Finalmente, fue formalizado por lesiones graves el exsargento de Carabineros Manuel Noya, operador del pitón del carro lanzagua policial que con su chorro impactó e hizo caer al estudiante Rodrigo Avilés, dejándolo con lesiones graves. El hecho ocurrió el 21 de mayo pasado en la avenida Pedro Montt de Valparaíso, en medio de una manifestación en la cual participaba el estudiante capitalino de 29 años. Avilés sufrió grave daño cerebral y aún se encuentra en un lento proceso de recuperación.
Este caso humano que se cruza con el tema de protestas sociales de mayor o menor violencia, llama al análisis permanente de la actuación de Carabineros: proporcionalidad de la respuesta policial y protocolos de acción.
Se debe considerar, en primer término, que la tarea policial tiene como objetivo proteger a las personas, sus bienes y el orden público cuando es alterado por manifestaciones con o sin autorización. La acción policial es indudablemente necesaria.
Caso concreto, ocurrido horas antes de la formalización del expolicía: Carabineros debió actuar para normalizar el tráfico de Merval en el sector de Portales, el cual fue violentamente interrumpido por grupos de pescadores. En esa ocasión dos policías quedaron con lesiones graves. Y no es la primera vez que funcionarios resultan lesionados al actuar en cumplimiento de su deber.
Ante el caso del estudiante, que se lleva en un tribunal de Valparaíso, el padre de la víctima, el abogado Félix Avilés, exige que "tienen que responder todos los que están involucrados en la cadena de mando de Carabineros".
Empero, y siendo justos, cuando se invoca al estado de derecho se alude no sólo a normas legales e instituciones, también se debe asumir la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos en la mantención del orden público en el marco del cual se desarrolla el quehacer de la sociedad.
En ese contexto, Carabineros debe cumplir con su cometido incluso en medio de situaciones complejas, como las que reiteradamente se producen en Valparaíso cada 21 de mayo con ocasión de la cuenta pública del estado de la nación que debe dar el Presidente de la República ante el Congreso Pleno.
Tras el proceso en marcha y las exigencias de los representantes de Avilés, cabe esperar más antecedentes y quizás otras responsabilidades; sin embargo, este hecho penoso y las sanciones correspondientes, en modo alguno pueden inhibir, como podría ocurrir, la acción de Carabineros en defensa del orden y la seguridad pública.
Es de esperar que se haga justicia respecto de los citados excesos y que casos como el de Avilés no vuelvan a repetirse en las calles porteñas.