El lunes 21 de septiembre del año 2015, el intendente regional Gabriel Aldoney citó a una extraña conferencia de prensa en la cual desmintió una publicación realizada el día anterior por este medio, en la cual se daba a conocer una reunión política llevada unos días atrás a cabo en el restaurante Portofino de Valparaíso, cita que redundaría en la pronta salida de algunos personeros clave del Gobierno Regional.

Dos de ellos eran el entonces director de Serviu, Nelson Basaes, hombre cercano al senador Ricardo Lagos Weber dentro del PPD, y el criticado seremi socialista de Transportes, Patricio Cannobbio, reemplazante del renunciado Pablo Malig, cuya cabeza -no es ningún secreto- estaba siendo acechada hace meses por la facción allendista del PS regional, liderada por el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres.

Menos de cinco meses después, los cambios se concretaron de todas formas y de la manera más traumática posible: con lapidarios informes de Contraloría, licitaciones cuestionadas y anuladas, una carta de uno de los defenestrados (publicada hoy en la página 4 de esta edición) alegando maniobras oscuras para removerlo por parte de personeros no identificados, y -más triste aún- con la amarga certeza de tiempo perdido en dos áreas que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes de la región.

Si los parlamentarios y el alcalde que estuvieron esa noche con Aldoney en el Portofino ("definiendo cambios en el gabinete, comiendo machitas", como dijo alguna vez el abogado Alejandro Chaparro) tenían o no razón, eso ya da lo mismo. Lo relevante, empero, es volver a constatar que el poder regional, por mucho que se resista o dilate, lo siguen teniendo los caciques y los señores feudales de siempre.

El arte de la política no puede estar supeditado a los intereses particulares de unos pocos, menos aún en los duros tiempos que corren para la actividad, pero más preocupante que ello es constatar que se ralentizó severamente el bienestar y el crecimiento de una región completa por el sencillo hecho no querer advertir lo evidente: tanto Serviu como Transportes no tuvieron una administración acorde a las exigencias ni a las buenas prácticas.

¿Era necesario esperar tanto para reconocerlo?