Alexis Paredes R.

A casi 11 meses del inicio de la investigación penal, luego que el estudiante Rodrigo Avilés Bravo (29 años) quedara al borde de la muerte, tras ser impactado violentamente por el chorro de un carro lanzagua de Carabineros cuando finalizaba una marcha por el centro de Valparaíso, la tarde de 21 de mayo pasado, el exsuboficial Manuel Noya Pavis (39 años), quien operaba el pitón del vehículo policial que enfrentó a un grupo de manifestantes que caminaban por la vereda de la calle Pedro Montt hacia la plaza Victoria, fue formalizado por el delito de lesiones de carácter grave en grado de consumado.

Debido a la responsabilidad en los hechos que se le imputan, no haber actuado de acuerdo al protocolo establecido por la institución para accionar el agua en contra de personas y las graves secuelas sufridas por la víctima, quien aún no recibe alta médica y su evolución es incierta, el expolicía quedó bajo las medidas cautelares de prohibición de salir del país, firma mensual mientras culmina la investigación y seis meses para agotar diligencias.

Pese a que según los antecedentes entregados por el fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade, las indagaciones estarían avanzadas, con declaraciones de testigos, tres filmaciones que dan cuenta de la dinámica de los hechos, pericias planimétricas por parte del Lacrim de la PDI al carro lanzagua, además de dos peritajes del SML sobre las lesiones sufridas por el afectado y el complicado pronóstico que enfrenta, debido a las lesiones neurológicas sufridas y las intervenciones reconstructivas del cráneo, la familia de Rodrigo Avilés insiste en la responsabilidad del alto mando de Carabineros.

Acusan que desde un primer momento ha existido "ocultamiento de información" por parte de la institución, exigiendo que, a la brevedad, el general director, Bruno Villalobos, entregue el resultado del sumario interno instruido, a objeto de establecer responsabilidades funcionarias y administrativas. La molestia de Félix Avilés Fredes, padre de Rodrigo, también apunta a que Carabineros continúa entregando asesoría legal al exsuboficial Noya, pese a ser dado de baja. El equipo jurídico de la V Zona, encabezado por el coronel (J) Rodrigo Zapico y el abogado Álvaro Sobarzo-Legido asistieron a la audiencia en calidad de defensores de Manuel Noya. Si bien no emitieron declaraciones, trascendió que la institución otorga asesoría legal debido a que los hechos ocurrieron en "acto de servicio" y está contemplado en la Ley Orgánica de Carabineros. Respecto a la investigación interna por eventuales responsabilidades, está en etapa de notificación a los implicados.

El fiscal Cristián Andrade aseveró que la formalización en contra del excarabinero es la etapa inicial de la judicialización de la causa, donde se le comunicaron a Noya Pavis los hechos por los cuales es investigado.

En este caso, cuando el exfuncionario policial accionó el pitón del carro lanzagua en contra de una multitud de personas, el persecutor aclaró que existiría un "dolo eventual", vale decir, "no es que el señor Noya haya querido lesionar al señor Rodrigo Avilés, sino que realiza una acción que es capaz de ocasionar el resultado, con indiferencia a la provocación del mismo, lo que también configura la hipótesis del delito de lesiones graves y no un cuasidelito".

El persecutor insistió que la evolución del estado de salud es un aspecto relevante para la calificación del delito, que tiene penas distintas, por lo que "necesitábamos establecer en forma definitiva cuál era la evolución de salud para poder adecuar esa situación a nuestra legislación. En este caso, entendemos que se configura el delito de lesiones graves, situación que tenemos que determinar con la mayor certeza posible en este periodo de investigación".

El delito de lesiones graves tiene una pena de 541 días a 3 años de cárcel. En el caso de Noya, tiene la atenuante de irreprochable conducta anterior, lo que influirá en la condena definitiva, ya que se podrá acoger al beneficio de la libertad vigilada.

Andrade enfatizó que se trata de una investigación en curso, sin descartar a futuro la existencia de nuevos formalizados, como asimismo, producto de la querella presentada por la familia de Rodrigo Avilés, también se indaga el eventual delito de obstrucción a la investigación contra quienes resulten responsables.

Félix Avilés, como abogado y querellante en la causa, se mostró conforme con las medidas cautelares fijadas por el tribunal, las cuales "son proporcionales al delito que se ha cometido".

