El presidente de la UDI, Hernán Larraín, acusó que por la "complicidad de gobiernos extranjeros" no se ha podido hacer justicia en el caso del crimen del fundador del partido, el exsenador Jaime Guzmán.

El timonel del gremialismo se refirió a ese tema durante la tradicional romería para conmemorar el fallecimiento del ex dirigente, que fue asesinado hace 25 años.

"Gracias a las complicidad de gobiernos extranjeros, que dicen condenar los atentados a la vida, pero que cuando se atraviesan intereses políticos miran por el techo e impiden en la práctica que se haga justicia", apuntó Larraín en la ceremonia que se realizó en el Cementerio General.

Respecto a la calidad de refugiado que recibió en Argentina al exfrentista Galvarino Apablaza, el presidente del partido señaló que "gracias a las complicidad de gobiernos extranjeros, que dicen condenar los atentados a la vida, pero que cuando se atraviesan intereses políticos miran por el techo e impiden en la práctica que se haga justicia".

Pese a esto, indicó que las gestiones que ha hecho su partido y la familia Guzmán, así como por el Gobierno y con la llegada del recientemente asumido Presidente argentino, Mauricio Macri, "abren esperanza" de que el caso pueda tener "un nuevo desenlace".

"Confiamos en que se abrirán las puertas para que la justicia chilena pueda cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los autores de un crimen alevoso y aún impune", sostuvo Larraín.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que "los Derechos Humanos (DD.HH.) del primer senador asesinado en democracia por manos de un grupo de cobardes, no parecen ser tan relevantes ni prioritarios para algunos sectores del país. Esto queda demostrado con Galvarino Apablaza, autor intelectual de este crimen, quien transita libremente por Argentina contando -incluso- con el respaldo y apoyo de organizaciones internacionales de DD.HH.".

En el acto de conmemoración reapareció el ex senador de la UDI, Jovino Novoa, único condenado por el caso Penta, quien llegó hasta el cementerio con una rosa blanca y se limitó a hacer breves declaraciones.

"No voy a hacer declaraciones, hoy día estamos conmemorando los 25 años de la muerte de Jaime, es lo que nos convoca y los demás temas no son relevantes en este momento", manifestó.

Paola Passig

"No es que esté de acuerdo en que se hayan violado los DD.HH. en Chile, pero sí, por un tema humanitario, quienes tienen más de 75 años o están afectados por una enfermedad grave, debieran tener la posibilidad de cumplir una pena alternativa como es, por ejemplo, el arresto domiciliario".

Ese es el escenario que el vicepresidente de la UDI, Edmundo Eluchans, considera necesario para restablecer la paz social y afianzar la reconciliación en Chile. Y esto es lo que lo ha motivado, casi a título personal, a abogar para que este beneficio que la Cámara y el Senado aprobaron para la generalidad de los reos del país, también incluya a quienes estén procesados por violaciones a los DD.HH.

Esto luego que la Cámara aprobara una indicación que los excluye, propuesta que el Senado debiera votar la próxima semana en el contexto de la llamada agenda corta antidelincuencia. Es por eso que el exparlamentario gremialista ha sostenido una serie de conversaciones, a todo nivel, para intentar convencer que "lo razonable es pensar en alguna forma alternativa de cumplir el saldo de la pena en su residencia".

- ¿Por qué incluirlos?

- Ha habido declaraciones de muchas personas que apoyan una iniciativa de esta naturaleza. Es un tema que he estado tratando con Hernán Larraín, presidente de mi partido y miembro de la Comisión de Constitución, y el diputado Arturo Squella, miembro de la Comisión de Constitución. El tema se debatió en la Cámara donde se bajó de 80 a 75 años y se excluyó del beneficio a quienes estén procesados por delitos de DD.HH., y que ahora se encuentra en el Senado. Es de justicia que en ambos casos se incluya a personas cuya condena esté motivada por delitos vinculados a los DD.HH. Creo que si hay razones humanitarias y que son de verdad, porque deben acreditarse, y se cumpla con el tope de edad indicado, deben incluirse.

- ¿Esta es una norma para todos los presos que cumplan esas dos condiciones?

- En esto hay que ser cuidadosos porque razones humanitarias nos deben permitir legislar en esa dirección, pero si ponemos que es a partir de los 75 años, no puede convertirse esto en una ley que signifique impunidad para las personas mayores de esa edad o que las personas de esta edad empiecen a delinquir con libertad porque no van a ir a la cárcel. O que una persona a los 74 años 10 meses diga en el peor de los casos me van a tocar dos meses de cárcel. Esto tiene que estar ligado a un cumplimiento parcial y habrá que discutir cuál es el tiempo adecuado de la pena. Tiene que haber una cosa que sea seria, sensata y que no sirva para burlar el espíritu de la norma.

- ¿Cómo le ha ido en sus conversaciones?

- Hemos conversado con mucha gente. No pudo referirme a quienes no lo han hecho público, pero sí sobre quienes sí lo hicieron público, como el padre Fernando Montes, que ha sido muy severo en condenar las violaciones a los DD.HH., o la abogada Clara Szczaranski. He conversado con altas autoridades del Poder Judicial, con altas autoridades de la Iglesia, con algunos ministros de Estado, con personas que tienen vinculación con personas afectadas por esta situación y que están cumpliendo penas de cárcel, y que tienen enfermedades graves. Estamos en eso y esperamos tener éxito porque nos parece de justicia. Como dijo un juez, los DD.HH. son para todos, incluso para quienes han delinquido

- ¿Es factible que la indicación que los excluye se rechace en el Senado?

- Sí. Yo creo que sí. Ahora, no sé si me parece que la norma deba ir necesariamente en una ley de agenda corta antidelincuencia. No sé si es el lugar más adecuado.

- ¿Han tenido buena recepción sus gestiones?

- La verdad es que el sondeo que he hecho es positivo.

- ¿También el Gobierno?

- No, sería extremadamente irresponsable de mi parte tomar el nombre del Gobierno para decir algo de esta naturaleza. Lo que sí sé es que hay algunas personas del Gobierno con las que he conversado que estiman que esto es una cuestión razonable. Ahora, aquí no estamos inventando nada nuevo. Hay muchas legislaciones en el mundo que contemplan estas salidas alternativas cuando se llega a cierta edad o cuando hay una enfermedad grave que así lo justifica. Eso existe en Europa, en Latinoamérica. No es un invento.

- ¿Por qué ha costado tanto en Chile?

- En esto quiero ser bien respetuoso y entiendo a los familiares que fueron víctimas de violaciones a los DD.HH., pero quienes estamos en política en la búsqueda de la paz social, tenemos que contribuir a buscar soluciones para tener una convivencia pacífica. Estas son lecciones que debemos aprender, pero estamos frente a seres humanos que están sufriendo y el país tiene la obligación de respetar el dolor de esas personas.

"Quienes estamos en política tenemos que contribuir a buscar soluciones para tener una convivencia pacífica. Estas son lecciones que debemos aprender, pero estamos frente a seres humanos que están sufriendo"