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Senado aprobó idea de legislar elección de intendentes

CONGRESO. Iniciativa contó con el voto unánime de todas las bancadas.
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Por 37 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Senado aprobó ayer la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional sobre elección popular del gobernador regional, sesión en la que los parlamentarios de las diversas bancadas resaltaron la importancia de transferir mayores competencias y recursos a las regiones.

En la sala estuvieron varias autoridades de diversos gobiernos regionales, entre ellos los cores Sandra Miranda y René Lues, de la Quinta Región, así como el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, y sus pares de Quintero, Maricio Carrasco, y Petorca, Gustavo Valdenegro. También estuvo el presidente de la Agrupación de Universidades Regionales y rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza.

Uno de los impulsores de la iniciativa, el senador independiente Alejandro Guillier, recordó que "desde los albores de la República éste ha sido un debate permanente, porque no se ha resuelto otorgarle auténtico poder a las regiones"

Por su parte, el senador DC Andrés Zaldívar, quien también firmó el proyecto, hizo notar que ha habido avances en esta materia, poniendo como ejemplo que los consejeros regionales hoy son elegidos mediante el voto popular.

Al igual que Guillier, resaltó la importancia de transferir competencias a los gobiernos regionales y el fortalecimiento de las municipalidades.

A su vez, el senador PS Rabindranath Quinteros, otro de los firmantes de la iniciativa, recalcó que la centralización entorpece el desarrollo económico de las regiones, y por ende, del país, por lo que la elección de gobernadores regionales es un factor clave para el despegue. Sostuvo además que Chile es uno de los países más centralizados en la OCDE y América Latina.

En tanto, el senador indepéndiente Carlos Bianchi habló de una "brutal desigualdad" de las regiones respecto de Santiago y resaltó que mientras no estén todas las facultades traspasadas a regiones, no habrá una real descentralización.

Por su parte, el senador UDI Alejandro García Huidobro dijo que quedará atento a que la Presidenta Bachelet le ponga suma urgencia al proyecto, mientras la senadora de Amplitud Lily Pérez advirtió que esta autoridad podría quitarle poder a los cores.

A su vez, el senador del MAS Alejandro Navarro hizo hincapié en que se debe asegurar la fuente laboral de los funcionarios de los gobiernos regionales, remarcando que éstos pueden ser sometidos a evaluación, sin embargo, la llegada de los nuevos gobernadores regionales no puede implicar despidos masivos.

En tanto, el senador PPD Ricardo Lagos enfatizó que la elección con un 25% de aprobación es insuficiente, porque se corre el riesgo de que las zonas más aisladas tengan escasa representatividad.

Atribuciones, competencias y recursos

Un aspecto que remarcaron de manera transversal los senadores que hicieron uso de la palabra, es la necesidad de asegurar la transeferencia de mayores atribuciones y competencias a los nuevos gobernadores regionales, así como dotar a las regiones de mayores recursos, para lograr una descentralización efectiva. En cuanto a las funciones de esta nueva autoridad, el senador DC Ignacio Walker explicó que será el ejecutivo del Gobierno Regional, cuya misión será liderar la administración de la región y coordinar, supervisar y fiscalizar a los servicios. El senador por la V Región Cordillera además manifestó su intención de elegir a los gobernadores regionales con mayoría absoluta "porque les da mayor legitimidad".

Se inició juicio oral en contra de ex alcalde de El Quisco por caso de certificados falsos

TRIBUNALES. El padre de la actual alcaldesa de la comuna es acusado por "intervenir dolosamente" en la defraudación.
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Rodrigo Navarrete N.

En una extensa jornada en el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, que se extendió por cerca de cinco horas, se dio inicio al juicio oral en contra del exalcalde de El Quisco, José Miguel Carrasco (2000-2008), por el caso de defraudación fiscal ocurrida mientras se desempeñaba como jefe comunal.

Durante la jornada de ayer, tanto los querellantes, como la defensa de Carrasco, realizaron los alegatos de apertura sobre las dos acusaciones -una por parte de la fiscalía y otra por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- en contra del exjefe comunal. En la oportunidad, también se realizaron los interrogatorios al acusado, luego de que éste rechazara su derecho a guardar silencio.

