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"Los alcaldes no reclaman trato discriminatorio porque hay un sistema que garantiza objetividad"

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Cristián Rojas

El pasado viernes el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, estuvo en Valparaíso para detallar proyectos emblemáticos de la agenda de descentralización, como la elección de intendentes, que ahora serán gobernadores regionales, reforma constitucional que espera que esté aprobada en 2017, porque "en la ley de financiamiento, que es la que estamos enviando ahora, estamos creando un nuevo instrumento, que se llama el Contrato Región, que va a firmar el Presidente de la República con el Gobernador, en el que se comprometen que en el periodo que viene por delante van a desarrollar un conjunto de medidas para la región, y ahí la discusión programática que se dio en la campaña se expresa en un documento oficial".

También se refirió al nuevo estatus que tendrán los funcionarios municipales, que serán homologados a los demás funcionarios públicos.

- ¿Hay una presión de la Presidenta para aprobar el nuevo estatuto de los funcionarios municipales antes del 21 de mayo?

- Ese es nuestro objetivo, claro, hay una presión también de los funcionarios municipales para que eso ocurra, porque tienen un bono, hay mejoramiento de remuneraciones, asignación profesional, en fin.

- ¿Empieza a regir apenas se promulgue la ley?

- Es escalonado, una vez promulgada la ley, tenemos que definir un reglamento, hacer los cálculos correspondientes, los municipios nos tienen que hacer llegar información, actualizar la base de datos para ver cómo distribuimos los recursos desde la Subsecretaría a cada uno de los municipios. Ahora, la gracia que tiene la ley es que los beneficios son retroactivos desde el 1 de enero de 2016, es decir, si la ley queda habilitada en julio para pagar, se paga el beneficio a contar del 1 de enero.

- Este año es de elecciones municipales y siempre surgen suspicacias en torno a la Subdere, que podría favorecer a ciertos municipios ¿Cuál es el criterio de asignación de recursos?

- En este caso es prácticamente imposible, porque la propia ley de rentas municipales establece criterios objetivos para la asignación de recursos; ni la Subdere, ni el subsecretario, ni el ministro del Interior, ni el Presidente de la República pueden generar distorsión en esa distribución porque hay una forma de distribución que está establecida en la propia ley. Entonces, hace mucho rato ya que el mundo municipal ha hecho que convivan gobiernos de color azul con municipios de color rojo, y los alcaldes no reclaman por un trato discriminatorio, porque hay un sistema que garantiza un criterio de objetividad.

- Para votar la ley que reemplazará al intendente por un gobernador regional, desde ya algunos parlamentarios están condicionando su voto a que se haga un efectivo traspaso de competencias…

- Nosotros, en paralelo a esa reforma constitucional, tenemos en la Cámara de Diputados un proyecto de transferencia de competencias que aumenta de manera significativa las competencias que tiene hoy día el Gobierno Regional. El Gobierno de la Presidenta Bachelet se comprometió a iniciar con este mecanismo el traspaso de competencias en materia de fomento productivo, programas de Corfo, de Sercotec, en materia de infraestructura el Serviu, y en materia de desarrollo social el Fosis. Con todos esos servicios, significa que vamos a pasar de administrar uno a tres en el año 2021, hoy día los gobiernos regionales administran $1,1 billón, y en 2021 van a administrar $3 billones. Otro ámbito es el de la planificación del territorio, pero con atribuciones. Todos lo que tiene que ver con los planes reguladores ya es competencia de los gobiernos regionales, pero vamos a agregar otro instrumento de planificación, que es el plan regional de ordenamiento territorial, donde se definirán los usos preferentes de suelo, y estará por sobre el plan regulador comunal, será más amplio, por lo que el PRC se va a tener que someter en los criterios generales a este otro plan, y esa es una competencia muy importante, porque regula dónde se instala o no se instala un a industria, o regula cuál es el tratamiento que van a tener las áreas de conservación, toda la discusión ambiental, que en la Región de Valparaíso es muy importante, se va a tener que resolver en este plan. Ahora, el punto es que tenemos que ir transfiriendo competencias de manera ordenada y en un periodo de tiempo, porque en políticas públicas no es bueno hacer un shock, así que hemos determinado que haya un periodo de diez años en que vamos a ir transfiriendo competencias selectivamente, no a todas las regiones al mismo tiempo, no todas las competencias a todas las regiones, sino aquellas que las regiones definan como prioritarias".

