Rosa Zamora

"Se debe establecer una política clara de largo plazo, de modo que las universidades vayan ajustando sus presupuestos a la realidad de la gratuidad"

Patricio Sanhueza, Rector Universidad de Playa Ancha

Más allá de la contingencia que se abordó en la reunión del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), efectuada durante la semana en la Universidad Técnica Federico Santa María y fuertemente marcada por la cobertura de la gratuidad y el rechazo al ingreso de tres instituciones privadas al Sistema Único de Admisión, para nadie pasó desapercibido el sólido liderazgo alcanzado por las instituciones regionales en el organismo, que integran las 27 casas de estudios superiores tradicionales del país.

Con más de 47 mil alumnos de pregrado, 195 carreras, más de cuatro mil profesores y un presupuesto anual 2016 superior a los $315 mil millones, el poderío universitario tradicional porteño queda demostrado además por el hecho de que son los rectores de las instituciones locales los elegidos para encabezar tanto el Comité Ejecutivo del CRUCh como la casi totalidad de sus agrupaciones, empezando por el vicepresidente ejecutivo y principal autoridad operativa del organismo, cargo que ocupa el rector de la Universidad de Valparaíso (UV), Aldo Valle.

Asimismo, durante esta reunión ampliada, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Claudio Elórtegui, asumió la presidencia de la Red de Universidades Públicas No Estatales -G9-, que agrupa a las nueve instituciones del CRUCh que tienen ese carácter.

Por su parte, el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), Darcy Fuenzalida, asumió el cargo de vicepresidente del G-9, que hasta la semana pasada ejercía Claudio Elórtegui.

Y el rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza, es el presidente de la Agrupación de Universidades Regionales del CRUCh, entidad que reúne a las 12 casas de estudios superiores del Consejo radicadas en regiones.

Además, fueron elegidos para ocupar cuatro de los siete cupos del Comité Ejecutivo del organismo, que asume las funciones de dirección del CRUCh y el vínculo entre éste y las instituciones del sector público, especialmente con el Ministerio de Educación; supervisa la planificación de proyectos propios y el desarrollo de las sesiones del mismo.

Valioso reconocimiento

"Debemos tomarlo como un reconocimiento que hacen nuestros pares a nuestras universidades, no necesariamente a las personas de los rectores, sino a las instituciones y a Valparaíso, que es una ciudad que cuenta con una gran tradición universitaria", señala Aldo Valle.

Para Patricio Sanhueza, además de una oportunidad para instalar una mirada más regional en el sistema, este posicionamiento es muy valioso porque, con dos instituciones estatales, una católica y otra laica, representa una rica diversidad con la potencia suficiente para iluminar políticas de educación superior, que a nivel regional se ha traducido en la realización de importantes actividades y programas, producto de una labor conjunta e ininterrumpida durante más de 50 años.

Calidad y prestigio

Darcy Fuenzalida señala que el hecho de que las autoridades académicas que integran el CRUCh entreguen las mencionadas responsabilidades a sus cuatro pares porteños, da cuenta de que las instituciones que dirigen son universidades ampliamente reconocidas, con un sólido prestigio y una solvencia que ameritan que sus rectores representen al sistema de educación superior tradicional de Chile.

"Creo que este posicionamiento refleja la importancia que tiene la Región de Valparaíso como polo universitario, tanto en términos cuantitativos -por tamaño de las instituciones, número de académicos, estudiantes y trabajadores-, como cualitativos, por la calidad y excelencia de sus centros de estudios superiores", agrega el rector Claudio Elórtegui, quien recalca que ésta es una realidad que la región está llamada a internalizar para crear las mejores condiciones posibles para el desarrollo de las instituciones de educación superior.

Reforma al sistema

Los rectores también se pronuncian sobre las principales materias que ya están marcando la agenda 2016 de la educación superior en Chile, principalmente la reforma al sistema y la política de gratuidad asociada al financiamiento de las instituciones.

En lo que respecta a la futura legislación sobre educación superior, coinciden en que una materia tan compleja como ésta demandará un periodo prolongado tanto para el debate pre legislativo como para la tramitación en el Parlamento, por lo que muy probablemente la gratuidad 2017 vuelva a ser abordada por la vía de la glosa presupuestaria.

"En un proceso de reforma de la educación superior como el que el país está emprendiendo, lo esencial no es que sea presentada o despachada en cierto plazo, sino que tengamos un buen proyecto y una tramitación que permita generar la mejor legislación posible para construir las bases del sistema de educación superior que Chile necesita en las próximas décadas", señala el rector de la PUCV, para quien esos imperativos son incompatibles con una carrera contra el tiempo, pues además es fundamental "buscar los mayores y más amplios acuerdos posibles" para tener una normativa con un grado de apoyo que le confiera legitimidad.

