Durante el segundo semestre de este año, el Centro de Educación y Trabajo (CET) La Pólvora, dependiente de Gendarmería, contará con cuatro equipos eólicos helicoidales, tres de los cuales serán instalados por los propios reclusos, en el marco de un proyecto que busca darle sustentabilidad energética a dicho centro. Los reos también serán los encargados de instalar cuatro postes solares, que también buscan transformarse en un aporte energético. El director del recinto, capitán Luis Ibañez, explicó que "espero que podamos, al menos, colaborar con un 25 a 30 por ciento de la energía total que ocupamos".

El 22 de abril se conocerán las cuatro propuestas económicas que se presentaron para adjudicarse la relicitación de la ruta Nogales - Puchuncaví, vía que une la 5 norte con sectores costeros como Maitencillo, Zapallar y Papudo. El Ministerio de Obras Públicas realizó ayer la recepción de ofertas donde se conoció el interés del consorcio conformado por Besalco Concesiones S.A, empresa constructora Belfi S.A e Icafal Inversiones S.A.; Sacyr Concesiones Chile SpA; Nueva Concesión Nogales-Puchuncaví compuesta por Acciona Concesiones Chile Ltda. y CAM Holding SpA; y OHL Concesiones Chile.

Hasta las 17 horas de hoy los académicos de la Universidad de Valparaíso (UV) podrán votar en la elección de rector, que definirá si la actual máxima autoridad del plantel, Aldo Valle, se mantiene en su cargo por un tercer periodo consecutivo, o da paso a la candidata Caroline Weinstein, que intenta sucederlo.

El presidente del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Luis Villavicencio, detalló que el proceso se está dando con normalidad, y lo esperable es que vote poco más de la mitad de los académicos habilitados para sufragar, de acuerdo a como se han dado los procesos anteriores.

Ayer fue el primer día de votación, y en el frontis de la ex Facultad de Medicina de la UV, en calle Hontaneda, un grupo de estudiantes decidió manifestar su descontento por haber sido excluidos de la votación, pese a que existe un estatuto aprobado en 2012 que le confiere derecho a voto a ellos y a los funcionarios.

Los estudiantes pusieron parches en sus bocas y se hincaron en el frontis del lugar de votación, y al respecto, el secretario general de la Federación de Estudiantes (FEUV), explicó que lo hicieron para poner de manifiesto que no tienen voz en este proceso, y agregó que para hoy convocaron a una concentración en el mismo lugar.

Respecto de la actividad que se estaba desarrollando en el frontis de la ex Facultad de Medicina, Villavicencio señaló que "es absolutamente legítimo que los estudiantes manifiesten su parecer y mientras no se interrumpa el normal funcionamiento del proceso electoral, nosotros como estamento académico no tenemos nada que decir ni pronunciarnos respecto de lo que ellos opinan".

En cuanto a la votación triestamental que demandan los estudiantes, en base al estatuto aprobado el año 2012 por académicos, alumnos y funcionarios, Villavicencio explicó que "está todavía pendiente de transformarse en ley y mientras no sea aprobado como tal, aunque exista incluso la voluntad política por parte de las autoridades, de realizar elecciones donde participen el estamento estudiantil y el de los funcionarios administrativos, no es posible realizarlo, porque entre otras cosas, nos arriesgamos a que los tribunales declaren ilegal el proceso".

Ripley usó su opción preferente para adquirir parte de la propiedad a Cencosud y mediante el pago de US$ 81 millones aumentó desde 33% a 50% su participación en Inmobiliaria Mall Viña del Mar, firma que lleva adelante el proyecto de nuevo Mall de 14 Norte, obra que se encuentra detenida debido a un conflicto entre el gestor y el municipio de Viña del Mar en torno a los permisos de obras.

"De este modo, Ripley y Parque Arauco controlarán cada uno el 50% de la sociedad", informó el retailer ligado a la familia Calderón mediante un comunicado.

"Esta sociedad tiene un activo irrepetible como es Mall Marina Arauco con una ubicación privilegiada y una de las mayores rentabilidades por metro cuadrado de Chile, que lo vuelven una excelente inversión", explicó Lázaro Calderón, gerente general de Ripley Corp en un comunicado.

Cristián Rojas M.

