El Tribunal de Garantía de Valparaíso fijó para el próximo 1 de febrero la audiencia de cierre de la investigación en la causa por fraude al Fisco donde se encuentra formalizado, junto a tres de sus colaboradores, el diputado por el Distrito 10, Christian Urízar Muñoz.
El Ministerio Público ha pesquisado por más de 2 años una de las aristas del denominado Fraude 2 a la Intendencia Regional, producto de la cual el legislador enfrenta cargos por el supuesto desvío de fondos para campañas políticas y la sobrevaloración de precios a través de la adjudicación de fondos concursables con cargo al 6 % del FNDR del Gobierno Regional. Los montos defraudados bordearían los $ 80 millones, producto de ilícitos relacionados con el uso indebido de recursos fiscales correspondientes a 11 proyectos destinados a Cultura, Deportes y Seguridad.
Pese a que en declaraciones a este medio el parlamentario socialista ha insistido en su total inocencia en los hechos imputados y una constante persecución por parte del Ministerio Público, asegurando que todas las pruebas presentadas en su contra han sido desvirtuadas, se estima que Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso seguirá adelante con la acción penal.
Tras el cierre de la investigación, la Fiscalía tiene un plazo de 10 días para acusar y solicitar el desafuero del diputado ante la Corte de Apelaciones o, en caso contrario, para no perseverar.
De llegar a presentar la acusación, el tribunal fijará una audiencia de preparación del juicio oral.
Se estima que la solicitud de desafuero demoraría alrededor de 45 días para ser vista por el pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, escenario que podría registrarse a mediados de marzo.
En los alegatos, que son públicos, Fiscalía deberá presentar los antecedentes que ameriten el desafuero del parlamentario, tras lo cual el tribunal de alzada se pronunciará.
Si la Corte falla a favor del desafuero, la causa retornará a una de las salas del Tribunal de Garantía porteño donde se efectuará la acusación y posterior audiencia de preparación de juicio oral.
El delito de fraude al Fisco contempla penas de hasta 10 años de cárcel, por lo que el escenario para el parlamentario sería complejo en caso de acreditarse los cargos que se le imputan.
10 días de plazo tiene la fiscalía para acusar y solicitar el desafuero del diputado, una vez cerrada la investigación.
