Al menos 60 vuelos debieron ser reprogramados y cinco mil personas se vieron afectadas durante la primera jornada de paralización de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que comenzó a las 00.00 horas de ayer y se extenderá hasta la medianoche de hoy.

El Gobierno decidió aplicar reemplazos con personal de la Fuerza Aérea, que colaboró con los controladores aéreos, que no se plegaron a la movilización.

El ministro de Defensa José Antonio Gómez señaló que "podemos tener algunas dificultades o condiciones adversas, pero estamos haciendo que el sistema funcione. Hemos tomado todas las medidas para que la seguridad de los pasajeros y la seguridad aérea se cumpla. El artículo 27 establece la posibilidad de la destinación del personal FACh a la Dirección General de Aeronáutica".

Por su parte, el ministro del interior Jorge Burgos, afirmó que "estamos tratando de que un paro ilegal no le perjudique la vida a los chilenos, ahora si los dirigentes quieren que le aplaudamos, no se lo vamos a aplaudir".

El presidente de los funcionarios de la DGAC, José Pérez, calificó como un golpe a la movilización la medida implementada por el Gobierno. "Frente a esa realidad fuimos golpeados, pero estamos de pie, mantenemos la cohesión pese a los golpes del Ejecutivo", dijo y calificó como "inédito, vergonzoso e impresentable" que militares estén asumiendo sus funciones.

El dirigente además cifró en un 90% la adhesión al paro en regiones y en un 80% en Santiago, argumentando que la cifra no es más alta por el reemplazo de uniformados.

Pérez informó que los funcionarios evaluarán a las 20.00 horas de hoy continuar con la movilización.

Juan Luis Rodríguez, encargado del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, informó que entre las 00:00 a las 13:30 horas de ayer se efectuaron 163 operaciones, de las que cerca de la mitad corresponden a vuelos internacionales. El total equivale a la mitad de las operaciones de un día normal.

Latam informó que para hoy mantendrán las operaciones internacionales, que podrían tener "algunas demoras en sus itinerarios" y deberán cancelar vuelos dentro del país.

Carolina Collins

Luego de que el se conociera que el Gobierno evalúa el envío de una ley corta para dar inicio a la gratuidad el próximo año, lo que excluiría a tres planteles estatales, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, reiteró su molestia por tal posibilidad y elevó el tono de sus declaraciones.

El presidente de las universidades estatales (CUECh), se reunió ayer con los rectores de las universidades que quedarían fuera del beneficio (U. Arturo Prat, U. de los Lagos y UTEM) por no contar con los cuatro años de acreditación que se exigirían de promoverse la ley corta.

Tras la cita, Vivaldi fue muy duro en sus palabras y señaló que "no vamos a aceptar diferencias, aquí es todos o ninguno". La Universidad de Chile había manifestado en varias ocasiones que se sumaría a la gratuidad, cuyo plazo de confirmación para que los planteles suscriban al beneficio, termina el 22 de diciembre.

Tras el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró que la glosa para financiar la gratuidad era discriminatoria y arbitraria, el Gobierno evalúa enviar al Congreso una ley corta que permita incluir algunas universidades privadas, pero que excluye a los tres planteles mencionados por tener sólo tres años de acreditación.

"Lo que no vamos a hacer nunca es aceptar algo en lo cual se diga: hay tales estatales que entran por la puerta ancha, y a estas otras las vamos a meter por una ventana por ahí. Eso no lo vamos a aceptar jamás; aquí es todos o ninguno, eso que quede muy claro", dijo Vivaldi, rechazando cualquier criterio diferenciado.

"Yo le daría gratuidad a las universidades estatales, a las que han demostrado fehacientemente ser inobjetables en la calidad que están dando", añadió.

La Presidenta Michelle Bachelet no quiso detallar ayer los mecanismos que se está analizando, y explicó que el Gobierno evalúa diversas fórmulas para implementar la gratuidad en 2016, pero que sólo darán a conocer el mecanismo una vez que se conozca el detalle del fallo del TC, que se entregaría la próxima semana.

"No podemos decir cómo lo vamos a hacer hasta que tengamos el resultado del fallo, pero tenemos distintos escenarios trabajados", sostuvo.

"Así que cualquiera que diga antes de tiempo o dé a conocer cualquier solución, la verdad es que está especulando. Nosotros como Gobierno vamos a trabajar para cumplir nuestros compromisos, estoy insistiendo que cuando sepamos el fallo vamos a saber cómo y cuál va a ser la forma para comprometernos", sentenció.