Alexis Paredes R.
Dos millonarias demandas civiles indemnizatorias en contra de la Fundación Educacional Colegio Sagrados Corazones de Viña del Mar y su representante legal, quien también es la rectora del establecimiento, Patricia Hola Charmy, se encuentran a trámite en el Segundo Juzgado Civil de dicha ciudad. Los libelos fueron interpuestos por los padres de dos de los 15 menores que fueron víctimas de abusos sexuales reiterados en los cursos de prekínder y kínder, según consta en la carpeta del Ministerio Público, por parte de un profesor del taller de teatro que se desempeñaba en dicho establecimiento y por el cual fue condenado a 5 años de presidio menor en su grado máximo, pero bajo el régimen de libertad vigilada.
Las demandas alcanzan la suma de 230 millones de pesos, 100 millones y 130 millones en cada caso, con lo cual los progenitores buscan resarcir en parte los graves secuelas sicológicas y tratamientos en que han debido incurrir las familias producto de las agresiones sexuales reiteradas ocurridas dentro de uno de los colegios más tradicionales de la zona. En ambos casos, las demandas están en tramitación y se espera la presentación de las pruebas para avanzar en los procesos, ya que no ha existido ningún tipo de conciliación con la fundación que administra el establecimiento.
El caso salió a la luz pública en abril de 2012, cuando aparecieron las primeras denuncias por parte de menores de 5 y 6 años que habían sido abusados por el profesor de teatro Marcelo Vidal Vásquez, conocido como el "Tío Marcelo". Los hechos causaron gran conmoción en la comunidad educativa del plantel y con el transcurso de las semanas surgieron nuevos antecedentes que culminaron con la encarcelación de Vidal, en julio de ese año. El 15 de octubre de 2013 y en un juicio abreviado, luego de reconocer los hechos que se le imputaban a cambio de una rebaja de condena, Vidal fue sentenciado a 5 años de libertad vigilada, asegurando que, pese a ser inocente, debió inculparse para salir de la cárcel, tras año y medio en prisión preventiva, ya que en juicio oral arriesgaba una pena de 15 años.
El acuerdo con el Ministerio Público evitaba un largo juicio y la revictimización de los menores afectados, quienes ya habían sido sometidos a peritajes de veracidad del relato por parte de especialistas de la PDI.
Aunque la pena fue inferior pese a la gravedad de los hechos, el fiscal del caso, Osvaldo Ossandón, insistió que Vidal fue condenado por "delitos de abuso sexual con tocaciones directas a menores y por la exhibición de sus genitales a otros menores", con el agravante de ser el profesor y la absoluta imposibilidad de defensa por parte de las víctimas.
El abogado Marcos Zamora, quien representa a los padres de uno de los afectados, recalca la responsabilidad del colegio en estos hechos. "Es una consecuencia efectiva de que el colegio no tomó los recaudos al momento de contratar a esta personas. Las normas educacionales establecen que, para quienes no son profesores de oficio, deben efectuarle un examen sicológico previo, en este caso no hubo, lo cual incluso lo reconoce la rectora del colegio, sobre la existencia de 'problemas administrativos' respecto a la contratación de Marcelo Vidal. Es más, el colegio tiene una multa por la Superintendencia de Educación al respecto".
Zamora recalca que el establecimiento "no tenía las medidas de seguridad adecuadas. Cuando inauguraron ese colegio se fusionaron dos establecimientos, Valparaíso y Viña, y hubo una serie de aspectos negligentes del colegio respecto a evitar que estos hechos ocurrieran. El docente estuvo abusando un año y medio de dos niveles de menores, pero en ese aspecto el colegio era inseguro y no se cumplieron con todos los aspectos de seguridad".
Por tal motivo, con la demanda civil se pretende que el colegio "repare el daño moral provocado a las víctimas y a los padres, en ambos casos están en terapia, algo que los va a acompañar por el resto de sus días. Que se repare económicamente la aflicción y sufrimiento padecido por las propias víctimas y sus padres. Esto pasó por mucho tiempo en dos niveles de niños y en dos años seguidos, por lo que el colegio tiene un gran responsabilidad al o no haber adoptado los mecanismos de seguridad tendientes a evitar estos abusos", insistió.
En materia civil se trata de juicios largos, donde por el momento no ha existido ningún tipo de acuerdo con el colegio para reparar los daños de la demanda. Queda pendiente una audiencia de conciliación en ambos casos, tras lo cual corresponde el periodo de prueba donde se entregan al tribunal los informes sicológicos, siquiátricos y el expediente criminal de este caso de abusos, que estremeció a la opinión pública local.
Trascendió que la fundación habría llegado a un acuerdo extrajudicial con los padres de una decena de víctimas que se mantienen como alumnos de los SS.CC. El arreglo contemplaría eximirlos del pago de matrícula y aranceles, sin descartar tampoco el pago de dinero a objeto de evitar otras demandas.
Según fundamenta una de las querellas, estos acuerdos representan "al menos un reconocimiento tácito de la responsabilidad civil del colegio en los hechos" y, por otra, "produce el efecto tácito de silenciar a quienes optaron por esa solución anticipada".
Patricia Hola, detalló que "por respeto a las familias y a los niños son situaciones que se han abordado en lo personal con cada una de las familias".
