En horas de la mañana de ayer, la directiva de la Asociación de Funcionarios de Parlamentarios (Afunpar) y del Sindicato de Trabajadores de Parlamentarios (Sintrapar), acudió a la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados, para entregar antecedentes sobre diversas demandas alegadas por el sector.
Entre los requerimientos realizados por la entidad sindical está el pago de horas extraordinarias, petición que data desde 2012, año en el que el personal de apoyo a la labor legislativa pasó a ser contratado por la propia Cámara de Diputados, terminando con el sistema de contrato directo existente hasta esa fecha entre parlamentarios y su personal administrativo.
Dimitri Morales, presidente de la Afunpar, expresó la molestia del organismo por una práctica que, dice, está garantizada por ley: "El no pago de las horas extraordinarias a los funcionarios es una práctica ilegal, ya que dentro del reglamento que nos rige se señala expresamente que las horas extras deben ser pagadas. Por eso sostenemos que la Cámara, que es el lugar donde se hacen las leyes, debe cumplir igualmente la ley", enfatizó.
Además, el dirigente sindical explicó las condiciones actuales en las que los trabajadores del cuerpo legislativo ha desempeñado su labor: "Los empleados que hemos trabajado horas extras no hemos recibido pago alguno por concepto de las mismas, sino que sólo hemos recibido dos bonos en los meses de septiembre y diciembre de 2015, los que no alcanzan a suplir el pago de horas extraordinarias, lo que sí ocurría antes de 2012", señaló.
Consultado acerca del conflicto, el Presidente de la Cámara Baja y de la Comisión de Régimen Interno, Marco Antonio Núñez (PPD), señaló estar al tanto de las peticiones de los trabajadores; sin embargo, también hizo referencias a que el ámbito contractual de los funcionarios excede a sus funciones: "No tengo posición acerca del tema con los trabajadores, ya que hay asuntos administrativos que no son de mi competencia. En ese ítem, referente a los contratos, la responsabilidad recae sobre el secretario general, Miguel Landeros", puntualizó.
No obstante, el secretario general del órgano legislativo sostuvo una opinión diferente a la del titular de la Cámara, respecto a las responsabilidades políticas involucradas en el caso: "Las decisiones sobre contratos las toma cada diputado, yo sólo hago los documentos. Los funcionarios de parlamentarios son una categoría distinta a los trabajadores que están de planta o a contrata dentro de nuestra orgánica", dijo Landeros.
En la misma línea, el abogado hizo referencia a las posibilidades de cumplimiento de la exigencia de los entes sindicales por parte de la Cámara, poniendo énfasis en el rol que cabe a los mismos parlamentarios en el caso, ya que a la fecha carecen de un mecanismo de acreditación de horas trabajadas por parte de asesores y personal de apoyo a los honorables: "Hay cosas que no pueden ser satisfechas por la Secretaría General de la Cámara. No se lleva un registro de horas extras de los trabajadores y en este caso estamos hablando de dineros públicos. Aquellos recursos aumentarían las asignaciones parlamentarias, y la decisión política, en ese caso, corresponde a los propios diputados", explicó.
Del mismo modo, Landeros adelantó las posibles complicaciones en el presupuesto que podría conllevar un aumento en los dineros destinados a cada miembro del ente legislativo por concepto de horas extraordinarias: "Es complicado conceder más recursos en esa materia, porque, por ejemplo, si diésemos 100 mil pesos en asignaciones por horas extras a cada diputado, estaríamos hablando de un aumento de hasta 144 millones de pesos respecto a lo que tenemos hoy", sostuvo.
Las peticiones de los funcionarios podrían tener respuesta en dos semanas más, dentro de las cuales la Comisión de Régimen Interno y Administración se reunirá para dar a conocer las medidas que la Cámara Baja tomará para subsanar las dificultades en el régimen laboral de sus funcionarios.
Ante este panorama, la dirigencia de la asociación sindical anunció próximas acciones a seguir: "Nosotros nos encontramos atentos a lo que pueda ocurrir. Como empleados del Congreso entendemos que no tenemos derecho a realizar movilizaciones como paros o huelgas, pero sí podemos movilizarnos pacíficamente, con el fin de sensibilizar a la gente acerca de la situación que estamos pasando.", detalló Dimitri Morales.
"Sostenemos que la Cámara de Diputados, el lugar donde se hacen las leyes, debe cumplir igualmente la ley"
Dimitri Morales
Presidente de Afunpar
Se complica caso por despido de dirigente
A la polémica suscitada por el no pago de horas extraordinarias, se sumó la denuncia por prácticas antisindicales como el despido de la tesorera de la Afunpar, Lisette Araya, quien formó parte del gabinete de la diputada socialista Jenny Álvarez. Sin embargo, la funcionaria aún tendría contrato con la Cámara, en el gabinete del diputado Fidel Espinoza. Según el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, esto "generaría dificultad para impugnar del despido de la funcionaria, al involucrar un estamento con el que aún está vinculada".