En tensa calma los camioneros de Valparaíso y San Antonio esperan la reunión clave que sostendrán hoy en La Moneda con autoridades de Gobierno, encabezadas por el ministro del Interior, Jorge Burgos, y donde los transportistas esperan que se encuentren salidas concretas a sus reclamos por lo que consideran montos excesivos en los peajes de las rutas 68 y 78 en las llamadas horas puntas.

Hace una semana la intervención de La Moneda evitó que los trabajadores materializaran su descontento en una manifestación que se realizaría en las plazas de peaje mediante un agolpamiento de camiones por espacio de cinco horas.

"Hay que recordar que nosotros no hemos levantado la manifestación, sino que solamente la suspendimos hasta nuevo aviso. Y obviamente dependiendo de lo que pase mañana (hoy), veremos las medidas que vamos a aplicar", advirtió el presidente de la Federación Regional de Dueños de Camiones, José Egido.

"Los camioneros estamos con lo mejor de los ánimos visto que la semana pasada vimos una buena disposición del ministro Burgos y de las otras autoridades que lo acompañaban ( el subsecretario del MOP, Sergio Galilea, y el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo)", comentó.

Mayor convocatoria

Pese a ello, el dirigente es cauteloso, pues hasta ayer no había recibido ninguna información ni tenido contacto con las autoridades. Lo que sí aclara Egido es que a diferencia de hace una semana, aumentó el número de camioneros que se sumaron a sus reivindicaciones. "Veremos con qué planteamiento llega la autoridad respecto al tema de los peajes más aún considerando, como lo advertimos, que colegas de otras zonas del país, del norte y centro sur, se han sumado a estos reclamos donde también tienen horarios de punta con valores que están fuera del alcance del bolsillo de los camioneros debido al costo que tienen hoy los servicios por transporte de carga", subrayó el líder gremial, agregando que si bien es en la región donde se mueve la mayor cantidad de camiones, pues el grueso del comercio exterior del país se moviliza por la central, no es menor en otros lugares.

Respecto a las expectativas de la cita indicó que "no creo que haya tanta agua en la piscina como para seguir dilatando el tema, sobre todo en el sector de San Antonio donde el horario de punta, ya el 10 de marzo se supone que debería expirar".

Añadió que para el sector es relevante hacer notar su desacuerdo. "Lo importante es que si no alcanzamos a obtener muchos beneficios en este tiempo, ya que literalmente nos hemos comido los meses de enero y febrero, a lo menos queremos sentar un precedente para que de aquí en adelante no se siga abusando cómo se está haciendo", subrayó.

"Hay que recordar que nosotros no hemos levantado la manifestación, sino que solamente la suspendimos hasta nuevo aviso"

José Egido, Presidente Fedequinta

Este jueves el fiscal Patricio Toro, de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, confirmó la información publicada ayer por este Diario, en la que se dio a conocer que el Ministerio Público había solicitado el desafuero del diputado Urízar -por considerarlo responsable de fraude al Fisco- y que pedirían cinco años y un día de presidio en caso de llegar a la instancia de un juicio oral.

Pero, además, el persecutor tuvo palabras para referirse a lo señalado por el parlamentario, quien acusó a la Fiscalía de no tener pruebas. "A la Fiscalía le parece que hay abundante documentación que es clara y que ha estado disponible para la defensa. De ese modo, no tengo la menor duda que el señor Urízar sí conoce esos antecedentes y en detalle", precisó Toro.

Respecto a estas pruebas, el fiscal detalló que existe una cantidad de testigos que reconocen haber visto al diputado participando de algunos de los proyectos que obtuvieron recursos del FNDR. A juicio de la Fiscalía, el parlamentario -en su calidad de consejero regional- "tuvo participación en la aprobación de los proyectos".

A ello, el persecutor regional agregó que "hay prueba testimonial y documental que acredita esa intervención y que también acredita su presencia en el desarrollo de estos proyectos previamente aprobados. Hay prueba que apunta a que el destino final de esos fondos, o buena parte de ellos, eran para financiar parte de su campaña política a diputado".

"Errónea judicialización"

Según dijo el abogado del parlamentario, Andrés Benavides, las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes por sí solas para poder afirmar la existencia de un ilícito penal.

"He revisado muchas veces la carpeta, he pedido su actualización permanente, retiré ayer (miércoles) mi copia de la carpeta, y quiero ser muy serio -profesionalmente hablando- al decir que considero que no hay antecedentes suficientes para llegar hasta la etapa que ellos decidieron, que es un desafuero", sostuvo Benavides.

Para el abogado, la acción que tomó la Fiscalía responde a una "errónea judicialización de la política". "Pueden haber algunas malas prácticas de carácter administrativo, eso no lo voy a descartar, pero de ahí a que esto tenga una envergadura penal, me parece que es un error de la Fiscalía", indicó.

Sin embargo, Benavides sostuvo que ve difícil que la Corte de Apelaciones acoja el desafuero. A su juicio, si el mérito de la investigación no va a ser suficiente para llegar a condenar al parlamentario, no sería necesario desaforarlo. Pero en caso de que sí acojan la solicitud, dijo que probablemente apelarán a la Suprema.

¿Qué significa ser desaforado?

En caso de que una Corte de Apelaciones acoja una solicitud de desafuero, y luego sea confirmada por la Suprema, automáticamente los parlamentarios serán procesados ante la justicia como cualquier chileno, sin privilegio alguno.

Además, quedarán suspendidas todas sus funciones legislativas, pero no de representación. Es decir, seguirán habilitados para participar en actos públicos y podrán continuar recibiendo a personas en sus oficinas regionales.

Como sus funciones legislativas quedan suspendidas y no podrán acudir al Congreso para participar en votaciones o investigaciones, dejarán de recibir sus asignaciones parlamentarias relacionadas con los traslados: pago de viáticos, bencina, pasajes en avión, entre otros. Sin embargo, la dieta parlamentaria se mantiene: la Constitución indica que "el desafuero no genera otro efecto que la inhabilitación, conservando todos los privilegios que le concede la ley".

"Hay documentación que es abundante y clara (...) No tengo la menor duda que el señor Urízar sí conoce esos antecedentes y en detalle"

Patricio Toro, Fiscal URAC Valparaíso