En el contexto de la tramitación en la Cámara Alta de la Ley de Fármacos II, los laboratorios transnacionales con operaciones en Chile, Merck Sharp & Dohme (MSD), Roche y GlaxoSmithKline (GSK), entregaron, a fines de marzo, al fiscal Carlos Gajardo información de su contabilidad y pago de honorarios de los últimos años, según publicó ayer el sitio T13.cl.
Esto tras la denuncia por cohecho que pesa sobre el senador Guido Girardi, quien pertenece a la Comisión de Salud del Senado, y que según el presidente de la Federación de Farmacias Independientes, Héctor Rojas, habría beneficiado a los laboratorios en el proceso legislativo.
Por esto, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitó la información financiera de MSD, Roche y GSK, empresas farmacéuticas que, a través de pagos al senador PPD, habrían buscado trabar la aprobación del proyecto que busca que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) provea con precios de mayoristas a farmacias independientes y municipales.
La situación fue denunciada en enero por Héctor Rojas, quien afirmó que el congresista "ha hecho maniobras distractivas", enfatizando que "no puede ser que un senador defienda, de esta manera, los intereses de empresas tan coludidas".
Asimismo, a principios de año agregó que decidió recurrir al Ministerio Público luego que el legislador se negara a recibirlo, afirmando que "si el senador Girardi no tiene nada que esconder, que dé las explicaciones como corresponde".
En la oportunidad Rojas agregó que, gracias a gestiones del senador, laboratorios extranjeros se habrían visto favorecidos en los procesos de las leyes de Fármacos y Ricarte Soto. "Se puede ver claramente que Girardi defiende intereses de laboratorios transnacionales, los que, seguramente ustedes recuerdan, son los que venden 20 veces más caro a las farmacias que al Estado".
El integrante de la Comisión de Salud del Senado calificó como "normal" el requerimiento del fiscal Gajardo, pues forma parte de un proceso judicial iniciado "con el intento de desacreditar y silenciar al más duro adversario de las grandes cadenas de farmacias y de laboratorios".
Según Girardi, el denunciante Héctor Rojas "es el vocero de los intereses de un sector del mundo farmacéutico que intenta deslegitimar al autor de las Ley de Fármacos I".
Ley de Fármacos II
El Gobierno busca a través de la Ley de Fármacos II, garantizar a la población el acceso oportuno a medicamentos seguros, de calidad y a un precio justo, dadas las diferencias de hasta 1300% en el valor de un remedio, determinado por el fabricante y la farmacia, junto a la influencia de los visitadores médicos ante los profesionales de la salud. Como respuesta, el Parlamento creará un sistema para comparar precios y regular los conflictos de interés en la industria, a través del informe periódico de los aportes realizados a prestadores de salud.
