Karen Unda Galdames

Preocupación ha generado la liberación de 724 reos de la región, el viernes pasado, tras acogerse al beneficio de libertad condicional que contempla el Decreto Ley N°321 al que pueden acceder los presidiarios que cumplan con una serie de requisitos.

Al respecto, el director regional (S) de Gendarmería, coronel Tito Barriga, aclaró que se trata de un proceso habitual que se realiza dos veces al año (abril y octubre), por resolución de una Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones. "Se trata de un modo de cumplimiento en libertad que no extingue la duración de la pena y al que por derecho acceden internos condenados que han cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva; que presentan conducta intachable en el establecimiento penal en que cumplen su condena; que han aprendido un oficio y participan en talleres; además que han asistido con regularidad a la escuela del establecimiento", explicó.

No obstante, parlamentarios de la zona y algunos integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara manifestaron su preocupación ante esta determinación de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que -en forma inédita- sólo el primer semestre de este año decidió acoger un 90% de las solicitudes realizadas, a diferencia del año 2015 cuando se alcanzó el 7%.

Para la mayoría de los legisladores la medida es contradictoria debido a que ha aumentado la sensación de inseguridad en la ciudadanía y, precisamente, se está discutiendo en el Congreso la Agenda Corta de Seguridad Ciudadana que, entre otras aristas, plantea el aumento de las penas y de los requisitos para acceder al beneficio de libertad condicional.

"Nos parece preocupante que la Corte de Apelaciones le haya otorgado la libertad a más de 700 reos que cumplían diferentes condenas (...). Esto se produce en los instantes en que una de las mayores preocupaciones de la población es la delincuencia y en el Parlamento estamos discutiendo el aumento de penas, no me parece lo más apropiado esta medida", aseveró el diputado por Viña del Mar y Concón, Osvaldo Urrutia (UDI).

En tanto, para el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputado Daniel Farcas (PPD), la situación es extremadamente preocupante sobre todo cuando mañana se discutirá la agenda corta en la comisión mixta del Congreso, razón por la que indicó evaluará citar a la sesión de la instancia a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, de manera de poder tener más antecedentes.

"Si hubiésemos tenido la Ley Corta aprobada esto no hubiese ocurrido, ya que ello implicaría que tienen que cumplirse dos tercios de las condenas para que efectivamente estas personas pudiesen salir en libertad. Estamos en una situación difícil. Esto no contribuye en nada a la seguridad ciudadana sino más bien genera un clima de poca certeza respecto de lo que está ocurriendo y de quienes están caminando por nuestras calles", consignó Farcas.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención y alerta en la opinión pública es la gran cantidad de reos que fueron dejados en libertad. "Nuestra mayor preocupación radica en que el 90% de las solicitudes fue acogida en circunstancias en que lo histórico era un 7%, por lo mismo como partido queremos solicitar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que aclare los términos de esta determinación", indicó el senador RN, Francisco Chahuán.

Al respecto, el diputado y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Joaquín Godoy (Amplitud), manifestó que mediante un oficio solicitará al Tribunal de Alzada que pueda explicar las razones para dicho aumento.

"Parece extraño que de un año a otro cambie de manera tan dramática la visión de la Corte respecto a esta materia. A pesar que entiendo la total independencia del Poder Judicial, pienso que es totalmente necesario que la Corte explique con mayor detalle las razones que generan este cambio de criterio. De esa forma se evitan las especulaciones en un tema tan delicado para Valparaíso y la ciudadanía", detalló.

Con un criterio similar, y reconociendo la atribución autónoma del Poder Judicial, el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), indicó que de todas maneras sería adecuado conocer con precisión las determinaciones de libertad condicional asignadas: "En años anteriores también se habían adoptado resoluciones similares pero en un número significativamente menor. Cabe preguntarse qué ocurrió este año que no haya ocurrido en años anteriores. La decisión del Poder Judicial genera alarma e inseguridad en la ciudadanía y genera un ambiente y sensación de desprotección lo cual es negativo".

Por otra parte, la mayoría de los 724 reos que accedieron al beneficio y que quedan sujetos a control en los Centros de Asistencia e Integración Social (Cais) o Centros de Reinserción Social (CRS), corresponden al Complejo Penitenciario de Valparaíso, y el resto a las otras ocho unidades del sistema cerrado y Centros de Educación y Trabajo de la región, quienes durante la noche del viernes aseguraron al noticiario "24 horas" (TVN) que no volverán a delinquir.