Recalcó que, junto al arduo trabajo del Ministerio Público, han podido demostrar en esta audiencia que "aquí efectivamente hubo un delito, que el delito tiene un responsable y la calificación del mismo lleva el reconocimiento que ha existido dolo, a lo menos dolo eventual, lo que será materia de la investigación y de las discusiones jurídicas posteriores".

Resaltó que la defensa del exsargento "nunca desconoció los hechos que, desde el primer segundo que esto sucedió, le hemos estado diciendo a la opinión pública".

No obstante los avances en la causa, que se mantuvo desformalizada por casi 11 meses, Avilés reconoció su preocupación por "la conducta de Carabineros de Chile que, transcurrido casi un año, no se ha conocido el resultado del informe con el sumario administrativo interno dispuesto por el alto mando, después de que se apresuraron en la primera semana de entregar declaraciones públicas, declaraciones por escrito e informes de 197 páginas, supuestamente llena de conclusiones periciales, planimétricas, de vestimentas, etcétera, que terminaron siendo todas mentirosas y engañadoras a la opinión pública. Después de un año, la institución no ha sido capaz, y con responsabilidad evidente del general director -Bruno Villalobos Krumm-, de que Carabineros de Chile señale qué fue lo que sucedió".

Avilés recordó que en octubre pasado se reunió a puertas cerradas con la autoridad policial, oportunidad en que le indicó que "el sumario estaba terminado, que se había resuelto con responsabilidades y que esperaban la apelación por parte de aquellos que aparecían como responsables. Vamos en abril y no ha habido más avance que ello, eso nos señala que hay fundamento para el segundo delito que indicamos en la querella -que nos parece tanto o más grave que el delito de lesiones graves que se le imputa al señor Noya-, que es la obstrucción a la investigación".

El abogado hace alusión al artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, que señala que su función es "el resguardo de la seguridad y la tarea de velar por la eficacia del derecho. Lo curioso es que toda la conducta que ha tenido la institución en relación a este caso, y a muchos otros que conocemos, el resultado o lo que se busca no es la eficacia del derecho en cuanto a reconocer la verdad y hacer justicia, sino que ha sido ocultar la verdad para que no se haga justicia. Aquí hay un silencio que tiene por objeto no reconocer responsabilidades y, por tanto, buscar que el tiempo concluya en la impunidad. Lo que ha sucedido hoy es un paso importante para que no haya impunidad, pero no puede terminar esta situación en un conflicto judicial entre la familia Avilés y el exsargento Noya, aquí hay una responsabilidad institucional y tienen que responder todos los que están involucrados en la cadena de mando de Carabineros".

En relación a los argumentos del equipo jurídico de Carabineros que defiende a Noya, respecto a que las lesiones fueron debido a que "pasó una muchedumbre" sobre el estudiante una vez que cayó al suelo y que "la defensa tiene mucho que aportar y decidir", Avilés argumentó que existe una investigación que acumula cuatro tomos, los que "conocemos en su totalidad y, por tanto, creo que no han leído bien y no han entendido bien. Quiero creer que no hay intención, así como la hay de la institución de ocultar la verdad".

Félix Avilés destaca que su hijo avanza lentamente en su recuperación. "Está en un proceso de reinserción, fundamentalmente en lo académico y en lo social, pero con las dificultades propias de una lesión de esa naturaleza, que en su momento el riesgo vital fue de un 85% de probabilidades".

Por último, calificó como "gravísimo" que abogados de la institución le entreguen asesoría legal al exuniformado, ya que en el decreto de baja reconocía su responsabilidad en el hecho punible y es un ciudadano común y corriente. "Me preocupa no sólo porque se fortalece esta cultura de la defensa corporativa, sino porque además estoy pagando con mis impuestos la defensa del señor Noya. Se lo manifesté al general director y parece que no sabía".

El abogado querellante de la familia Avilés, Eduardo Villagrán, apuntó que Noya "actuó como un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, con una instrucción en el manejo del carro lanzagua. No era una persona de la calle para la herramienta que estaba manejando, que se pudo transformar en un arma letal y quitarle la vida a cualquier persona que pudo recibir el chorro".

"Aquí hay un silencio que tiene por objeto no reconocer responsabilidades y, por tanto, buscar que el tiempo concluya en la impunidad"

Félix Avilés, Abogado y padre, del universitario