Una cancha dispareja, desprolija y centralista
Por Karen Trajtemberg.*
Cuando uno juega taca taca, una de las reglas principales es que la cancha esté nivelada, sin inclinación hacia ningún lado, para que los hombrecitos de metal tengan la misma posibilidad de enviar la pelota al arco contrario.
Si me perdonan la comparación pedestre, algo parecido debiera suceder con las elecciones, cuando hablamos de una democracia madura.
Sin embargo, el espíritu del legislador y de nuestros candidatos no siempre concuerda con esta lógica. El panorama hacia las primarias de junio y las elecciones municipales del 23 de octubre muestra que algunos jugadores lanzan cómodamente desde la cima de un cerro y los demás, los retadores, analizan desde abajo cómo arrojar la pelota con la suficiente fuerza para que suba hasta el arco.
El consejero regional René Lues, al renunciar a su cargo para competir en las primarias oficialistas (dimisión que finalmente al parecer quedará sin efecto), hizo hincapié en las condiciones adversas que tienen los candidatos sin cargo y advirtió que el sistema está pensado para generar "trabas". Parece una tesis lógica. Desde que los cores comenzaron a ser electos, muchos dentro del entramado político nacional -y ciertamente regional- vieron a estas figuras como potenciales amenazas para su feudo electoral.
Cuando se habla de renovación de la política, de darle cabida a los nuevos liderazgos, no se entiende que la ley establezca regulaciones que finalmente inhiben la competencia, por cuanto los "retadores" deben renunciar hasta seis meses antes de la elección (si pretenden participar en primarias) y dejar de percibir remuneraciones; deben además financiar costosas campañas y equipos de trabajo, mientras que los ediles continúan con gente pagada por las municipalidades -y los contribuyentes- y con actividades ligadas a su cargo, tanto en terreno como en medios.
Si bien es adecuado que quienes quieran ser postulantes a un cargo de elección popular no puedan utilizar un puesto ni los recursos públicos como plataforma de campaña, no parece justo que algunos aprovechen el sistema hasta el final (los alcaldes en ejercicio sólo deben dejar sus cargos un mes antes y los parlamentarios los mantienen hasta el día en que asume el nuevo Congreso, tres meses después de la elección).
Menos justo es que además la renuncia de Lues -y otros, como los exgobernadores Gianni Rivera y Omar Jara- hoy se convierta en un ejercicio inútil, debido a la desprolijidad -rayana en la vergüenza- que cometió la Nueva Mayoría con la fallida inscripción en el Servel. Cuesta comprender cómo, si la ex Concertación ha sido punta de lanza en la realización de este tipo de elecciones desde 1993, hoy afirmen que no sabían que tenían que estar todos los presidentes de partido o que se "atrasaron". Es tan básica la explicación, que da para pensar mal. El secretario regional del PPD, Manuel Murillo, lo dijo con todas sus letras: "Los partidos políticos tienen que responder por su irresponsabilidad… No puede ser que estas primarias (terminen) siendo un negociado para unos en favor de otros".
La ley 18.700, que regula las votaciones populares y escrutinios, dispone que "las declaraciones de candidaturas deberán efectuarse por el presidente y el secretario de la directiva central de cada partido político". Pero, como la nueva normativa que regula las primarias (la ley 20.640) no es clara al respecto, la Nueva Mayoría decidió jugársela por un argumento del todo infantil: la culpa es de la directora (s) del Servel, por no permitir estas inscripciones y no del propio conglomerado oficialista, por su desprolijidad e improvisación.
¿No habría sido más lógico que Isabel Allende y el resto de los presidentes de partido hicieran ese trámite antes, como lo hizo la oposición, y no al filo de la medianoche? ¿No se podía negociar antes y no en la puerta del Servel?
Dentro de la lógica de la desigualdad y la desprolijidad, un último punto que no puedo dejar de mencionar: ¿Por qué las inscripciones deben ser en Santiago? ¿Qué lógica tiene que el precandidato de Coyhaique, Arica o Viña del Mar sea inscrito en la capital? Cuando la descentralización es eslogan obligado en todas las campañas políticas, ¿no debiera ser el presidente regional del partido quien inscriba, en su propia zona, a sus postulantes?
Nuevamente la política nacional comete autogoles. Y los candidatos o precandidatos regionales sufren las injusticias, desprolijidades y vaivenes de la capital, ¿no será hora ya de ir emparejando la cancha?
"Dentro de la lógica de la desigualdad y la desprolijidad, un último punto que no puedo dejar de mencionar: ¿Por qué las inscripciones deben ser en Santiago? ¿Qué lógica tiene que el precandidato de Coyhaique, Arica o Viña del Mar sea inscrito en la capital?"