Claudio Ramírez
Cinco suman ya los casos de colusión que han causado conmoción pública en los últimos años. Y más allá de algunas multas, en ninguno de esos capítulos los ejecutivos han resultado con penas de cárcel. Algo que puede parecer ilógico, pero que no lo es dado que la colusión no está tipificada como delito.
Esta vez el requerimiento de la FNE apuntó en contra de tres cadenas de supermercados: Walmart (Hipermercado Lider, Lider Express, SuperBodega a Cuenta y Ekono), Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) y SMU (Unimarc, Bigger, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer). Todas ellas con una gran presencia en la región.
La acusación, señala la entidad, "es por haber participado en un acuerdo para fijar, a través de sus proveedores, un precio mínimo de venta de la carne de pollo fresca, al menos entre 2008 y 2011, restringiendo la competencia en este mercado".
Incluso entre los documentos adosados a la investigación del ente fiscalizador, remitida al Tribunal en Defensa de la Libre Competencia (TDLC), aparecen comunicaciones entre ejecutivos que hacen referencia, por ejemplo, a estabilizar los precios del mencionado producto antes de la apertura de Jumbo El Belloto, en Quilpué.
"Se trata de una situación indignante que involucra bienes de consumo básico, que como sociedad no podemos aceptar y que como Gobierno debemos regular. Creemos que es necesario normar este tipo de situaciones, primero porque nos afectan a todos, y muy especialmente a los hogares más humildes, que es lo más grave del asunto", comentó el seremi de Economía, Aland Tapia.
Otro aspecto preocupante del caso, añadió, es que este tipo de acciones daña la credibilidad en el empresariado. "Esto es muy negativo, por cuanto no es la generalidad y afecta también a muchos empresarios que día a día trabajan y generan empleo de forma honesta", afirma el personero.
Junto con ello, señala que debido a los daños que esto generó se dará curso a las acciones que correspondan para compensar a los perjudicados, una vez que se hayan confirmado los ilícitos, dado que en este episodio no operó el mecanismo de la delación compensada.
"Dado este caso y el gran perjuicio que causa a los consumidores el Ministerio de Economía, a través del Sernac, buscará que los supermercados compensen a los consumidores afectados por colusión, ejerciendo todas las acciones que otorga la ley para conseguir que sean indemnizados. Eso es lo que se ha hecho en el caso farmacias, con las empresas productoras de pollos, del papel tissue, y es exactamente lo mismo que se hará ahora", manifestó Tapia, subrayando además la necesidad de que se apruebe a la brevedad el nuevo proyecto de ley sobre libre competencia, el cual sanciona con cárcel a los ejecutivos que se vean involucrados en estos casos con penas que van entre 5 años y un día y 10 años; y con cárcel efectiva de al menos uno.
"Espero que los gremios empresariales sean muy duros en condenar esto, pero al mismo tiempo que aprobemos rápidamente la pena privativa de libertad. Pienso que ese disuasivo funcionaría más que las multas que, aunque sean muy alta, es distinto", comentó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD).
El parlamentario lamentó la situación porque es una conducta que se reitera en algunas esferas. "Lamentablemente, parece que se tiende a confirmar un patrón en ciertos sectores del empresariado chileno de que más que creer en la competencia les gusta llegar a acuerdo en los precios y eso tiene un daño tremendo al bolsillo de todos los que compramos en el supermercado", comentó el parlamentario por la Quinta Costa, insistiendo en la necesidad de que exista un castigo más severo para este tipo de conductas.
"En Estados Unidos esto se sanciona con cárcel hace más de 60 años, porque la tesis es que cuando se ponen de acuerdo, por ejemplo, que el cuarto de kilo de pollo que debería costar $ 100 me lo venden a $ 120, quiere decir que me están robando $ 20; y hay que multiplicar eso por el número de ventas. Por eso que hay cárcel porque es un robo", advierte.