El fiscal de la unidad regional anticorrupción (Urac), Claudio Rebeco, explicó que la audiencia realizada ayer consistió en dar a conocer al tribunal la acusación que han hecho la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en orden a la participación dolosa por parte del exalcalde Carrasco en este hecho.

"Se conoció la imputación de la fiscalía y del CDE en orden a la participación dolosa del señor Carrasco en la expedición de certificados falsos, o que al menos aparentaron el cumplimiento de requisitos (estar cerca de un colegio o de centro de salud) para la obtención fraudulenta de subsidios de localización, los cuales fueron pagados por el Serviu", explicó el persecutor.

Intervención dolosa

El fiscal Rebeco fue claro en señalar que la investigación del Ministerio Público no ha acreditado "un enriquecimiento ilícito" del ex alcalde. "Lo que nosotros hemos dicho es que él intervino dolosamente permitiendo la defraudación por parte de la empresa privada (EGIS Patrimonio S.A.), que pudo hacerse de manera fraudulenta con el pago de un subsidio que no correspondía que se pagara".

Respecto al hecho que solo el exalcalde de El Quisco esté siendo objeto de un juicio oral y no las otras ocho personas que en su momento fueron apuntadas de participar en la defraudación al Fisco por más de $1.700 millones de pesos, el fiscal Rebeco aclaró que el resto de las personas obtuvieron salidas alternativas y juicios abreviados.

"De acuerdo a las posibilidades que entrega el ordenamiento jurídico, los funcionarios que expendieron certificados tuvieron salidas alternativas, puesto que su participación es más bien instrumental y secundaria. En tanto, el señor Alberto Ramírez (dueño de la EGIS Patrimonio S.A.) y Víctor Elicer (dueño de la constructora El Álamo), tuvieron un procedimiento abreviado por lo que fueron condenados como autores de estafa al fisco".

"no nos parece lógico"

Tras finalizar la primera jornada de juicio oral, Andrés Benavides, uno de los abogados del ex alcalde, recalcó la posición de la defensa respecto a que "no hay mérito para configurar un ilícito por parte del señor Carrasco", por lo que confían en que el tribunal les otorgue la razón.

"Aquí ya han existido personas que se han acogido a tratos con la fiscalía, algunas han sido con condenas y otras sin condena. Por tanto, si se habla del gran fraude habitacional en esta Región, llevar a solo una persona a juicio no nos parece lógico. Además, de acuerdo a la experiencia como abogados, nos parece raro que todos los demás imputados se hayan acogido a tratos, mientras que aquellos que sí fueron condenados se les ofrecieron penas modestísimas en comparación a los 12 años que están pidiendo para el señor Carrasco", puntualizó el jurista.

No obstante ello, Benavides reconoció que "tenemos la convicción que poseemos argumentos suficientes para lograr la absolución del ex alcalde y que algo que solicitamos desde el inicio de este juicio".

Si bien ayer fue el primer día del juicio oral, tanto la parte querellante de este caso, como la defensa del imputado, aseguraron que este proceso podría durar entre 15 y 20 días, puesto que desde esta jornada en adelante, ambas partes presentarán las diferentes pruebas que poseen ante los jueces del tribunal.

Según detallaron los abogados, primero serán las de la fiscalía, luego las del Consejo de Defensa del Estado y, por último, las de la defensa del ex alcalde Carrasco.

Antecedentes de la defraudación

El 31 de enero de 2013, la Fiscalía de San Antonio decidió acusar, por el delito de fraude al fisco y falsificación y uso malicioso de instrumento público, al exalcalde de El Quisco, José Miguel Carrasco y a otras ocho personas quienes habrían participado en la tramitación y obtención de subsidios habitacionales (Villa Marina I, Villa Marina II y Villa Padre Eduardo Alvear), generando un perjuicio al Estado de $1.700 millones de pesos. Según los antecedentes, estos subsidios se habrían obtenido con documentación falsa, en donde se acreditaba que se cumplía con los requisitos necesarios y que los involucrados habrían certificado como reales.

"Lo que nosotros hemos dicho es que él intervino dolosamente, permitiendo la defraudación, por parte de la empresa privada"

Claudio Rebeco, Fiscal unidad anticorrupción