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DGAC asegura que el fin de la paralización depende del Ejecutivo

PARALIZACIÓN. Diez aeropuertos están inoperativos por la movilización. El Gobierno anunció puentes aéreos para conectar Aysén.
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Mabel González

Los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) afirmaron ayer, en el tercer día de movilizaciones, que el fin del paro no está en sus manos, sino que depende del Gobierno.

"El Gobierno tiene la sartén por el mango", dijo el presidente de la agrupación de trabajadores de la DGAC, José Pérez, después de que el gremio decidiera darle carácter de indefinido a la paralización hasta que el Ejecutivo responda a sus demandas.

"Estamos disponibles para ir mañana (hoy) a dialogar con las autoridades, incluso nos hemos mandado algunos mensajes y queremos que esto termine, pero tenemos que tener una definición del poder político para cerrar este capítulo", agregó el dirigente.

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, dijo que en La Moneda también está abiertos a conversar, pero descartó la posibilidad de que haya negociaciones mientras siga el paro, y acusó a los funcionarios de tener "de rehenes a los chilenos".

Las autoridades anunciaron ayer nuevas medidas de contingencia para hacer frente a la movilización, que ha afectado vuelos nacionales de al menos diez aeropuertos del país. Entre otras acciones se realizarán "puentes aéreos" para conectar a la aislada Región de Aysén y se desarrollarán operativos humanitarios para Isla de Pascua, dos de las zonas más afectadas por el paro nacional.

"Respecto de Balmaceda y Aysén, estamos generando un puente aéreo entre Balmaceda y Puerto Montt para que esta conexión funcione permanentemente", afirmó el ministro Gómez.

Pasajeros varados en el terminal de Santiago que pretendían viajar a Aysén acusaron que esta zona austral quedó aislada con el paro, pues el aeropuerto de Balmaceda es el único donde se puede aterrizar.

El plan de contingencia también contempla un "aumento" de personal en los aeropuertos.

El secretario de Estado ejemplificó el complejo escenario que se vive en los terminales aéreos del país con el caso de Isla de Pascua, donde, aseguró, de los 80 trabajadores, solo dos están cumpliendo sus funciones.

Por ello estaba previsto que ayer viajara a la isla un avión de la FACh "para resolver temas humanitarios que en este minuto son fundamentales", explicó la autoridad. Hoy partirá otra aeronave para llevar alimentos y pertrechos.

"Es un trabajo complejo, intenso, pero lo estamos realizando porque esta situación (el paro) nos parece impresentable y no tiene ningún sentido ni racionalidad", manifestó el titular de Defensa.

Vuelos cancelados

Sumado a los aeropuertos que se mantienen cerrados en Arica, Copiapó, La Serena, Concepción, Osorno, Valdivia, Chiloé, Balmaceda e Isla de Pascua, ayer fue declarado inoperativo el de Puerto Montt. Por ello, LAN canceló sus vuelos en esos terminales, pero recalcó que todos sus itinerarios internacionales se mantienen, aunque podrán presentar algunas demoras. Sky, en tanto, canceló 23 vuelos nacionales e informó que los pasajeros afectados podrán modificar su viaje sin penalidad.

Magia de la gratuidad

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María Paz Arzola

Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo

La semana pasada conocimos la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar algunos de los requisitos impuestos en la Ley de Presupuestos para la implementación de la gratuidad en educación superior el año 2016. Éste basó su decisión -cuyo detalle aún no conocemos- en el trato discriminatorio que se daría a estudiantes de igual necesidad económica, en la medida que las exigencias hacia sus instituciones eran dispares y arbitrarias.

El gobierno tiene a grandes rasgos dos alternativas. La primera, mantener el beneficio para los alumnos del 50% de menores ingresos, pero aumentar equitativamente las exigencias para todas las instituciones, de tal forma de incorporar a un menor número de ellas en tanto cumplan con los mismos requisitos de calidad (por ejemplo, de acreditación). Esto, sin importar si se excluye a instituciones estatales de baja calidad, y se incluye a privadas bien calificadas. La segunda opción, en tanto, es reducir el universo socioeconómico de los estudiantes beneficiados por debajo de los inicialmente contemplados. En cualquier caso, se deberá excluir a grupos que ya se sentían partícipes con el consiguiente costo político que esto supone.

Esperemos que tome la decisión correcta, que no recurra a artilugios para seguir favoreciendo a las instituciones cuyos rectores ejercen más presión, y que en cambio acepte que los recursos que la sociedad ha decidido entregar a través del Estado deben hoy focalizarse en aquéllos que más los necesitan.