La directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Marcela Labraña, calificó como "imprudentes" las declaraciones que realizó el sacerdote Gerardo Joannon respecto de la aprobación de la despenalización del aborto en tres causales.

En una entrevista publicada ayer por el diario La Tercera, el religioso cuestionó el debate legislativo y aseguró que "yo ayudé a que no murieran niños y ahora se legisla para matarlos".

Al respecto, Labraña comentó que Joannon "aprovechó, lamentablemente, un debate que se está dando en nuestro país para seguir justificando lo que él realizó hace mucho años atrás y obviamente que eso genera una molestia".

"Hay un proceso investigativo, hay juicios abiertos aún, que me parece totalmente imprudente y por lo demás yo hago una lectura también: él está confesando entonces que sí realizó todo esto. Entonces me gustaría que diera a conocer el paradero o la información para saber dónde están esos ex niños que hoy día son adultos y que sus padres los buscan y ellos buscan a sus padres", añadió la directora del Sename a 24 Horas.

En abril de 2014, Joannon fue vinculado a presuntas adopciones irregulares que ocurrieron en Chile entre las décadas de los 70 y 80. Las indagatorias realizadas por su congregación, los Sagrados Corazones, estableció que el sacerdote "participó activamente" en dos casos. La causa fue sobreseía por la justicia civil al estar prescrita.

"Me parece que es un buen camino expresarse a través de los medios de comunicación, pero él no tiene fuero de nada, y él frente a la justicia tiene que dar a conocer los antecedentes", apuntó Labraña.

Previamente, el Sename dio a conocer una declaración pública en la que manifestó que "indigna que Joannon siga abusando de la gente, juega a hacer creer que él no es culpable. Él le quitó hijos e hijas que eran deseados por sus padres, y que hoy siguen siendo buscados".

El vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, respondió los dichos de Joannon. "Es parte de la diversidad de opiniones que hay en Chile", indicó el ministro y agregó que sus palabras "no coinciden con el pensamiento de la mayoría del país".

La presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, afirmó que estas declaraciones "a mí me recuerdan lo que pasó exactamente cuando tramitamos la ley de divorcio. También nos trataron de antifamilia, divorcistas, destructoras de familias. Pero francamente yo creo que este Estado, que es laico, tiene derecho a legislar".

Pamela De Vicenzi

La ministra de Salud, Carmen Castillo, defendió ayer la aprobación del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales y cuya discusión se iniciará la semana que viene en el Senado.

Sin embargo, la secretaria de Estado descartó que la iniciativa tenga suma urgencia, a la vez que remarcó que "no queremos avanzar, en este momento, hacia un aborto libre".

"Nadie impone en esta ley, nadie quiere imponer una indicación de interrupción si no lo quiere. Por sí o por no la idea es que se siga avanzando", manifestó Castillo, quien ayer encabezó una actividad en la Farmacia Popular La Pincoya.

Castillo agregó que el debate en la Cámara Alta será un "desafío". "Estamos trabajando, porque nos interesa avanzar en lo que es restituir un aborto terapéutico que en este país alguna vez existió. Necesitamos formalizarlo en las tres causales específicas", resaltó la titular de Salud.

También aludió a uno de los argumentos en contra del proyecto de aborto. "No queremos avanzar en este momento hacia un aborto libre, estimamos que todo lo que en este momento está escrito en este proyecto de ley da fuerza a lo que hemos establecido", subrayó la ministra.

Tras la aprobación del proyecto en general y sus tres causales -inviabilidad del feto, riesgo de la vida de la madre y en caso de violación-, parlamentarios de Chile Vamos anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional (TC), acusando que esta iniciativa va en contra de lo establecido en la Carta Magna.

En esa línea, el jefe de bancada de los diputados UDI, Juan Antonio Coloma, manifestó que se espera el rechazo del proyecto en el Senado, ya que en caso contrario recurrirán al TC.

"Aquí lo único que nosotros queremos, para que no se caricaturice esto, es que la ida o nuestra presentación al Tribunal Constitucional es simplemente para que se cumpla la Constitución, para que se haga cumplir la ley y no intentar hacerle trampa a la legislación actual. Eso le haría muy mal al país", argumentó Coloma, citado por radio Bío-Bío.

En la celebración previa al Domingo de Ramos en el cerro San Cristóbal, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, respaldó las declaraciones de la Conferencia Episcopal sobre la aprobación del proyecto.

El escrito de la entidad religiosa, afirmó Ezzati, "refleja lo que a lo largo de todo el tiempo la Iglesia ha proclamado y proclama: la sacralidad de la vida de todo ser humano".

La autoridad eclesiástica destacó la lucha de la Iglesia "para abolir la pena de muerte y por eso luchó en otro momento para defender la vida de quienes estaban oprimidos por situaciones políticas. También lo hace ahora porque el principio es el mismo: la vida es sagrada y la vida es sagrada siempre".

Consultada sobre la postura de la Iglesia, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Claudia Pascual, señaló el viernes a CNN Chile que "indudablemente todos los ciudadanos, las ciudadanas y por supuesto la iglesias también tienen el derecho de emitir sus opiniones".

"Sin embargo, lo que nos convoca es poder tramitar en este proyecto porque sentimos nos permite no imponer ninguna decisión, ninguna resolución y por eso ha sido ampliamente valorado por la ciudadanía", agregó Pascual, quien expresó además que "no queremos que el debate se alargue de manera innecesaria".

El gobernador de Arauco, Humberto Toro, aseguró que los hechos de violencia registrados en el sector en las últimas semanas tienen relación con situaciones específicas vinculadas al robo de madera y ataques de grupos radicales.

Según la autoridad, en la zona hay "pequeños grupos, algunos bastante radicales, ideológicamente radicales y otro grupo que está vinculado a lo que llamamos la 'cadena de protección del robo de la madera'".

"Cuando se habla de los hechos de violencia en la zona de Arauco, hay que especificar que es en función a pequeños grupos que son violentistas, que son hechos graves y nosotros tenemos que perseguir sin ninguna contemplación, pero no hay que generalizar que en la provincia de Arauco se viven hechos generalizados de violencia. Son hechos específicos, en territorios específicos", explicó el jefe provincial en declaraciones a radio Cooperativa.

Toro señaló que se realizan trabajos con la comunidad mapuche para avanzar en una solución al conflicto. "Estamos estableciendo un camino a través de las demandas presentadas y que ha significado en concreto resolver una cantidad de compra de tierras con recursos por sobre los 18 mil millones de pesos en dos años, que es más de lo que se ha comprado e invertido desde que se formó la Conadi", sostuvo el gobernador.

El planteamiento del Ejecutivo en esta materia, indicó Toro, fue "identificar cuál era el verdadero conflicto, de lo que identificamos dos cosas: una, la legítima demanda del pueblo mapuche (el relativo mejoramiento de caminos, mejoramiento de la calidad de vida, fomento productivo) y el tema de tierras".