Claudio Ramírez

"Venimos trabajando hace varios meses en la búsqueda de una solución que destrabe las inversiones en Valparaíso, no solamente en lo que respecta a Puerto Barón, sino que al Terminal Dos y otros proyectos que están un tanto complicados", comenta el intendente, Gabriel Aldoney, al ser requerido por la fórmula dada a conocer hace menos de una semana para acelerar la ejecución de la iniciativa del Grupo Plaza.

Una solución que surgió a partir de una mesa conformada entre otros actores por EPV, el Ministerio de Transportes, el Consejo de Monumentos Nacionales, el municipio porteño y el concesionario; y liderada por el jefe regional para encontrar una salida a la cuestionada obra.

"Nos parece que Valparaíso no puede seguir esperando ante una discusión que prácticamente es eterna. Casi se van a cumplir 15 años desde que se inició este proyecto; y más allá de la posición que uno tenga respecto a si es bueno o no para la ciudad, es malo para crear un ambiente que sea atractivo para los inversionistas", enfatiza Aldoney, quien criticó la prolongada indecisión respecto a la obra.

"Cómo no vamos a ser capaces de compatibilizar algo que en muchas ciudades puerto del mundo se ha logrado, que es el desarrollo de la actividad portuaria junto con la ciudad y fundamentalmente con el acceso de la gente al borde costero", manifestó el intendente, que se refirió a su papel dentro de la mesa que busca concretar la iniciativa de US$ 250 millones.

"Como jefe regional mi obligación es generar espacios para que la inversión privada se lleve a cabo y, obviamente, dentro de los marcos legales existentes. Acá nadie está por saltarse los procedimientos y hacer cosas irregulares en esta materia, pero es evidente que la región y el país necesitan inversión y diría que Valparaíso, dramáticamente, necesita generar condiciones que hagan atractiva la llegada de capitales".

En cuanto a los 19 puntos planteados por la comisión intersectorial y que responden a la solicitud que realizó la Unesco, señaló que están relativamente resueltos, destacando que a pesar de no ser obligatorios, fueron acogidos.

"Entiendo que la empresa portuaria llegó a un acuerdo, de tal manera que esto no implicará una situación que, desde el punto de vista del concesionario, afecte el desarrollo del proyecto", deslizó la primera autoridad regional.

En relación a si este tipo de procedimientos puede marcar un precedente recordó que Chile tiene obligaciones en el ámbito patrimonial porque ha firmado los tratados correspondientes, pero insistió que en el caso particular de Puerto Barón, lo que hizo la Unesco fueron recomendaciones.

En esa línea, manifestó que se podrían haber obviado, pero que al contrario, fueron objeto de análisis y discusión para hacer más amigable el proyecto, sobre todo en relación a la Bodega Simón Bolívar.

"Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es qué tipo de patrimonio queremos, porque uno podría decir: 'Mire, ¿sabe? En Puerto Barón no vamos a hacer nada o lo vamos a dejar para actividad portuaria'. Si no hacemos nada, la bodega no cumple ningún rol y se va a ir deteriorando. Lo segundo es que si se usara para la actividad portuaria tendría que desaparecer. Entonces, cuando algunos me plantean desarrollar el puerto en Barón porque eso nos permitiría dejar el espigón liberado, etc, eso significaría echar la bodega abajo si quisiéramos tener un puerto eficiente", deslizó, junto con recalcar que además el desarrollo de un puerto en el sector no es viable por las condiciones marítimas y de conexión.

En relación al papel que tendrá la empresa portuaria sobre el patrimonio del sector, Aldoney precisó que "no es EPV el que va a resguardar el patrimonio, lo que se ha señalado es que el tema patrimonial podría significar, y estamos hablando en condicional, costos que podrían afectar al concesionario dado que éste aceptó hacerse cargo de las 19 observaciones".

Añadió que el acuerdo radica en que "EPV va a asumir entre comillas los riesgos arqueológicos que puedan existir en el sector. ¿Qué significa eso? Significa retirar los restos arqueológicos, trasladarlos a algún sitio como un museo, ya que es lo que regularmente el CMN exige en estas materias".

El jefe regional aclara que el Estado de Chile a través de EPV va a jugar un rol en la materia para asegurar de que esto no genere un costo mayor al proyecto que pudiese generar incertidumbre al propio concesionario.

"Lo que se dice en este caso es que EPV asumirá ese rol, de tal manera que si efectivamente hay restos arqueológicos, ellos serán administrados y gestionados por la empresa portuaria a través de lo que la ley establece", dijo el jefe regional.

En cuanto a los reparos que ocasiona la obra, manifestó que "espero que quienes se han opuesto, desde mi punto de vista, de manera irracional a la iniciativa dejen definitivamente que el proyecto se desarrolle".

Si bien reconoció el legítimo derecho de exigir que las cosas se hagan dentro de la norma, llamó también a tomar en cuenta los intereses de Valparaíso.

"Hay que ver lo que pasa con el nuevo terminal de pasajeros. Todo el mundo quiere que a Valparaíso lleguen más cruceros, que los turistas tengan una buena atención y vemos que hay un ciudadano que se le ocurre presentar un recurso que lo más probable, como ha sucedido con Puerto Barón, al final se pierda. Y uno se pregunta que, además de tener paciencia y recursos para eso, cuál es el objetivo que se busca", manifiesta.

En cuanto a las inversiones que se proyectan en la región para el sector portuario, comparte que puede ser un año de concreciones.

"Espero que sea así, vamos a tener la noticia de Puerto Central en San Antonio, la ampliación de TPS. Esperamos que el Terminal Dos siga avanzando y seamos capaces de llegar a un acuerdo de cómo resolver las externalidades que genera obviamente una obra de esa naturaleza, pero que perfectamente pueden ser equilibradas con otras medidas. Así, tendremos una consolidación del sistema portuario al menos con estos dos terminales en Valparaíso y dos en San Antonio, lo que es positivo no sólo para la región, sino que también para todo el país".

"Como jefe regional mi obligación es generar espacios para que la inversión privada se lleve a cabo y, obviamente, dentro de los marcos legales existentes"

Gabriel Aldoney, Intendente regional