Estado, mercado y educación
Es fundamental preservar el papel de la iniciativa privada en la Educación, incluida aquella dirigida a la obtención de utilidades
Entre los mantras favoritos de la izquierda radical está la retirada del mercado del ámbito de la educación y el paralelo fortalecimiento de la intervención del Estado en él.
En mi opinión, es fundamental preservar el papel de la iniciativa privada en la materia -incluida aquella dirigida a la obtención de utilidades-, pues es clave para el pluralismo propio de una sociedad libre; a la vez que se requería y sigue precisando una mejor regulación, orientada a asegurar calidad y la transparencia necesaria para constatarla, así como a incrementar las posibilidades efectivas de elección de los estudiantes de familias menos adineradas. Por otra parte, un mayor gasto público en educación es deseable, pero con las prioridades claras, algo en que las políticas actuales andan muy descaminadas.
No viene mal recordar que la desregulación de nuestro sistema educativo se inscribe en un contexto en que la prioridad era aumentar cobertura. Se nos olvida que sólo a principios del presente siglo la educación media alcanzó al 80% de los jóvenes de la edad correspondiente, y que recién a comienzos de esta década la educación superior llegó a un tercio de ellos y la específicamente universitaria a un quinto. A partir de ahí había que añadir otras preocupaciones y la mayoría de lo que han hecho los últimos gobiernos en materia de calidad, transparencia y aumento de las posibilidades efectivas de elección de los menos adinerados ha sido positivo.
La más absurda de las nuevas regulaciones es la que ha prohibido los establecimientos escolares cuyos sostenedores retiran utilidades, uno de los máximos fetiches de la izquierda radical. Si tal objetivo se hace realmente efectivo, cerrarían malos colegios pero también muchos que son buenos, al tiempo que la educación escolar se convertiría en un virtual duopolio del Estado y la Iglesia Católica. Si, como es deseable, ello no ocurre, será porque la nueva regulación habrá permitido hipócritamente que los sostenedores se hagan de tales utilidades por otras vías, lo que sería una prueba evidente de la futilidad y burdo electoralismo de la medida.
Pero lo más grave de todo es la inversión de prioridades en el destino de los fondos públicos en que ha incurrido el actual gobierno, otra vez por una mezcla de crudo electoralismo y el funesto influjo de la izquierda radical. Nuestra principal y más urgente carencia está en la educación preescolar. Menos de las mitad de nuestros niños de tres años la reciben, mientras en el mundo desarrollado lo hace más del 90%. Y, sin embargo, no sólo se le destina una baja porción del gasto en educación, sino que las educadoras de párvulos han quedado postergadas de la Ley de Carrera Docente. En cambio, se insiste en la gratuidad universitaria, que beneficia principalmente a los mejor situados (actuales o futuros), no presenta ninguna ventaja respecto a un sistema de créditos bien diseñado y, como cuesta mucho más dinero, se hace a costa de postergar a nuestros niños pobres y de clase media vulnerable.
Claudio Oliva Ekelund
Profesor de Derecho Universidad de Valparaíso