Luego de los cuestionamientos surgidos en las últimas semanas respecto a supuestas irregularidades en el marco del concurso público para el nombramiento del nuevo director general de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso (Cajval), el consejo directivo de la entidad resolvió designar en dicho cargo al abogado Roberto Chacón.

El profesional, quien actualmente se desempeña como subdirector de la Cajval de Atacama, integraba la cuaterna que llegó a la etapa final del proceso, donde también estaban el exseremi de Justicia, Edgardo Pique; el exdirector regional de la CAJ de Talca, Claudio Fernández, y quien durante los últimos cuatro meses fue la subdirectora interina de la Cajval, Cecilia Cuéllar Jaramillo, cuya gestión había sido blanco de críticas, ante una supuesta intervención para quedarse con el concurso.

Ante las supuestas irregularidades, elaboración de bases "a la medida", dudas respecto a la imparcialidad de la empresa contratada para realizar el examen sicológico, cambios intempestivos en la citación de los concursantes para exponer su programa de trabajo e incluso una presentación ante la Corte de Apelaciones que impugnó el proceso, la seremi de Justicia, Paz Anastasiadis, en su calidad de presidenta del consejo directivo de la Cajval, adelantó que una vez terminado el proceso enviará todos los antecedentes a la Contraloría Regional de Valparaíso.

La idea es transparentar el proceso y que el órgano contralor revise todas las instancias a objeto de "darle tranquilidad a todos los postulantes una vez tomada la decisión".

En forma paralela, tras el recurso de protección interpuesto por el abogado Carlos Wendt, quien quedó fuera del concurso en una de las fases preliminares, el tribunal de alzada solicitó un informe al consejo directivo de la Cajval.

Por el momento no existe claridad respecto a la fecha en que el nuevo director de la Corporación podría asumir sus funciones, en medio de un ambiente donde se mantienen las especulaciones respecto a la idoneidad de algunos de los participantes y la reestructuración del consejo directivo, luego que los dos abogados de libre ejercicio de la profesión que lo integran cumplieran su periodo. El Ministerio de Justicia está en proceso de análisis de nuevos consejeros.