Alexis Paredes R.

Fuertes reacciones ha generado el informe elaborado por el Observatorio Valparaíso, dependiente de la Fundación Futuro de la ciudad, dando cuenta de diversos cuestionamientos al proceso de reconstrucción realizado tras el megaincendio de 2014.

El estudio expuso una serie de falencias y un actuar negligente por parte de las autoridades encargadas de encabezar el proceso, donde un 62% (1.147) de las viviendas levantadas se ubican en zona de riesgo de inundación y pendientes. Además, un 55% de las casas levantadas en zonas de peligro corresponden a autoconstrucciones precarias o mediaguas, apuntando a una falta de fiscalización y de medidas de mitigación.

El diputado Joaquín Godoy (Amplitud) se sumó a las críticas. Realizó serios reparos al trabajo ejecutado por el Gobierno en la zona siniestrada, que dejó a 12 mil damnificados más de 3 mil viviendas destruidas.

"El resultado del informe del Observatorio de Valparaíso no representa para nosotros ninguna novedad, viene a ratificar una verdad indiscutible y es que la reconstrucción ha sido vergonzosa. Los damnificados -producto de la burocracia y el desorden- han vuelto a reconstruir en el mismo lugar y están corriendo los mismos riesgos que antes del incendio. Nosotros lo dijimos: este gobierno no ha cumplido sus tres promesas fundamentales en la reconstrucción, que son mantener el tejido social (muchos damnificados debieron salir de la ciudad), reconstruir con seguridad, (están reconstruyendo en mismos sitios de alto riesgo de incendios) y trato digno. Varias familias, muchas de las cuales dimos a conocer y que reconstruyeron en sitio propio han recibido un trato indigno, sus viviendas son de pésima calidad constructiva, lo que ha afectado notoriamente la salud mental de los damnificados", puntualizó el parlamentario.

El legislador resalta que el informe debe ser usado por las autoridades "para que tomen conciencia de los errores que se han cometido, con bases sólidas, con información de expertos. Cuando se dice que falta una mano firme de conducción de la reconstrucción, nos deja de manifiesto que el delegado presidencial fue un fiasco, que no sólo no condujo el proceso de la reconstrucción, sino que además no logró avanzar en el proceso. En esta materia el Gobierno Regional también tiene mucho que decir".

Según los antecedentes que maneja Godoy, "menos de 80 casas han sido regularizadas a través de la DOM. Eso significa que la reconstrucción de las viviendas en sitio propio avanza muy lentamente y deja de manifiesto que las miles de viviendas que restan ya están reconstruidas sin permiso y en el mismo lugar, algo que ratifica este informe. A este paso la reconstrucción finalizará el 2021".

Junto con existir una reunión pendiente con el Serviu, agendada para enero próximo, el diputado Godoy insiste en que "hemos sido majaderos en cuestionar este proceso porque lo vimos desde un comienzo, no ha habido planificación, hay abandono de parte del Gobierno hacia los damnificados y no hemos visto al resto de los parlamentarios actuando a favor de los afectados".

Por tal motivo, no descarta volver a solicitar una interpelación a la ministra de Vivienda, Paulina Saball, para que "le responda a los porteños sobre el vergonzoso proceso reconstrucción del que todos hemos sido testigos". Además, "le solicitaré formalmente al intendente de la región que realice una cuenta pública especial respecto del proceso de reconstrucción, para que todas las juntas de vecinos de las zonas afectadas tengan claro cuánto se invirtió y cuál es el avance efectivo del programa comprometido por este Gobierno.

Esto último en alusión a lo expuesto en el informe de Observatorio de Valparaíso, que da cuenta que solo se gastaron $ 11.800 mil millones (48 %) de los $ 24.824 millones dispuestos por el Gobierno para el periodo 2014-2015 en materia de reconstrucción, lo que se traduce en un importante retraso en lo planificado.

Consultado si se han adoptado las acciones correspondientes para evitar que se reconstruya en lugares afectados por el megaincendio, el director (s) de la Onemi Valparaíso, Carlos Vega, reconoció que "no tenemos potestad de poder exigir o no donde se construya. Parte de los análisis fue que si se iba a construir en el lugar del incendio debía hacerse con acciones de mitigación. Hay proyectos que están desarrollando Conaf y el municipio para limpiar quebradas de microbasuralres y reforestación con especies que no sean de alta combustión para dar esa seguridad al sector poblacional".

Limpieza de quebradas y erradicación de microbasurales son parte de las medidas preventivas por parte de los entes competentes, afirma Vega; sin embargo, sostiene que "el riesgo cero no existe. Por ende, si se están emplazando en los mismos lugares deben adoptar las medidas preventivas porque la basura y los escombros no llegan solos a los fondos de quebrada".

Vega advirtió que ante la existencia de viviendas emplazadas en quebradas y sectores de riesgo es prioritario "adoptar medidas preventivas en los entornos a los lugares de la reconstrucción. Si por espacio físico se van a emplazar las viviendas donde mismo, se tienen que adoptar medidas de mitigación para que no vuelva ocurrir una tragedia similar".

