Alexis Paredes R.

Una fuerte crítica realizó la ministra de Justicia, Javiera Blanco, a la inédita liberación de 724 reos a quienes una comisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso les concedió la libertad condicional, tras cumplir con una serie de requisitos contemplados en el Decreto Ley N° 321.

La secretaria de Estado emplazó al Poder Judicial a "explicar su criterio", producto del cual el número de beneficiados subió de 87, equivalente al 7% del total de las solicitudes registradas en la región en abril de 2015, a los 724 de este año, vale decir, un 90% de las 875 postulaciones analizadas por la comisión. La molestia se acrecienta, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago liberó a 568 internos y otros 122 en La Serena, suma que se eleva a los 2 mil presidiarios excarcelados en todo el país.

Uno de los beneficiados en Valparaíso fue detenido a menos de 24 horas de su liberación por el delito de robo por sorpresa, y ayer se especulaba de otros dos casos, "cifra marginal" según autoridades.

Blanco comparó la situación con abrir una cárcel completa, calificando como "grave" la masiva liberación.

La ministra reconoció que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en una decisión que le compete a comisiones regionales del Poder Judicial, pero recalcó que "si bien es una decisión de los jueces, tenemos derecho a conocer los criterios".

"De 800 que la piden todos los años, se la otorgaban (la libertad condicional) a 80. Que ahora pasemos al 93%, llama la atención", sostuvo.

La ministra defendió la agenda corta antidelincuencia, señalando que de haber sido aprobada en el Congreso, esta situación no se hubiese producido, ya que exige un mayor quórum para otorgar el beneficio de libertad condicional.

Sin embargo, la polémica está lejos de darse por zanjada, tras la respuesta entregada ayer por el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica. El máximo tribunal explicó que la decisión se adoptó para reducir la sobrepoblación en las cárceles.

El ministro aseveró que los jueces aplicaron la ley que regula este beneficio -y que data de 2013- a petición de Gendarmería, institución dependiente del Ministerio de Justicia.

"El motivo que tuvo el Ejecutivo de proponer el cambio se basó, principalmente, en el fin de reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad que se vive en nuestras cárceles y centros de detención, en los que se registra un promedio aproximado de 60% de sobrepoblación penal ", dijo el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica.

El vocero del máximo tribunal insistió que "aquí no ha habido ninguna cosa extraña ni oculta en materia de esta decisión (…) hoy por hoy el sistema está operando".

Por tal motivo, Juica subrayó que "lo que tenían que hacer los jueces es hacer operable este beneficio de la libertad condicional (…) los jueces deciden, sobre la base de una proposición de un órgano vinculado al Ministerio de Justicia, que es Gendarmería, quien propone de acuerdo a niveles de conducta a aquellas personas que cumpliendo los requisitos tienen derecho a obtener el beneficio de la libertad condicional".

La cuestionada determinación también será analizada en el Congreso, ya que surge en medio del debate por la Agenda Corta Antidelincuencia. Esta semana están invitados la ministra Javiera Blanco y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, a la Comisión de Constitución del Senado y a la Comisión de Seguridad de la Cámara.

Según trascendió, tradicionalmente la Comisión de Libertad Condicional sanciona las solicitudes de los reos postulantes al beneficio en base a dos elementos: el informe técnico de Gendarmería, que puede ser favorable o desfavorable, y los parámetros objetivos establecidos en la ley relacionados con que el reo cumpla con ciertos requisitos, ya sea cumplir la mitad y tres cuartos de la pena según el delito, si ha tenido buena conducta, si aprendió algún oficio dentro del penal o si realizó estudios.

En el caso del análisis de Gendarmería, se trata de un informe de carácter subjetivo, ya que "un reo puede cumplir todos los requisitos, pero Gendarmería, desde el punto de vista técnico, puede señalar que ese sujeto a la primera puede reincidir", detalló una fuente ligada al proceso.

En esta ocasión, la comisión que preside un ministro de la Corte no habría considerado el informe técnico de Gendarmería, lo que explica el alto porcentaje de beneficiados con la libertad condicional.

El diputado Aldo Cornejo (DC) se mostró en desacuerdo con la respuesta de la Corte Suprema, que explicó que el cambio de criterio se basó en una propuesta del Ejecutivo para reducir los elevados niveles de hacinamiento de los penales. "El ministro Juica ha señalado que con el otorgamiento masivo de beneficios, tanto en Valparaíso como en Santiago, se pretende combatir el hacinamiento carcelario y que eso hacía necesario poner en libertad a estas personas. Creo que eso no es la razón que explica el comportamiento de las comisiones de las cortes, no creo que el Gobierno haya pedido a los jueces liberar a los reos porque hay un hacinamiento carcelario", sostuvo el legislador.

Añadió que la situación se deberá aclarar en los próximos días, ya que "aquí a lo mejor no se consideraron antecedentes de carácter subjetivo en relación a cada uno de los beneficiarios, sino que solamente si cumplían los requisitos, y eso podría explicar la diferencia que hay entre el año pasado y este año, con más de 600 personas en el caso de Valparaíso".

Los diputados de la UDI, Andrea Molina, María José Hoffmann y Osvaldo Urrutia, citarán a la Cámara Baja al director nacional de Gendarmería, Tulio Arce, por la libertad condicional que recibieron 724 internos de la Región.

"Sin planes de rehabilitación y reinserción adecuados, la medida no me parece de lo más acertada. Por ello es que voy a solicitar a la Comisión de Seguridad Ciudadana que se cite al director nacional de Gendarmería para que nos explique las razones que se tuvo para dejar en libertad al 90% de los reos que pidieron libertad provisional este año, algo que a lo menos es insólito y no deja de llamar la atención", dijo Osvaldo Urrutia.

Nos parece preocupante que la Corte de Apelaciones le haya otorgado la libertad a más de 700 reos que cumplían diferentes condenas, algunas de ellas por delitos bastante graves y que no cumplían con los requisitos para salir de la cárcel", acotó Andrea Molina.

El fiscal regional, Pablo Gómez, comentó que, sobre la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte, "como Ministerio Público no podemos opinar sobre facultades de un poder del Estado. Ellos tienen ciertos criterios que están establecidos y, en base a esos criterios, la Corte ha decidido, donde el Ministerio Público no ha intervenido en ningún caso".

"No creo que el Gobierno haya pedido a los jueces liberar a los reos porque hay un hacinamiento carcelario"

Aldo Cornejo, Diputado DC

"En el Parlamento estamos discutiendo el aumento de penas, no me parece lo más apropiado la medida"

María José Hoffmann, Diputada UDI