"Existe una alta probabilidad de que la ley no alcance a ser resuelta este año; por lo tanto, es esperable que tengamos que recurrir nuevamente a la ley de presupuesto para poder seguir con la gratuidad en 2017, lo que no es deseable porque la gratuidad es una política de Estado cuya aplicación requiere un amplio debate de quienes participamos en el proceso, para lo cual es necesario conocer todos los detalles de la reforma, no sólo la gratuidad", observa el rector de la UTFSM, quien agrega que aquélla involucra entre otros los aspectos de calidad, institucionalidad y financiamiento de las universidades, pero que los rectores se han enterado únicamente de algunos fragmentos del proyecto.

Una larga discusión

Aunque consideraría positivo que la nueva legislación se promulgara este año, el rector de la UPLA concede que "sabemos lo compleja que es una reforma de esta profundidad y que pudiese, incluso, cambiar la estructura de lo que ha sido la educación superior en Chile". En el escenario de que eso no ocurra, añade, la gratuidad se vería por la vía de la glosa presupuestaria "y el temor que surge ahí es que no se establecen políticas de largo plazo y que pudiesen cometerse nuevos errores", como el año pasado, cuando "hubo poco tiempo y eso llevó a tomar decisiones a veces equívocas o que dan señales poco claras".

El rector de la UV se inclina derechamente por el realismo y piensa que este año no se va a promulgar la reforma. "Se trata de una ley que sin duda va a generar una discusión más bien larga y yo creo también que un cambio de esta envergadura debe hacerse con tiempo, con una deliberación pausada y responsable, porque lo que queremos es hacer cambios que nos permitan configurar un nuevo sistema de educación superior que pueda proyectarse por los próximos 30 ó 40 años, porque tampoco se puede estar haciendo cambios todos los años".

La gratuidad

En lo que se refiere a los fundamentos e implementación de la política de gratuidad, las opiniones son más diversas, ya que este año tanto la PUCV como la UTFSM acusaron menores ingresos asociados a la aplicación de esa medida por $500 millones y $1.400 millones respectivamente.

"Nosotros esperamos que la ley contemple estas situaciones", señala Darcy Fuenzalida a propósito del impacto presupuestario que tuvo el inicio de la gratuidad en la universidad que dirige. "Esto lo atribuimos a que se resolvió por la vía de una glosa presupuestaria sin discutirse debidamente en una ley que dé cuenta de las características particulares de cada una de las universidades, para poder salvaguardar la diferencia que hay entre instituciones. Somos proyectos de educación superior que tenemos diferencias y la provisión mixta de educación pública universitaria, donde concurren tanto universidades estatales como no estatales, es algo que enriquece al país".

Por su parte, Patricio Sanhueza celebra que la gratuidad exima de una dura carga económica a un sector importante de familias con grandes carencias, y señala que se tendrán que corregir los errores que han surgido en el inicio de la aplicación de esta política. Respecto al impacto presupuestario de los diferenciales entre aranceles de referencia y aranceles reales, "es un tema que debe ser revisado, de tal modo de llegar a un sistema que no provoque desfinanciamiento" en algunas instituciones, "pero el Estado tampoco se puede comprometer con aranceles exorbitantes", de modo que a su parecer "se deberá establecer una política clara de largo plazo de manera que las universidades vayan ajustando sus presupuestos a esa realidad que significa la gratuidad".

Inclusión con calidad

Para Claudio Elórtegui es esperable que en su condición de política pública la gratuidad signifique avances adicionales en la construcción de un sistema de educación superior que se caracterice tanto por su calidad como por su inclusión, y que su implementación observe la gradualidad y los resguardos necesarios para prevenir impactos perjudiciales en los actores involucrados. "Vemos con esperanza esta política, pero creemos que su aplicación no puede significar que algunas instituciones, entre ellas la nuestra, cuenten con menos recursos para su funcionamiento y desarrollo, ya que ello iría contra uno de los pilares que debe tener el sistema de educación superior, como es la calidad".

"Esperamos que esta política llegue a quienes se encuentran en una condición de postergación y de menoscabo económico, porque la educación debe ser un derecho social", plantea Aldo Valle. Señala que al contar con ciudadanos más educados se gestan sociedades más pacíficas, estables y productivas. "Confiamos en consecuencia en que la política de gratuidad represente un beneficio para la sociedad en su conjunto".

"La reforma sin duda va a generar una discusión más bien larga y yo creo también que un cambio de esta envergadura debe hacerse con tiempo"

Aldo Valle, Rector Universidad de Valparaíso

"Somos proyectos de educación superior que tenemos diferencias y la provisión mixta de educación pública universitaria es algo que enriquece al país"

Darcy Fuenzalida, Rector Universidad Técnica Federico Santa María

"Lo esencial es un buen proyecto y una tramitación que genere la mejor legislación posible para la educación superior de las próximas décadas"

Claudio Elórtegui, Rector Pontificia Universidad Católica de Valparaíso