Alexis Paredes R.

"El pleno de los ministros no conoce ni siquiera los criterios que adoptó en esta oportunidad la comisión para tomar esta decisión que tendrá un impacto muy negativo en la ciudadanía"

Osvaldo Urrutia Diputado UDI

"

" En la Región de Valparaíso se produjo un hecho inédito en el sistema de concesiones de libertades condicionales, donde el 90% fue beneficiado, y cada institución debe asumir su responsabilidad"

Ignacio Walker Senador DC

Expectación había ayer en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ante el anuncio de que la ministra y presidenta de la Comisión de Libertad Condicional, Silvana Donoso Ocampo, quien otorgó el beneficio para excarcelar a 724 reos rematados de la región, hablaría ante los medios de prensa tras los duros cuestionamientos por parte de los distintos órganos del Estado, que pidieron "aclarar el criterio" producto del cual el 90% de los postulantes que reunían los requisitos fueron liberados. Sin embargo, la cita fue abruptamente suspendida y el hermetismo se mantuvo en el tribunal de alzada porteño, pese a las críticas.

La inédita medida difiere ampliamente con las cifras de años anteriores, en que los beneficiados no superaban el 7% de los postulantes y generó el reclamo de las autoridades y parlamentarios, que durante la jornada de ayer desfilaron por los pasillos de la Corte, donde fueron recibidos por el presidente suplente del tribunal, Julio Miranda.

Los cuestionamientos aumentaron luego que Gendarmería informara que de los 875 reclusos de la región que postularon al beneficio de la libertad condicional, en 528 de los casos la institución entregó un informe desfavorable. No obstante ello, en el uso de sus facultades legales, la Comisión de Libertad Condicional decidió concederles el beneficio a 788 internos.

La cifra de reos liberados a nivel nacional bordea los 2 mil y, en el caso de Valparaíso, con 430 beneficiados, el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) habría recuperado la capacidad de un módulo completo, tomando en cuenta la alta tasa de hacinamiento que afecta al recinto.

Pese a los cuestionamientos, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se refirió a la decisión de la comisión -formada por jueces- encargada de otorgar la libertad condicional a más de 1.810 reos. "No vamos a dar ninguna explicación (...), somos respetuosos de la independencia de los jueces", expresó.

Desde el máximo tribunal aseguraron que, en este tema, los jueces sólo cumplieron su deber y que la medida no será revisada, remarcando que "no tenemos ninguna duda de que su trabajo está bien hecho. No creo que haya errores (...). La comisión tiene facultades para hacerlo y los jueces han cumplido con su deber", sentenció.

Fuentes judiciales aclararon que la normativa que establece la libertad condicional es un derecho al que puede acceder cualquier condenado que cumpla con los requisitos, tales como haber realizado la mitad o tres cuartos de la sentencia que se le impuso, según la gravedad del delito, tener una conducta intachable, haber aprendido un oficio y haber asistido con regularidad a la escuela del establecimiento penal. Sin embargo, la normativa no contempla que un informe desfavorable por parte de Gendarmería sea impedimento legal para otorgar la libertad vigilada, por lo que, en esta ocasión, la comisión encabezada por la ministra Donoso, no habría considerado relevante el informe negativo de Gendarmería, basándose estrictamente en lo estipulado en el decreto ley. Un "cambio de criterio" que dejó pidiendo explicaciones desde la ministra Javiera Blanco hasta gran parte del Congreso.

En medio de las críticas por la resolución judicial, parlamentarios de diversos sectores se mostraron inquietos por la gran cantidad de reclusos, muchos de ellos autores de graves delitos, que fueron excarcelados sin ningún aviso previo.

El diputado Aldo Cornejo (DC) aseveró que la detención de reos beneficiados por la comisión de nuevos delitos sólo viene a ratificar la "irresponsabilidad en el otorgamiento de las libertades provisionales, ya que no se tomó en cuenta la opinión técnica de Gendarmería, que no sólo informa respecto a la situación actual, sino que hace un pronóstico de las posibilidades de que haya reincidencia. Que haya personas que reincidieron en tan corto plazo, demuestra que hubo abierta irresponsabilidad o ligereza en el otorgamiento de tanta libertad condicional".