- Los consejeros regionales esperan que esté cuanto antes esta ley. ¿Cuándo podría promulgarse?

- Nosotros también esperamos que esté cuanto antes. Ahora, nos falta el último trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que yo creo que va a estar en abril, y por tanto, antes del 21 de mayo esa ley ya debiese haber sido resuelta en la Cámara de Diputados, y de ahí vuelve al Senado. Nosotros esperamos que antes que termine el año 2016 tengamos aprobada esa ley de transferencia de competencias, de tal manera que en el año 2017, en que la Presidenta ha planteado la elección de gobernador regional, tengamos reforma constitucional aprobada y transferencia de competencias también aprobada.

- Aparte de que va a ser elegido por votación popular, ¿qué diferencia al gobernador regional del intendente?

- Primero, se dividen las funciones, el actual intendente tiene dos sombreros, por decirlo de alguna manera, tiene el sombrero del Ejecutivo, del Gobierno Regional, y en ese caso se relaciona con los consejeros regionales, que aprueban y ejecutan; y tiene el sombrero del Gobierno interior, y por ese lado hace la coordinación con las policías, hace todo lo que tiene que ver con el orden público, la seguridad ciudadana, lo que tiene que ver con extranjería, con autorización para que los migrantes lleguen o se vayan, en fin. Nosotros vamos a eliminar esa doble competencia y vamos a dejar a cada uno con su sombrero: el de seguridad ciudadana va a quedar a cargo de los delegados provinciales (actuales gobernadores) y el de desarrollo regional va a quedar en el gobernador regional.

- ¿Esperan que la ciudadanía se interese por votar esta nueva autoridad, considerando la crisis que vive la política?

- Eso es lo que nosotros esperamos, que haya mucha participación, por eso nos interesa que el sistema electoral del gobernador no sea de mayoría simple, sino que sea con segunda vuelta, porque lo que va a pasar es que como va a haber mucho interés, y nosotros queremos promover la participación, queremos que todos los grupos de interés que sientan que pueden tener una propuesta de desarrollo para la región puedan presentar un candidato, o más que un candidato, puedan presentar una propuesta programática de para dónde quieren que la región vaya en los próximos años.

- Y como va a ser un cargo tan apetecido y teniendo en cuenta la crisis que vive la política, ¿espera que se depure el sistema de financiamiento de la política antes de esa elección?

- Por supuesto, esto va de la mano con tres o cuatro cuestiones que están sucediendo y que son absolutamente complementarias, como la ley de transparencia, que agrega una nueva forma de enfrentar las campañas electorales y regula la actividad de los partidos políticos, que ya está siendo despachada en el Congreso. Un nuevo sistema de financiamiento de la política es vital porque lo que ocurre es que si no tienes un financiamiento para la política, ocurre lo que ha ocurrido, que los políticos empiezan a ser financiados de manera irregular, y eso le hace mucho daño a Chile. Entonces, a veces por no gastar un poco de plata bien gastada, terminamos en actos de corrupción que todo el mundo debiese detestar, y eso es muy importante para autoridades que van a manejar muchos recursos públicos después. Si el candidato se endeuda y es financiado por una empresa o por quien sea, eso no es por bondad, siempre hay un interés detrás. Entonces, nosotros decimos que eso tiene que ser independiente, de tal manera que ese funcionario o esa autoridad lo ejerza con independencia.

- ¿Y en cuanto a la regulación de propaganda? Porque los carteles de esos candidatos van a estar diseminados por toda la región.

- Eso debiese disminuir de manera muy significativa, porque hoy día los límites al gasto son más estrictos y va a haber alguna fiscalización, pero además nosotros quisiéramos promover un gran movimiento ciudadano para que controlen el gasto, hoy día con los celulares tú puedes sacar muchas fotos y eso denunciarlo después ante el organismo que corresponde, que es el Servel, y no sólo esperar que el Servel haga la pega. Los ciudadanos, cada uno de nosotros, también podemos hacer nuestra pega, y si uno ve que hay un abuso de un candidato que dice 'yo puse 20 palomas' y en realidad en una sola calle tiene 50, entonces saquémosle fotos a esas 50 y mandemos la denuncia ciudadana, eso se va a poder hacer también.

