El ministro del Interior Jorge Burgos rechazó ayer a las críticas del presidente del Partido Comunista (PC), diputado Guillermo Teillier, por las gestiones que ha hecho el Gobierno para conseguir la extradición del ex frentista Galvarino Apablaza, quien es acusado como uno de los responsables del asesinato del ex senador Jaime Guzmán.

Teillier criticó que, según él, se da por hecho que Apablaza es culpable, "y no sé si habrá habido alguna investigación que diga que es culpable", según consignó El Mercurio.

El parlamentario añadió que para plantear una extradición primero tendría que acreditarse la culpabilidad de Apablaza, y mostró preocupación porque el Gobierno dé por culpable al ex frentista por presiones de la UDI.

El jefe de gabinete negó que haya existido un juicio político o que se considere al ex frentista culpable de antemano. "Seamos claros, porque alguien por ahí dijo que las autoridades chilenas estaban culpando a don Galvarino Apablaza. Eso no es así, seamos claritos, la Corte Suprema, el más alto tribunal chileno, si no me equivoco, van a ser más de diez años (que) determinó que el ciudadano chileno Galvarino Apablaza debía concurrir ante tribunales y como no estaba en Chile y se ubicó donde estaba, se solicitó la extradición activa", dijo Burgos.

"La justicia chilena lo requiere para ser juzgado por la participación que le cabe en dos delitos gravisimos. No hay una sentencia de culpabilidad, las autoridades políticas en Chile -puede ocurrir en otras partes del mundo- no determinan responsabilidades penales de nadie", agregó.

Apablaza se encuentra en Argentina, donde recibió refugio y el ministro del Interior reafirmó la semana pasada el compromiso del Gobierno de llevar a cabo las gestiones necesarias para extraditar al ex frentista que ha sido requerido por la Corte Suprema.

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó ayer que más de 40 mil estudiantes de primer año ya se matricularon obteniendo el beneficio de la gratuidad, en una de las 30 instituciones adscritas que contarán con ese sistema este año.

Según el más reciente reporte entregado por el ministerio, en total 40.134 estudiantes que pertenecen al 50% más vulnerable del país podrán estudiar en la educación superior este año sin tener que pagar ni arancel ni matrícula.

Ese total considera a los alumnos que ya habían sido informados si podían acceder o no al beneficio el pasado 27 de diciembre, cuando fueron publicados los resultados, y a aquéllos que habían quedado "pendientes", cuyos resultados fueron revelados ayer por el Mineduc. Éstos últimos eran alrededor de 20 mil.

Según consignó La Segunda, la ministra de Educación (S) Valentina Quiroga, detalló que del total de los estudiantes que recibirán el beneficio un 71% no son de la Región Metropolitana, sino que pertenecen a las regiones del Biobío y Valparaíso.

La autoridad informó que un 55% de las beneficiadas son mujeres.

Aún falta que 80 mil alumnos de cursos superiores lleven a cabo el trámite de la matrícula en uno de los 30 planteles adscritos a la gratuidad.

Así, en total ya son 120 mil los universitarios que recibirán el beneficio este 2016. "Pero estos 120 mil podrían llegar a 160 mil estudiantes una vez que se cierren todos los proceso en abril", aseguró Quiroga.

Por otro lado, el Mineduc inició ayer un proceso de apelación para los estudiantes de primer año y de cursos antiguos que se extenderá hasta el próximo 21 de marzo.

El nuevo periodo de postulación, es para aquellos alumnos que actualmente no tienen ningún beneficio estudiantil estatal pero son potenciales candidatos para recibirlo.

Ese grupo tiene que ingresar sus datos en el Formulario de Postulación a las Ayudas Estudiantiles del Estado (FUAS). El Mineduc explicó que sólo tendrán que hacerlo quienes no hayan realizado ese trámite o que "en su hoja de resultados, les pide explícitamente que lo hagan".

Quienes sí han recibido beneficios estatales y su hoja de resultados les exija llenar el FUAS también tendrán que hacerlo.

Carolina Collins

Parlamentarios de la UDI y de RN presentaron ayer un segundo oficio ante la Contraloría para esclarecer si es que existe alguna irregularidad en el proceso para realizar un documental sobre los hitos más importantes del segundo período de la Presidenta Michelle Bachelet.

Esto porque el proyecto fue adjudicado sin licitación previa por el director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, a la cineasta Tatiana Gaviola y al que se le asignó un presupuesto de $40 millones.

El recurso presentado ayer por los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Nicolás Monckeberg (RN), se suma al que ingresó el lunes el parlamentario gremialista Felipe Ward.

Monckeberg rebatió lo argumentado el lunes por el vocero (s) de Gobierno, Osvaldo Soto, respecto a que se trata de un ejercicio de archivo y memoria y no de publicidad o propaganda política.

"No es cierto que con este contrato lo que se busca es resguardar las imágenes de archivo, porque esas ya están tomadas desde el primer día de este Gobierno", dijo el parlamentario opositor.

Por eso el diputado le pidió "honestidad" al Gobierno y que reconozcan el "error" de haber adjudicado el documetnal. "Aquí se quiere hacer un documental de una hora, que no se enmarca tampoco en la obligación de rendir cuentas, porque la rendición de cuentas se hace al final del período y en consecuencia le pedimos honestidad al Gobierno, que reconozcan el error, aquí se quiere hacer una publicidad encubierta y tienen todo el derecho a hacerla, pero no con fondos públicos", dijo.

"Lo que no se puede hacer es que todos los chilenos financien, con los impuestos, una actividad publicitaria", sentenció.

Respuesta de La MonedaPor su parte, el ministro del Interior Jorge Burgos volvió a referirse al asunto, y calificó como "injustas" las críticas que surgieron desde la oposición.

"Acá hay dos tipos de juicio: los que crean que no corresponde desde el punto de vista político están en su derecho. Nosotros creemos que los gobiernos pueden reflejar desde el punto de vista histórico, patrimonial, la historia de sus labores y no con fines propagandísticos. Se ha hecho otras veces, fin", dijo el secretario de Estado.

"Si alguien cree que para llegar a la determinación que correspondía hacer el documental con las características que le he señalado se incumplieron normas propias de la definición de leyes de compras públicas, ley de presupuesto, tiene todo el derecho a recurrir a la Contraloría, pero convertir eso en un hecho político de descalificación me parece sumamente injusto y no le hace bien al país", añadió.

$ 40 millones es el monto que fue asignado para financiar el documental que dirigirá Tatiana Gaviola.

$ 3 millones 382 mil es el sueldo que recibió Gaviola como funcionaria de Gobierno entre julio y diciembre de 2015.