Tras reunirse, junto al senador Ignacio Walker, con el ministro Julio Miranda en su despacho de la Corte de Apelaciones porteña, el parlamentario comentó que le plantearon al jurista la inquietud sobre el pronóstico que realizó Gendarmería, respecto a la posibilidad de que 528 reos vuelvan a reincidir, pese a lo cual la comisión de la Corte los liberó. "Ese es un dato técnico importante de una institución que es la que más conoce el sistema carcelario. Ese informe no fue considerado por la comisión. Es cierto que el informe no es vinculante para la comisión, pero le hemos manifestado nuestra preocupación de por qué razón, en esta oportunidad, el informe de Gendarmería no fue considerado, ya que se haber sido así, 528 casos no se habrían acogido a este beneficio".

Según trascendió, la comisión de Libertad Condicional actuó por unanimidad, es autónoma en las decisiones y la Corte de Apelaciones no tiene ningún control ni jurisdicción sobre ellos. Por tal motivo, el diputado Cornejo adelantó que se planteó "buscar una fórmula legislativa" al respecto. Una de las alternativas sería establecer que los futuros informes de Gendarmería sean obligatorios para la comisión. En esta materia se estudia presentar un proyecto de ley que modifique la actual normativa, lo cual se abordará con el Gobierno.

El senador Ignacio Walker también se refirió a la polémica resolución judicial. "Creemos que el precedente que se está sembrando con esto es nefasto; por lo tanto, creemos que hay que explorar nuevas posibilidades, como el tribunal ejecutor de penas, que existe en muchos países".

El personero enfatizó que "nunca ha estado en tela de juicio la independencia del Poder Judicial ni de la comisión, la cual es inapelable, pero queremos expresar nuestra preocupación que en la Región de Valparaíso se produjo un hecho inédito en la historia del sistema de concesiones de libertades condicionales; por lo tanto, cada institución tiene que asumir su responsabilidad".

Acompañados por el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, los diputados de la UDI María José Hoffmann y Osvaldo Urrutia también concurrieron hasta la Corte de Apelaciones de la Ciudad Puerto con el fin de sostener una reunión con el presidente subrogante de dicho tribunal, Julio Miranda.

"Hemos venido a manifestar nuestra preocupación por la medida que ha tomado esta comisión. Entendemos que es una comisión que toma una medida autónoma. Sin embargo, desde la UDI queremos rechazar esta acción que libera a más de 700 reos, de los cuáles casi 600 de ellos no tenían los antecedentes para que fueran liberados", recalcó Hoffmann.

Según lo expresó la parlamentaria, "esta medida lo único que va a lograr es reincidencia y nuevos delitos. Vamos a ver a nuevas familias afectadas, y nos parece preocupante, porque sabemos que el tema de fondo es el hacinamiento que existe en las cárceles".

El diputado Osvaldo Urrutia manifestó que "me sorprendió la autonomía de la comisión para tomar decisiones. De hecho, el pleno de los ministros no conoce ni siquiera los criterios que adoptó en esta oportunidad la comisión para tomar esta decisión que tendrá un impacto muy negativo en la ciudadanía. Por eso le hemos pedido que nos den a conocer cuáles son estos criterios".

El parlamentario se mostró disconforme con la determinación de la comisión, razón por la cual "hemos pedido también una audiencia con la ministra Silvana Donoso, quien presidió esta comisión y define las decisiones. Acá hubo un cambio de criterio, que me llama la atención que los ministros lo desconozcan, porque se aduce que esta comisión tiene una autonomía para poder ejercer su labor. También queremos conocer las actas en que se votó caso a caso cada una de las situaciones de estos reos, para poder saber por qué no se tomó en consideración el informe de Gendarmería, que en más de 500 casos era negativo".

"Si existe hoy un informe de Gendarmería, que lo que dice es que la mitad de los señores no estaba en condiciones de salir en libertad provisional, quiere decir que hay una mala decisión tomada por parte de los jueces"

Joaquín Godoy Diputado Amplitud

"

Fuente: poder judicial