"Estoy contentísima, tenía una condena de 10 años y me vine a los 6. No es agradable este lugar para nadie así que lo mejor es cambiar la vida de una", manifestó una reclusa que no fue identificada. Al igual que un hombre de 56 años quien aseguró que no volverá a cometer los mismos errores y dijo que la medida era "lo máximo que más puedo decirle, son 27 años preso".

Pese a las buenas intenciones que pueden tener quienes accedieron al beneficio, la realidad de reinserción en nuestra sociedad es extremadamente compleja por lo que las cifras de reincidencia son altas.

"La preocupación ciudadana es totalmente legítima porque aunque el reo que es liberado haya sido condenado por hurto simple u otro delito menor, lo más probable es que vuelva a tener las mismas conductas delictuales que lo llevaron a ser detenido. El 70% de las personas en prisión han reincidido, la tasa de reincidencia en Chile es gigantesca", aseguró el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), quien añadió que solicitará citar al director nacional Gendarmería a la Comisión de Seguridad Ciudadana, ya que es la institución la que realiza la calificación de conducta y postulación al beneficio.

Para el diputado Arturo Squella (UDI) es necesario modificar el sistema y otorgar la libertad sólo a quien demuestre la existencia de una ocupación laboral en el medio libre, para lo cual cree que el Estado podría colaborar para la contratación con incentivos tributarios.

"La masiva aplicación de libertad condicional de estos días, da cuenta que los mecanismos de excarcelación que contempla la ley, no toman en cuenta en forma seria la posibilidad de reincidencia de los reos beneficiados. En el sistema penitenciario no hay un solo indicador que apunte a evitar futuros delitos de los internos. Si alguien cree que el buen comportamiento al interior del penal es garantía de algo, está muy equivocado", sostuvo.

En la misma línea, el consejero regional e integrante de la comisión de seguridad del Core, Manuel Millones, dijo que la medida es desafortunada y contradictoria con el ambiente de inseguridad que vive la población, ya que no existen programas de reinserción y acompañamiento a la persona para que se integre a la sociedad plenamente.

"Los reos liberados vuelven a delinquir en porcentajes alarmantes como lo da a conocer las mismas estadísticas del Ministerio de Justicia, las cuales indican que la reincidencia a los 6 meses es del 34% , a los 12 meses el 65% y a los 18 meses el 85 %. En la cárcel de Valparaíso hay 5.000 personas privadas de libertad y de ellas la autoridad concedió el beneficio a más de 724 personas, cifra muy elevada y que no responde al clamor de la ciudadanía sobre medidas concretas sobre la delincuencia (…) Lo que se reprocha es la masividad y oportunidad, teniendo presente que perfectamente esta medida pudo ser gradual", comentó Millones.

En tanto, ante la alarma ciudadana que esta noticia generó en la zona, el gobernador de Valparaíso Jorge Dip dijo que "respecto a esta masiva liberación no tenemos hasta ahora antecedentes que hablen de la comisión de algún delito o desorden de mayor connotación que cualquier fin de semana en Valparaíso".

Por otra parte, el Gobierno habría estado molesto por la determinación adoptada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sin embargo, el vocero Marcelo Díaz, fue mesurado en la versión que ofreció: "Serán las autoridades de Justicia las que lo evaluarán, pero el Gobierno hoy no tiene, desde hace 3 o 4 años, atribuciones en esta materia sino que corresponde a una decisión autónoma del Poder Judicial".

"Es necesario que la Corte explique con mayor detalle las razones que generan este cambio de criterio. De esa forma se evitan las especulaciones"

Joaquín Godoy, Diputado Amplitud

"Si hubiésemos tenido la Ley Corta aprobada esto no hubiese ocurrido ya que ello implicaría que tienen que cumplirse dos tercios de las condenas"

Daniel Farcas, Diputado PPD

"Aunque el reo haya sido condenado por hurto simple u otro delito menor, lo más probable es que vuelva a tener las mismas conductas delictuales"

Gonzalo Fuenzalida, Diputado RN