Alexis Paredes R.

Expectación había ayer en las afueras de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde el pleno escuchó los alegatos de solicitud de desafuero del disputado por el Distrito N° 10, Christian Urízar, quien desde hace un año está formalizado por el delito de fraude al Fisco reiterado por un monto de $ 60 millones, debido a su presunta responsabilidad en la sobrevaloración de precios y desvío fondos para campañas políticas a través de la adjudicación de proyectos concursables con cargo al 6 % del FNDR, en las áreas de cultura, deportes y seguridad. Estos ilícitos se habrían cometido en el periodo 2011-2013, en el cual el parlamentario se desempeñaba como consejero regional (core).

En los alegatos, que se extendieron por una hora y media, litigaron el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía de Valparaíso, Claudio Rebeco; el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Javier Rojas-Mery, entidad que se querelló en contra de los involucrados en una de las aristas del denominado Fraude a la Intendencia 2, y el defensor del parlamentario, Andrés Benavides, quien refutó duramente los argumentos del Ministerio Público y querellantes en la causa, acusando una "falta al principio de objetividad".

Finalizadas las exposiciones, tras las cuales el tribunal de alzada deberá resolver en fecha próxima si aprueba o rechaza la petición de desafuero, lo que podría llevar al parlamentario a enfrentar un juicio oral y eventual pena de hasta a 5 años y un día de presidio, quedó la interrogante respecto a la forma en que los 14 ministros evaluarán los argumentos presentados.

Preguntas de los jueces durante los alegatos respecto a si habían "pruebas objetivas" en contra del parlamentario que lo inculpasen directamente en las defraudaciones de las que está siendo acusado o la existencia de evidencias, respecto a que los fondos sobrevalorados efectivamente se utilizaron en el financiamiento de campañas políticas, dejaron a trasluz las interrogantes de los magistrados en esta causa, por lo que se especula que será un votación estrecha con respecto al desafuero.

El fiscal Rebeco detalló que la participación de Urízar se relaciona con la defraudación a través de 11 proyectos adjudicados con cargo a la "cuota" que tenían los consejeros regionales en la glosa del 6 % de los proyectos concursables al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que tiene a disposición el Gobierno Regional, destinados a iniciativas culturales, deportivas y de seguridad ciudadana y financiados a través de esta subvención estatal.

Debido a este "acuerdo político" en el Gobierno Regional, donde el 30 % de estos recursos eran entregados por el intendente y el otro 70 % distribuido en cuotas iguales entre los 28 consejeros regionales, para designar y aprobar proyectos para sus respectivas provincias.

Según Fiscalía, en su calidad de funcionario público como core de la provincia de Quillota, "consintió en la defraudación cometida por su amigo y socio político Luis Vásquez Aguillón", funcionario de Gendarmería, que actualmente figura como su jefe de gabinete en la Cámara, que a la fecha de los hechos investigados era el representante legal de la empresa Genes I.E.R.L. A través de esta entidad habrían promovido la captación de asociaciones y entidades cuyos integrantes eran afines al Partido Socialista, para efectos de postular a los proyectos y obtener las aprobaciones en el Gore.

En este contexto, la empresa ofreció sus servicios a diversas organizaciones y juntas de vecinos de La Calera, Hijuelas y Nogales por un determinado monto. Una vez aprobados los recursos y depositados en las cuenta corrientes de las distintas entidades, Vásquez retiraba la diferencia de precio que se habían pactado. Tanto la elaboración del proyecto, como su postulación y rendición de cuentas corría por parte de la empresa Genes, lo cual permitía la sobrevaloración de precios, con el consiguiente perjuicio fiscal.

La participación de Urízar, según Fiscalía, radica en que, habiendo sido miembro del Core, habría participado en la aprobación de estos proyectos a sabiendas que quien retiraría las "utilidades" sería el representante legal de la empresa Genes.

La Fiscalía insiste en que, si bien en primera instancia algunos de los proyectos tuvieron un bajo puntaje por parte de la comisión evaluadora, a través de la intervención del diputado las iniciativas habrían sido reevaluadas, para ser incorporadas dentro de la lista de proyectos elegibles para conseguir su aprobación y la asignación de los subsidios fiscales, donde además Urízar votaba en favor de dichos proyectos.

De acuerdo a los peritajes contables realizados a los 11 proyectos cuestionados, por un monto de 117 millones 500 mil pesos, arrojaron que hubo una ganancia sobrevalorada de $ 60 millones.

Uno de los aspectos que generó amplio debate en los alegatos tuvo relación con la segunda arista del fraude, en la comuna de La Calera, donde el grupo folclórico "Danzas de mi tierra" fue reclutado para elaborar un proyecto por $ 350 mil para la adquisición de disfraces y, finalmente, se aprobó un monto por $ 8 millones.

Al enterarse los representantes de la agrupación que se les había asignado un monto mucho mayor y las sospechas de una ilegalidad, se negaron entregar el sobreprecio a Urízar y Vásquez, quienes en varias ocasiones concurrieron al domicilio de la presidenta. Tras averiguaciones, los integrantes optaron por gastarse los dineros en dos paseos al complejo Rosa Agustina, por un monto de $ 3 millones, y otras actividades. Al momento de rendir, dos años después de adjudicados los dineros, solicitaron una boleta ideológicamente falta por $ 5 millones, situación que fue detectada por los organismos de control del Gobierno Regional y los antecedentes derivados a Fiscalía.

En tal sentido, la defensa cuestionó la credibilidad de la misma testigo que utiliza el Ministerio Público para imputar el delito de fraude al fisco frustrado a Urízar, ya que a la vez está siendo investigada por Fiscalía en otro delito por los fondos concursables.

El defensor también esgrimió la falta de certeza respecto al paradero de los 60 millones en que se habría defraudado al fisco. "La rendición de la candidatura ante el Servel estaba aprobada, por tanto no puedo venir en esta instancia a conjeturar que esos $ 60 millones fueron a financiar una campaña, porque eso es simplemente construir un castillo en el aire. Mi representado no mandó ningún correo electrónico, no emitió ninguna boleta, no tuvo ninguna intervención objetiva. ¿Qué hizo concretamente este señor?.. cantar, ir a ser conocido por las personas que participaron en los proyectos", sostuvo el abogado.

La petición de desafuero quedó en acuerdo y aún no existe fecha para que la corte entregue el fallo.

"Hay antecedentes serios y suficientes que permitirían llevar a juicio oral este caso. Aquí no hay sesgo político, hemos ingresado causas de distintos sectores: RN, PS y formalizaciones de militantes de la UDI" Claudio Rebeco Fiscal URAC de Valparaíso "La falta de claridad o destino respecto de los fondos es irrelevante para los efectos de estar frente a un fraude al Fisco. La sobrevaloración de los proyectos se acreditó"

Javier Rojas-Mery Abogado Consejo, Defensa del Estado

11 proyectos con cargo al 6 % del FNDR del Gobierno Regional están involucrados en la causa por fraude al Fisco que investiga la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía.

$ 60 millones alcanza el monto defraudado a través de la sobrevaloración de precios en proyectos concursables al FNDR, en la arista "Doña Anita", para realizar paseos por el día y fiestas infantiles en Olmué.

$ 8 millones fue sobrevalorado un proyecto para el grupo folclórico "Danzas de mi tierra", en La Calera, cuya representante legal no reintegró los fondos y ahora está imputada por Fiscalía.