A juicio del senador Francisco Chahuán (RN), lo más urgente es restablecer la colusión como un ilícito castigado por el código penal. "Es urgente un cambio normativo en materia de regulación de la libre competencia y eso implica efectivamente tipificar el delito de colusión y es por eso que presentamos en su oportunidad un proyecto de ley que va en esa dirección y que establezca la privación de libertad en caso que actores económicos tengan acuerdos de mercados, de precios que afecten a los consumidores", sentenció el parlamentario.
Agregó que regular el tema es algo imperioso por los casos que han provocado indignación en la opinión pública. "Esta es una prioridad nacional y, en este sentido, hacemos un llamado al Gobierno para ponerle urgencia y así poder despacharlo a la brevedad posible", dijo el legislador.
En opinión del sector detallista, lo acontecido es una muestra del abuso de las grandes cadenas con los medianos y pequeños comerciantes. "Realmente nos preocupa, dada la gran cantidad de supermercados que existe y que muchas veces perjudican al comercio detallista y en este caso también. Creo que ante esto, la autoridad tiene que poner una mano más firme, esto no puede seguir porque da la impresión que están todos coludidos y tanto los medianos y pequeños comerciantes como los consumidores salen siempre perjudicados por este abuso", dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quilpué, Óscar Bruna, quien señaló que su gremio analizará a nivel regional lo que está pasando.
El líder gremial se manifestó dispuesto a que la colusión sea sancionada con cárcel y también con multas más elevadas, pero advirtió que cualquier proyecto de ley al respecto debe hacer la diferencia entre las grandes cadenas del comercio y las pymes. "Creo que ya llegó el momento de las definiciones claras al respecto", enfatizó.
Para el economista Alejandro Maureira, la problemática no es abordada correctamente en relación a los perjuicios. "Si bien hay efectos directos en los consumidores se desestima cómo estos casos hacen quebrar negocios más pequeños e impiden la formación de ellos, lo que afecta la producción y el empleo. Conjuntamente hay un efecto en los precios globales IPC que son desestimados y que pagamos todos en beneficios extraordinarios a la banca por créditos en UF", dijo.
Proveedores analizan acciones
El gremio de los proveedores también expresó su rechazo respecto al tema y dejó en claro que "en este requerimiento específico, estamos estudiando los eventuales caminos a seguir". A través de una declaración pública, la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (AGIP) advirtió -entre otros puntos- que las principales cadenas representan el 95% de la industria supermercadista, lo cual "ha generado un abuso de posición dominante y relaciones asimétricas y desequilibradas con los proveedores, las que persisten hasta el día de hoy y que es urgente corregir".
"Lamentablemente, parece que se tiende a confirmar un patrón en ciertos sectores del empresariado chileno"
Ricardo Lagos Weber (PPD), Senador V Costa
"Es urgente un cambio normativo en materia de regulación de la libre competencia (...) es una prioridad nacional"
Francisco Chahuán (RN), Senador V Costa
Cencosud y SMU descartan colusión
Cencosud y SMU descartaron haberse coludido con la competencia. Ante ello, la primera compañía adelantó que "se defenderá enérgicamente para demostrar su inocencia", agregando que "resulta sorprendente (la acción de la FNE), ya que esta propia entidad, a través de un estudio económico presentado en 2012, argumentó ante el TDLC que las cadenas de supermercados y los consumidores habían sido víctimas del caso de colusión de los productores de pollos". En tanto, en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), SMU precisó que "rechaza cualquier actuación que atente contra la libre competencia y demostrará su inocencia ante las instancias pertinentes". Por su parte, Walmart manifestó que no había sido notificada.
3 cadenas de supermercados están en la mira de la Fiscalía Nacional Económica, todas ellas con una gran presencia en la región. El caso ya está en manos del TDLC.
2012 fue el año en que la Fiscalía presentó un informe detalladoque indicaba que los supermercados habían sido víctimas de la colusión de los pollos.
10 años de cárcel es la sanción máxima que permite el nuevo proyecto de ley de libre competencia para los ejecutivos que cometan este delito.
