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El dueño y los socios de AC Inversions quedaron en prisión preventiva

INDAGACIÓN. La magistrado Ely Rothfeld afirmó que los antecedentes que expuso la Fiscalía son suficientes para configurar los delitos de estafa e infracción a la Ley de Bancos en contra de Patricio Santos y sus colaboradores.
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La jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Ely Rothfeld, decretó ayer prisión preventiva para Patricio Santos, el dueño de AC Inversions, y sus dos socios, al acreditar que sus operaciones permiten configuran los delitos de estafa e infracción a la Ley de Bancos.

La jueza estableció también un plazo de seis meses para investigar los ilícitos.

La presentación de cargos estuvo encabezada por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

En medio de la audiencia, que se extendió por más de seis horas, el fiscal Norambuena explicó que los delitos ocurrieron entre 2012 y 2016, mientras la empresa operaba a través de distintos nombres de fantasía.

Los fiscales solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados, argumentando que existe peligro de fuga, ya que el 1 de marzo la pareja e hijo de Santos viajaron a Argentina.

El director general de la PDI, Héctor Espinosa, confirmó ayer que su institución recibió en 2014 al menos un correo electrónico con una denuncia en contra de la operación de la empresa AC Inversions, investigada por la presunta estafa contra más de dos mil personas, y cuyo daño a sus ex clientes ya supera los $ 52.700 millones.

Según detalló Espinosa, "efectivamente hace un par de años se recibió un correo que daba algunos antecedentes respecto de una posible empresa que estaba trabajando, que no la mencionaba".

"Se analizaron los antecedentes y no se pudo incursionar más porque no había ningún indicio que hiciera presumir que había algún ilícito", dijo el jefe de la policía civil.

Hasta ayer se habían presentado 2.026 denuncias contra Patricio Santos Hernández, principal controlador de la firma y sus asociados, dijo el comisario Carlos Paz, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.

Del total de denuncias, 1.631 se presentaron en la Región Metropolitana y 395 en otras regiones.

El abogado Mauricio Daza entregó antecedentes que vincularían a miembros del Ejército con la firma AC Inversions. Según La Segunda, fuentes ligadas a la investigación indicaron que AC Inversions tenía entre sus filas a captadores que eran miembros de esa institución de las Fuerzas Armadas.

"La vinculación con el Ejército es una de las líneas de investigación que se está siguiendo, porque el nombre de esa rama fue utilizada para captar clientes bajo conceptos como 'confianza' y 'familia militar'", dijo el profesional.

Una de las hipótesis que se baraja es que la suerte de Santos y sus socios comenzó a cambiar cuando se retiraron de su empresa numerosos clientes pertenecientes al Ejército, después de que la institución recomendó en enero a sus miembros abstenerse de colocar dinero en este tipo de empresas. De hecho, el 14 de enero el general Miguel Alfonso Bellet, jefe de la VI División, envió una circular a distintas unidades señalando que la Dirección de Inteligencia había detectado que "numeroso personal militar" mantenía inversiones en estas empresas.

2.026 denuncias estaban formalizadas ayer de parte de afectados por la estafa de AC Inversions.

$ 52.700 millones ascendía hasta ayer el monto de la defraudación en contra de los ex clientes en todo el país.

395 de las denuncias corresponden a ex clientes en distintas regiones. En Santiago existen 1.631.

Un alto oficial ya fue sancionado

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El subdirector de la Academia de Guerra del Ejército, coronel Julián del Valle, fue sancionado y trasladado por su presunta vinculación con la empresa AC Inversions y su dueño Patricio Santos. El alto oficial fue notificado en diciembre del año pasado de la sanción. Según T13, Santos fue en, al menos una oportunidad, hasta el domicilio del coronel Del Valle, ubicado al interior de la Academia de Guerra en La Reina, ocasión en que también asistieron otros oficiales. El Ejército afirmó que como se encuentra una investigación en curso, no podía referirse al caso, especialmente porque el proceso se encuentra en etapa de apelación.