Mauricio Mondaca

El Gobierno destacó ayer que mantiene el análisis de los escenarios que puede abordar en la reforma laboral tras el fallo adverso del Tribunal Constitucional, que objetó la titularidad sindical, y no confirmó la propuesta de veto presidencial que había sido anunciada el viernes por la ministra del Trabajo, Ximena Rincón.

Tras concluir el consejo de gabinete realizado ayer, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, afirmó que "para poder tomar una decisión tenemos que tener todos los elementos que dicen relación con el fallo".

El titular de la Segegob recalcó que los ministros políticos y económicos del gabinete sostendrían ayer varias reuniones "para evaluar cuáles son la alternativas, pero como lo ha dicho la propia Presidenta de la República, vamos a evaluar cuál de aquellas herramientas que nos entrega el ordenamiento jurídico vigente vamos a utilizar, pero con el propósito de tener una legislación equilibrada, que salvaguarde debidamente los derechos de los trabajadores".

El planteamiento de Díaz fue reafirmado ayer por el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien reiteró que el Gobierno está examinando la situación.

"El Gobierno está analizando la situación y no ha tomado ninguna decisión al respecto", dijo Valdés.

La postura de Díaz y Valdés difiere de la información planteada el viernes de la semana pasada por la ministra Rincón en una entrevista con La Segunda, cuando afirmó que "el Gobierno tiene decidido vetar el proyecto de ley".

En este sentido, el ministro del Interior, Jorge Burgos, tampoco se plegó a la propuesta encaminada por la jefa de la cartera de Trabajo. Según dijo el jefe de gabinete el sábado a El Mercurio, la decisión de vetar el proyecto "no estaba tomada".

A propósito de la posibilidad de que el Ejecutivo y el empresariado concuerden una modificación que genere los ajustes necesarios al proyecto, según lo fallado por el TC, Valdés manifestó que "siempre dialogar es bueno, pero llevamos mucho tiempo en esto y queremos ya cerrar estos capítulos".

El presidente del Partido Radical y vocero de la Nueva Mayoría, Ernesto Velasco, dijo que la coalición es partidaria de una resolución que implique "eficacia legislativa.

"El Gobierno fue claro en decir que se están estudiando todas las alternativas": puede haber un veto, una ley, y, por lo tanto, esto se va a evaluar en función no sólo de los contenidos, sino que de la eficacia de lograr el objetivo que se quiere", agregó.

9 de mayo tiene el TC como plazo final para entregar los fundamentos del fallo sobre la reforma laboral.

8 de mayo es el plazo de La Moneda para decidir si ingresará un veto al proyecto de ley.

El diputado Jaime Pilowsky (DC) anunció que extenderá una nueva citación al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, a la comisión investigadora de la Cámara Baja que indaga las irregularidades del denominado caso "Milicogate". El parlamentario afirmó que la insistencia se fundamenta en los detalles respecto del patrimonio del uniformado revelados el domingo en un reportaje del programa periodístico Informe Especial (TVN).

"Ha sido el único general que se ha negado de asistir a la comisión investigadora. Fue invitado con mucha anticipación y no acudió con una muy mala justificación. Vamos a citarlo nuevamente, a fin de que reflexione en su negativa y se decida a cooperar, como lo han hecho todos los generales que han pasado por la instancia", advirtió el parlamentario.

El programa de TVN entregó detalles de millonarias transacciones de inmuebles y autos de lujo de Fuente-Alba en los últimos años, con los que presuntamente habría incrementado su patrimonio fuera del alcance de sus ingresos.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo ayer que "para el Ministerio Público no es complicado investigar, porque es una institución muy autónoma", respecto de la indagación al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, por un eventual delito de enriquecimiento ilícito.

"La Fiscalía Centro Norte, a través del fiscal José Morales, abrió de oficio una investigación cuando a través de una fuente abierta se pudo establecer que había un ex funcionario público que tenía un patrimonio que no decía relación con los ingresos percibidos en su carrera", explicó Abbott en Tele13 Radio.

El jefe del Ministerio Público agregó que "a raíz de eso se abre una investigación y se empiezan a despachar los requerimientos de información, para determinar si tiene justificación ese patrimonio".

El ex ministro de Defensa, Francisco Vidal, dijo que "por la historia del general Fuente-Alba, por su brillante carrera militar, creo que el país exige una explicación". El ex secretario de Estado agregó que nunca ha sido asesor del oficial, sino que forma parte del Consejo Asesor sobre Estudios e Investigaciones Militares junto a civiles y militares.

Chile Vamos dijo ayer que estudia interponer un requerimiento a la Contraloría luego de que el sábado se conociera un estudio de Renovación Nacional que advierte que el 54% de los facilitadores del proceso constituyente no cumple con los requisitos de neutralidad, imparcialidad e independencia que exige el cargo.

El estudio, coordinado por el cientista político y jefe de gabinete del senador Andrés Allamand, Tomás Fuentes, se realizó a partir de un monitoreo en web y redes de los 192 facilitadores para el proceso constituyente.

Según los datos, el 82% de los facilitadores que públicamente habían expresado sus adhesiones políticas eran "partidarios de la Nueva Mayoría".

El bloque opositor agregó que entregará los antecedentes al Consejo de Observadores y al ministro de Interior, Jorge Burgos.

Los antecedentes fueron calificados como "graves" por el secretario general de la UDI y vocero de Chile Vamos, Guillermo Ramírez.

"El mismo Gobierno estableció que los facilitadores iban a ser árbitros imparciales de este proceso y se autoimpuso algunos requisitos. Uno de ellos, que los facilitadores no iban a tener sesgo político, dijeron que iban a ser políticamente neutros y que iban a conducir este proceso con imparcialidad. Sin embargo, lo que hace el Gobierno es, mayoritariamente, nombrar a personas que tienen un sesgo político y que no van a conducir el proceso con neutralidad", dijo el dirigente.

Según el directivo gremialista, como oposición "lo único que nos queda es seguir denunciando". El presidente de RN, Cristián Monckeberg, aseguró que "el estudio es máxima gravedad", mientras la presidenta del PRI, Alejandra Bravo, sostuvo que "en los hechos concretos (...) este proceso es absolutamente ilegítimo".