- Hay temores en pueblos chicos al interior de las regiones, que creen que el gobernador regional se va a centrar en las grandes ciudades, donde hay más votos…

- Hay varias razones por las cuales creemos que eso no va a ocurrir. Primero, porque no vamos a modificar la forma de elección de los consejeros regionales. Entonces, si un gobernador regional tuviera la tentación de quedarse sólo en las grandes ciudades, donde está la mayor cantidad de votos, van a ser los propios consejeros regionales que provienen de esas provincias más rurales los que van a tener que presionar en el Consejo, y la experiencia muestra que esa es una muy buena fórmula. Después está la tarea del Estado, que va a seguir teniendo recursos para ir en ayuda de áreas que queden más desprotegidas, y si el Estado a través de un programa de Gobierno llega a un sector rural, pobre de ese gobernador regional si no lo sigue, porque va a terminar perdiendo y se va a transformar en una debilidad.

- ¿Qué hay de la creación de la Región de Aconcagua?

- Ahora iniciaremos el estudio de la futura Región de Aconcagua y el compromiso del Gobierno es estudiar la viabilidad técnica. Ese estudio ya está licitado y nosotros estamos esperando tener las propuestas, que esperamos en abril puedan llegar y abrirlas, de tal manera de contratar un estudio durante el año 2016.

- ¿Y Placilla de Curauma?

- Ya se está llegando al término del estudio y nosotros esperamos que en agosto o septiembre ya tengamos los resultados definitivos para enviárselos a la Presidenta, quien va a tomar la decisión.

- En Valparaíso hay una postura transversal en torno a la creación de una nueva ley de puertos, que permita que los recursos por tributos de los puertos queden en las propias ciudades y no vayan a Santiago. ¿Qué tan factible es iniciar esa discusión?

- Es un tema bien complejo, porque en principio nosotros lo estudiamos como una alternativa de financiamiento en las regiones, pero el problema es que los puertos son hoy día competitivos entre sí, entonces si tú le subes la tributación al puerto para que una parte quede en la región, ese puerto inmediatamente se vuelve menos competitivo.

- Eso en caso que se aumente la tributación, ¿pero si se mantiene y en vez de ir a Santiago eso queda en la ciudad puerto?

- Pero es que los tributos hoy día son muy poco significativos, prácticamente no hay tributos, lo que hay es una concesión, y esa concesión en muchos casos tiene subsidios del Estado, es al revés, es el Gobierno central el que le paga al concesionario del puerto por operarlo, porque ha hecho una inversión y se está pagando esa inversión, entonces por eso es que, si bien es una buena idea, en el mundo son los municipios los dueños de los puertos, pero eso implica una reforma muy significativa.

- ¿Pero habría disposición a estudiar esa reforma?

- Nosotros no nos cerramos, creemos que es un tema que requiere mucho estudio eso sí, porque hay que cuidar que no se afecte la actividad productiva del puerto, y más impuestos puede significar eso, pero no estamos cerrados. Lo que nosotros decimos es que en esta etapa estamos generando la institucionalidad, la reforma política, la transferencia de competencias en los gobiernos regionales, esa es la tarea de este Gobierno; desgraciadamente, tenemos cuatro años nomás y tenemos que focalizar, porque si quisiéramos hacer todo, finalmente no terminamos haciendo nada, entonces creemos que el próximo año vamos a tener terminada una parte importante de las reformas, y lo que viene después es implementarlas, pero el año 2018 creo yo que es el año de la discusión de los nuevos instrumentos, y ahí es donde el próximo gobierno va a tener que hacer propuestas en esta materia.

"Esperamos que antes de que termine el año 2016 tengamos aprobada esa ley de transferencia de competencias, de tal manera que en el año 2017, en que la Presidenta ha planteado la elección de gobernador regional, tengamos reforma constitucional aprobada y transferencia de competencias también aprobada"

"Ni la Subdere, ni el subsecretario, ni el ministro del Interior, ni el Presidente de la República pueden generar distorsión en esa distribución"