Tras una investigación gatillada por la denuncia que hizo la directora del establecimiento, la Contraloría Regional de Valparaíso exigió la regularización del uso de la Escuela Oro Negro, en Concón, la normalización del Centro de Estudios San Ignacio, que ocupa las dependencias de dicho establecimiento en horario nocturno, y el envío al Ministerio Público de los antecedentes sobre el supuesto consumo y tráfico de drogas en el recinto.

En su informe de investigación especial 1057 de 2015, el organismo contralor también menciona al concejal Alberto Fernández (PRDS), quien es coordinador del centro de estudios San Ignacio, a quien emplaza porque "utiliza las dependencias del citado establecimiento...bajo procedimiento irregular de contratación".

El funcionamiento del centro de estudios en dependencias de la escuela básica de carácter de vulnerabilidad, según la denunciante, provocó situaciones anómalas, como el consumo y tráfico de drogas.

Irregularidades

De acuerdo a lo denunciado por la directora del establecimiento, Olga Balladares, la primera situación irregular se da por el arriendo del establecimiento en horario nocturno a privados, sin un contrato para tal efecto.

Sobre el punto, el informe de la Contraloría concluye que "de acuerdo a lo informado por la directora del DAEM y lo ratificado por el director de control (del municipio), no existe convenio o contrato que regule el uso de las dependencias por parte del Centro de Estudios San Ignacio, debiendo (la Municipalidad) regularizar, a la brevedad, el uso del recinto educacional".

Asimismo, el organismo determinó que se debe realizar un sistema de control del material existente dentro de la escuela, puesto que no existe el mecanismo para comprobar -según lo denunciado- que hay utilización indebida de los insumos por parte del centro de estudios vespertino.

En relación a las denuncias de consumo y tráfico de drogas entre los estudiantes, el ente contralor concluyó que "el artículo 175 (letra e), del Código Procesal Penal, obliga a los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, a denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en dichos recintos".

Sobre la acusación hecha por la directora contra el edil Fernández por hostigamiento, la Contraloría reconoció que no tiene una potestad sancionatoria de los concejales en este ámbito.

Respecto al caso, el concejal Alberto Fernández sostuvo que "estoy en conocimiento y las observaciones están siendo subsanadas. En tanto, con respecto a la figura de acoso, la funcionaria está confundiendo el rol fiscalizador con ese acto al cual ella hace mención".

Mientras, el alcalde de Concón, Óscar Sumonte, afirmó que "la Contraloría observa que en este caso puntual la participación de este centro en la escuela Oro Negro falta realizar el convenio que reafirma el compromiso, que por ahora solo ha funcionado con la autorización del alcalde y tras esto tenemos que hacer el convenio en el plazo que dicta la Contraloría".

Acciones legales

El presunto consumo y tráfico de drogas entre los estudiantes del vespertino y la situación de hostigamiento denunciada por la directora en contra del concejal Fernández, advirtió la denunciante, serán llevados a la justicia.

"Yo tengo que tomar acciones legales, que es lo que estoy estudiando en este minuto. Lo que yo quería con la denuncia era que se regulara la situación de convenio y los conflictos que ello produce. En el caso del tráfico de drogas y el consumo se entregaron a la Contraloría todas las evidencias y las denuncias correspondientes", precisó Olga Balladares, directora del establecimiento.

Y subrayó que "denunciaremos al Ministerio Público porque las denuncias de tráfico están hechas en Carabineros y la PDI y están presentadas las pruebas. Los niños encontraban las drogas en la mañana, tenemos un registro acá".

En tanto, el inspector del recinto, Cristián Vergara, recalcó que "hay situaciones particulares del uso de la droga, marihuana y estupefacientes que fueron encontrados por estudiantes en las dependencias, baño, patio, etc., dejados presumiblemente por los estudiantes de la educación nocturna. Este fue un tema declarado por los estudiantes en un libro de convivencia y hay constancia".

Dada la situación, Balladares explicó que "yo quisiera que el centro pudiera emigrar a una situación de adultos y que no permanezcan en el establecimiento; y si permanecen, que todas las situaciones sean regularizadas para que la permanencia de los estudiantes no se vea afectada".

La mayor inquietud, según Balladares, es que la escuela concentra un gran porcentaje de niños vulnerables que viven en la comuna.

"La Contraloría observa que falta realizar el convenio que reafirma el compromiso, que por ahora solo ha funcionado con la autorización del alcalde, y tras esto tenemos que hacer el convenio en el plazo que dicta la Contraloría"

Óscar Sumonte, Alcalde de Concón