El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, renunció ayer entre fuertes rumores sobre supuestas presiones del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), al parecer descontento con su acción frente a la corrupción, informaron fuentes oficiales. Cardozo estaba en el cargo desde enero de 2011, cuando llegó al poder la Presidenta Dilma Rousseff, y estaba considerado como uno de los más fieles escuderos de la Mandataria.

El Gobierno confirmó la salida de Cardozo en una escueta nota oficial, en la que indicó que su cargo será ocupado por Wellington Cesar Lima, un abogado con carrera en el sector público y vinculado al actual ministro de la Presidencia, Jaques Wagner. Cardozo, por su parte, pasará a encabezar la Abogacía General de la Unión, cuyo titular, Luis Inácio Adams, ya había anticipado su decisión de dejar el cargo.

La posibilidad de la renuncia de Cardozo fue conjeturada durante el fin de semana por la prensa local, que atribuyó su decisión a las "presiones" que estarían ejerciendo sectores de la base oficialista salpicados por las investigaciones sobre corrupción en la estatal Petrobras y en otras áreas de la administración pública.

El malestar con Cardozo, según esas versiones, estaría encabezado por el PT, al que pertenece Rousseff, que habría pedido la salida del ministro debido a un alegado "descontrol" en la Policía Federal, responsable de las investigaciones sobre corrupción.

De esos rumores se hizo eco ayer la Asociación de los Comisarios de la Policía Federal, que en un comunicado criticó la posibilidad de que Cardozo dejara el cargo. "Los comisarios de la Policía Federal recibieron con una extrema preocupación las noticias sobre una inminente salida del ministro de Justicia por presiones políticas", dice la nota.

El comunicado agrega que "la Policía Federal defenderá la independencia funcional y la libre conducción de las investigaciones criminales y adoptará todas las medidas para preservar la poca, pero importante, autonomía que la institución conquistó".

Según la prensa local dirigentes del PT exigieron la renuncia a fin de que el Gobierno ejerciera un mayor "control" sobre la Policía Federal, que depende del Ministerio de Justicia.

Los familiares de Marina Menegazzo y María José Coni, las jóvenes argentinas encontradas muertas en Montañita, afirmaron que desconfían de la versión dada a conocer por la policía ecuatoriana. Según las autoridades las mendocinas de 21 y 22 años fueron asesinadas por dos hombres alcoholizados a quienes le habrían solicitado alojamiento en el balneario de Montañita. Esto, según la información otorgada por la confesión de uno de los responsables. Ante ello, las familias de las jóvenes solicitaron al Gobierno trasandino que forenses argentinos se encargaran de la investigación.

Argentina y varios fondos de inversión acreedores firmaron un principio de acuerdo que abre la vía para resolver una disputa judicial que se extiende por 15 años, anunció ayer el mediador en estas gestiones.

El abogado Daniel Pollack informó en un comunicado que el litigio "está en camino de ser resuelto" a partir del acuerdo firmado la noche del domingo entre el fondo NML y otras firmas que llevaron a Argentina a los tribunales por bonos que entraron en cese de pagos en 2001.

Según el mediador, Argentina abonará a estos fondos acreedores la cantidad de US$ 4.653 millones para cerrar el caso, "tanto en el distrito del sur de Nueva York (donde se llevaba la causa) como en todo el mundo".

"Este es un paso gigante para un largo litigio, pero no el último", aclaró Pollack, que recordó algunas de las condiciones puestas por Argentina cuando hizo una propuesta a los fondos acreedores el 5 de febrero pasado.

Entre ellas se incluyen que el principio de acuerdo sea aceptado por el Parlamento argentino y que queden derogadas dos leyes que impedían abonar sumas a los fondos que habían llevado a Argentina ante los tribunales.

Además, dice el comunicado, Argentina quiere recurrir a los mercados financieros internacionales para cubrir con deuda lo que debe abonar por este litigio y los fondos acreedores se comprometen a no interferir en esas gestiones.

Los bonos que formaban parte de este litigio quedaron en cese de pagos cuando Argentina anunció su "default" en 2001, en medio de una grave crisis financiera, pero no entraron en las reestructuraciones de 2005 y 2010.