Se siguen sumando voces al malestar que ha provocado en Valparaíso el hecho de que todavía no se haya dado a conocer el resultado del Estudio de Impacto Patrimonial (EIP) recomendado por la Unesco y encargado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) al arquitecto colombiano Juan Luis Isaza, informe que versa sobre los proyectos en el borde costero, específicamente el Terminal 2 TCVAL y el mall Puerto Barón, por el posible impacto que pueden generar en la ciudad.

Ahora se sumó a las críticas la exdirectora de la Dibam, Marta Cruz-Coke, quien durante el ejercicio de ese cargo, en 1995, se encargó de presentar por primera vez la postulación de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad ante la Unesco, y ayer publicó una carta en El Mercurio de Santiago alertando sobre el secretismo que envuelve la divulgación del EIP.

En la misiva, la exdirectora de la Dibam hace notar que "el informe fue completado y entregado en noviembre. Es un documento público, por cuanto están directamente involucrados el Estado chileno y la Unesco. Y en su publicación y acceso al público está comprometido el prestigio de Chile, que aceptó encargar el informe y recurrió para ello a un experto ajeno al entorno chileno".

Asimismo, Cruz-Coke expuso que a la divulgación del EIP se opone la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), que "a fin de retrasar o impedir la divulgación del documento (…) ha recurrido a la Ley de Transparencia del Estado, explicando que el conocimiento del informe dañaría sus intereses económicos y comerciales (…). En otras palabras, esforzándose porque la Ley de Transparencia no sea transparente".

"proteger ese espacio"

Consultada por este Diario, Marta Cruz-Coke profundizó en sus cuestionamientos, agregando que "la comunidad de Valparaíso desea proteger ese espacio para que sea lo más propicio para la gente, y no que se construyan a troche y moche estructuras que hagan daño y que le quiten el único espacio que le queda. En los países civilizados esos espacios quedan para el uso de la gente, como lo que se hizo en Barcelona o en Nueva York, en esa península donde antes atracaban los barcos y hoy es un paseo maravilloso".

No obstante, está consciente de que el puerto requiere una expansión, aunque estima que "la Empresa Portuaria tiene que buscar medios para que el puerto pueda ser más grande, acorde con el comercio y trabajo que existe hoy, pero eso no quita que hay que respetar los espacios buenos que quedan para que la gente de Valparaíso pueda pasear ahí".

En cuanto al proyecto mall Puerto Barón, la exdirectora de la Dibam fue lapidaria, al afirmar que "el mall es absolutamente inaceptable, eso lo tengo clarísimo. Cualquiera sea el argumento que se haya dado, el mall es inaceptable, porque es un centro nada más que de comercio y no de agrado".

¿malas noticiaS?

Por su parte, el diputado Joaquín Godoy hizo hincapié en que "transcurridos cinco meses de la fecha límite, hasta hoy no se sabe la suerte que ha corrido dicho estudio, debido a lo cual diferentes instituciones, la sociedad civil, colegios profesionales, nos preguntamos cuán malas serán las noticias contenidas en dicho estudio para que hasta ahora se mantenga en estricto secreto".

En este sentido, Godoy sostuvo que "mantener en secreto un documento que incidirá definitivamente en la ciudad y su futuro parece de extrema gravedad, por lo cual una situación de esta naturaleza debe transparentarse ante la ciudadanía a la mayor brevedad. No se trata de respetar los procesos ni de señalar que el experto solo ha entregado un borrador, ya que el plazo de entrega del estudio - y no de un borrador - fue el 25 de octubre de 2015, sino se trata de respetar los convenios y a la ciudadanía. Dibam, como institución pública, debe una explicación a todos nosotros por restringir y mantener en secreto los resultados de un estudio que debe ser puesto en conocimiento de Unesco".

La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la medida cautelar que impuso el Tribunal de Garantía de Limache a la concejala Cynthia Marín, quien fue formalizada por el delito consumado de fraude al Fisco. De esta forma, la edil deberá cumplir con los 180 días bajo arraigo nacional y la firma mensual que le fijó el tribunal. "Atendiendo al mérito de los antecedentes y en virtud de sus propios fundamentos se confirma en lo apelado la resolución (...) que decretó las medidas cautelares (...) respecto de la imputada Cynthia Marín Vera", dice el dictamen entregado por el tribunal de alzada.