El diputado de la UDI, Felipe Ward, pidió ayer al Ejecutivo que remueva a Cristián Riquelme de su cargo y emplazó a la Presidenta Michelle Bachelet, quien por estos días está de vacaciones en la Región de La Araucanía, a que tome las medidas del caso.

"Si no lo hace la Presidenta de la República (desvincularlo), que renuncie voluntariamente. Públicamente preséntenlo como quieran, pero esta persona no puede seguir trabajando en La Moneda", dijo el dirigente gremialista.

Ward adelantó la posibilidad de que representantes de su partido y de Chile Vamos conformen una comisión investigadora respecto al administrador de La Moneda.

"A estas alturas me atrevo a decir que sí vamos a tener una comisión investigadora en marzo. Obviamente está íntimamente ligado a la permanencia o no de Riquelme en La Moneda. Esto debe ser investigado, creo que corresponde crear una comisión investigadora distinta porque estos son antecedentes diferentes", agregó el diputado.

Ante la ausencia de la Mandataria, Ward planteó que a los voceros que tiene el Gobierno en esta época les corresponde "que den a conocer la decisión de la Presidenta de la República" y calificó de "malas razones" las que ha tenido el Ejecutivo para mantener al cuestionado funcionario en el cargo.

"Me imagino que a estas alturas (Riquelme) ya perdió la confianza de la Presidenta de la República", agregó el parlamentario respecto de la situación del militante PPD.

$ 1.700 millones alcanza el monto de gastos reservados de la Presidencia que maneja Cristián Riquelme.

$ 417 millones ha pagado el Estado a empresas vinculadas al administrador de La Moneda.

Mauricio Mondaca

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, anunció ayer que realizará una indagación para determinar si los millonarios contratos suscritos entre el Estado y dos firmas creadas por el actual administrador de La Moneda, Cristián Riquelme (PPD), se ajustaban o no a la legalidad.

Según informó Ciper el lunes, las sociedades Comercial A y R y Greentec recibieron $ 417 millones entre 2013 y 2015 por otorgar insumos clínicos a la red de salud. Aunque el funcionario del Ejecutivo -cercano al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo- se desprendió de su participación en dichas empresas, su esposa (Ada Álvarez) controla Comercial A y R, mientras en Greentec quedó uno de sus ex socios.

La versión de ese medio reveló que algunas órdenes de compra fueron emitidas a nombre de Riquelme con posterioridad a los traspasos y una de las sociedades figura con su residencia como dirección comercial.

"A propósito de esa información de la que tuvimos conocimiento ayer tarde (lunes), hoy (ayer) instruimos a la Subsecretaría de Redes hacer un levantamiento de la información respecto de esos contratos, si se ha cumplido con la ley de compras o no, y estamos a la espera de los resultados que van a ser dados a conocer en su momento", dijo el ministro (S) de Salud, Jaime Burrows.

La autoridad agregó que "vamos a levantar la información y vamos a cumplir con todo lo que requiere la ley de nosotros respecto de los controles que tienen que realizar sobre las compras que se hacen a nivel de los servicios".

En esta línea, el ministro del Interior, Jorge Burgos, afirmó ayer que "yo tengo una opinión sobre eso y la opinión se la voy a dar a su excelencia la Presidenta de la República cuando vuelva, que ya está pronto, de su periodo legal de vacaciones".

Sin entregar mayores detalles sobre la postura que finalmente asumirá el Gobierno respecto de la permanencia o no de Riquelme en La Moneda, la de ayer fue la segunda mención del jefe de gabinete sobre la forma de actuar de Riquelme.

El miércoles de la semana pasada, Burgos enfatizó que -a su juicio- los funcionarios públicos tenían que entregar declaraciones de intereses y patrimonios lo más amplias posible, a diferencia de lo que hizo el administrador de La Moneda, quien mantenía en reserva el avalúo de sus propiedades, tal como lo permite la ley que regula esa materia.

Esos dichos provocaron la posterior decisión de Riquelme de actualizar su información en esa misma jornada, cuando dio a conocer los cerca de $ 500 millones que posee en bienes inmuebles.

Las peticiones por la salida de Cristián Riquelme se acumulan no solo en la oposición, sino que también en amplios sectores del oficialismo. De esta forma, el jefe de la bancada del PPD, Jorge Tarud, consideró que "la permanencia del señor Riquelme es insostenible y le está provocando un enorme daño al Gobierno y a la propia Presidenta".

Según el legislador, "él debería dar un paso al costado, ojalá en las próximas horas... Puede o no haber actos irregulares, pero aquí estamos frente a un tema ético. Por lo tanto, su renuncia debe ser indeclinable en las próximas horas", sentenció Tarud.

El vicepresidente del PPD, Gonzalo Navarrete, aseguró que dado que "él se convirtió en un problema político, que ayude a la Nueva Mayoría dando un paso al costado si es que considera que tiene demasiadas cosas que perjudican"

Al planteamiento de Tarud se sumó su par del PS y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Juan Luis Castro, quien dijo que la permanencia de Cristián Riquelme en su cargo de administrador de La Moneda es "insostenible".

Para Castro, se trata de un caso "que tiene visos de irregularidades, de eventual negociación incompatible. No descartamos uso de información privilegiada".

El parlamentario PS detalló a T13.cl que "voy a pedir oficialmente al Minsal una auditoría de todas las transacciones comerciales que han hecho los distintos servicios de salud y hospitales con las dos empresas que aparecen vinculadas al señor Riquelme (...) Estamos hablando de una larga historia de transacciones económicas".

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Gabriel Silber añadió que "nadie entiende su permanencia casi caprichosa en el Gobierno" y que "independiente del camino judicial que siga el caso, estimamos que no puede seguir en el Gobierno". "Espero que la Presidenta a su retorno, ojalá antes, lo remueva de sus funciones", argumentó.