Damnificados molestosUn tenso ambiente se registró en la mañana de ayer en las afueras de la Intendencia Regional, luego que representantes de los mil damnificados del megaincendio de Valparaíso que reciben el subsidio de arriendo intentaron ser recibidos por el intendente, Gabriel Aldoney, a objeto de manifestar su preocupación por el término del beneficio este 31 de diciembre, generando incertidumbre respecto al escenario que enfrentarán a contar de 2016. Argumentan que no tienen los medios para costear los pagos, que fluctúan entre los 150 y 250 mil pesos mensuales por un arriendo en Valparaíso, precios que se dispararon debido a la especulación inmobiliaria producto de la entrega de este beneficio.

Luego que se les impidiera el acceso al edificio Esmeralda, los descargos de los vecinos no se hicieron esperar, confrontando a la seremi de Gobierno, Katherine Araya, quien en vano intentó dar algún tipo de explicación a los afectados.

Ante la presión de los damnificados, un grupo de dirigentes fue recibido por las autoridades a quienes plantearon la problemática; sin embargo, denunciaron su descontento por la forma en que se ha desarrollado el proceso de entrega de subsidios, criticando la lentitud para desarrollar proyectos inmobiliarios para tener una solución habitacional definitiva.

Las quejas apuntan a la tardanza del Serviu por generar oferta inmobiliaria, donde muchos de los proyectos se han caído, no obstante los beneficiarios de subsidios han quedado enlazados con proyectos que, por uno u otro motivo, no se concretan, dilatando en forma excesiva el proceso que podría extenderse a más de 3 años.

"La noticia que tenemos es que, hasta la fecha, no hay más subsidios y se está luchando para una prórroga. Como lo dijo la Presidenta en su momento, los damnificados debían tener un subsidio transitorio hasta obtener la vivienda propia, son mil una familia que están en esta situación", aseveró Lorena Monroy, dirigenta vecinal del cerro El Litre y vocera de los damnificados.

La dirigenta criticó el reiterado retraso en la gestión para una solución habitacional definitiva: "Se cayeron dos proyectos en el cerro Merced, otros están para el próximo año o para el 2017, 2020 incluso, la situación se sigue dilatando y no tenemos una solución definitiva".

Monroy le puso presión al Gobierno Regional y al intendente para hacer las gestiones ante el Gobierno central y conseguir los fondos para los subsidios de arriendo y acogida.

José Briones, quien recibe el subsidio desde mayo de 2014, relató que el Gobierno cancela directamente a los arrendadores y los dineros no pasan por los damnificados.

"En enero tendríamos que estar dejando esas casas, pero dónde se iría a vivir la gente por mientras. En mi caso, la vivienda definitiva se me entregaría a fines de 2016, qué hago yo durante el año. Muchos podrían decir que lo pague de su bolsillo, a lo mejor puedo pagar un arriendo de $ 100 mil, pero en estos momentos pago uno de $ 220 mil, con una familia de 2 adultos y 3 menores", afirmó. Briones reconoce que hubo presiones para optar por un proyecto y enlazar el subsidio habitacional, ya sea del Serviu o privado, "o se me cortaba todo tipo de ayuda, ante lo cual opté por un condominio social en Placilla".

"Como la gente sabe que estamos recibiendo un subsidio nadie se baja de los $ 220 mil. Si gano $ 300 mil mensuales y gasto 200 lucas en puro arriendo, de qué vivo, somos 5 en mi familia", comentó Mauricio Cortés, otro de los afectados que llegó a protestar.

"Acá están jugando con la gente y nos hacen cambiarnos de proyecto. Me inscribí para un proyecto en El Pajonal y se cayó, me cambiaron a otro y resulta que ahora tampoco va. Nos dejaron amarrados a un proyecto y ahora resulta que no podemos comprar porque optamos por un subsidio habitacional. Me dicen que tengo que esperar, pero si resulta que los proyectos no van qué voy a esperar, ¿a quedarme en la calle?", reclamó Janet Allende, damnificada del cerro La Cruz.

"Desde mayo de 2014 se han entregado cerca de 7.200 millones de pesos para estas personas, en promedio cada damnificado ha recibido $ 3 millones"

Katherine Araya, Seremi de Gobierno

"Le solicitaré formalmente al intendente de la región que realice una cuenta pública especial respecto del proceso de reconstrucción"

Joaquín Godoy, Diputado por Valparaíso

1.147 viviendas levantadas tras el megaincendio (67 %) se ubican en zonas de riesgo de inundación y pendientes, según el informe.

48% de los recursos que debieron gastarse en el proceso de reconstrucción se han utilizado, vale decir, solo $11.800 de $24.824 millones.

3 millones de pesos ha recibido en promedio cada damnificado del megaincendio, según información del Gobierno.