servicios por desvinculaciones arbitrarias.
Funcionarios de Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) de Valparaíso acusaron represalias por parte de la dirección nacional, luego que a uno de los principales denunciantes de los actos de persecución y hostigamiento laboral por parte de la removida directora regional, Cristina Pavez (PS), se le notificó su desvinculación del organismo. En conjunto con la ANEF regional, trabajadores de la repartición manifestaron que las autoridades no respetaron los acuerdos tras la crisis que afectó a la entidad, más aún cuando el funcionario desafectado cuenta con buenas calificaciones y no existen argumentos de peso para su salida.
La presidenta regional de la ANEF, Mabel Zúñiga, criticó fuertemente la medida que afecta a Víctor Vargas, "el funcionario que encabezó las denuncias sobre la gestión y el maltrato de la exdirectora Cristina Pavez, producto de lo cual todas las autoridades se comprometieron con los trabajadores a que no habrían represalias".
La dirigente enfatizó además que el funcionario despedido fue bien evaluado por el actual director de Injuv, Christian Román, realizando una programación de lo que sería su labor el próximo año como coordinador de los infocentros, sin embargo, "de la noche a la mañana se da una orden de que su contrato no puede ser renovado. Aquí no es solo un caso de injusticia, sino que se trata de una pasada de cuenta. Se le está cobrando la valentía de haber denunciado a la exdirectora y haber complicado la situación en el Injuv".
El director Christian Román descartó presiones desde Santiago para desvincular al funcionario, agregando que existe una investigación en curso por las denuncias contra exdirectora.
Zúñiga añadió que no existen antecedentes técnicos ni administrativos que justifiquen este despido, "lo único que hay es un funcionario que se atrevió a hacer una denuncia, lo cual originó un movimiento de los funcionarios por destituir a la exdirectora y complicó al Injuv nacional. No puede ser que las víctimas y denunciantes terminen siendo castigados, es una muy mala señal y como ANEF no lo vamos a permitir".
Sobre otros casos de despidos en servicios públicos, la presidenta de la ANEF reconoce que "existen situaciones tremendamente complejas e injustificadas" en varias reparticiones públicas, como en la seremi de Gobierno, donde "se despidió a una profesional por razones totalmente injustificadas". En este caso, la seremi Katherine Araya (PPD) desvinculó a una profesional con 12 años de labor en el servicio, con buenas calificaciones y sin ningún tipo de sumario en su hoja de vida, argumentando la conformación de una supuesta comisión ministerial que habría determinado no renovarle su contrata, sin embargo no exhibió ninguna documentación que avale la decisión.
La ANEF también informó de despidos en la Gobernación de Marga Marga, en San Antonio y también de cerca de 120 trabajadores a honorarios, ya sea por cierre de programas o baja presupuestaria.
Mabel Zúñiga afirmó que existe una mesa para abordar los casos con la autoridad regional, "pese a que el intendente aún no se sienta conversar en esa mesa".