Señales que van en el camino correcto
La publicitada "reingeniería" realizada en el Gobierno Regional de Valparaíso por el intendente Gabriel Aldoney -quien este mes cumplió seis meses en el cargo tras reemplazar al también socialista Ricardo Bravo- pareciera apuntar en el sentido correcto, haciéndose cargo de un profuso historial de faltas a la probidad que viene engrosándose consistentemente en la última década. Hoy, el tópico ha vuelto a salir a la palestra con eventuales irregularidades en el denominado "Caso Sernatur" de Quintero -que le costó la salida al seremi de Deportes, Daniel Duclos- o la poco clara defenestración de su par de Transportes, Patricio Cannobbio, que derivó en una querella del abogado Mario Zumelzu contra el subsecretario de Transportes, Cristián Bowen, por supuesto tráfico de influencias en la renovación de las plantas de revisión técnica en Valparaíso. Junto con ello, Aldoney reestructuró algunas funciones administrativas, instalando en la jefatura de la División de Planificación y Desarrollo a su correligionario, el exseremi de Vivienda Miguel Toledo, alguna vez citado a la comisión investigadora del "Caso Fraude 1" en la Cámara de Diputados (en su calidad de exjefe de división en el Gobierno Regional de la administración de Iván De la Maza) por un eventual vínculo con uno de los condenados, lo que no llegó a ser comprobado. Sin entrar a enjuiciar la prudencia del nombramiento, se reconoce en el intendente al menos la valentía de apostar por desterrar de una vez por todas un flagelo que ha golpeado, en mayor o menor medida, a los últimos jefes del Gore, la gran mayoría de los cuales -con la honrosa salvedad de Raúl Celis- poco y nada hicieron por escarbar y denunciar las vistosas irregularidades que sacudieron sus mandatos. La idea de una Fiscalía interna -que estará a cargo del abogado Héctor Valenzuela- que cautele el correcto uso de los fondos fiscales también fue bienvenida por el Consejo Regional, que aprobó asimismo la creación de un Código de Ética. La inminencia de importantes procesos electorales (primarias, municipales, parlamentarias y presidenciales), en conjunto con la nueva normativa de financiamiento de gastos electorales y partidos políticos, serán la prueba de fuego para una región que es vista desde La Moneda como una de las más complejas del país. Quizás, y como ha sido propuesto desde el propio Consejo Regional, tampoco debiera descartarse la idea de un contralor interno. Motivos sobran para ello.