El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, calificó como "un golpe tremendo" las investigaciones que se realizan en su contra por el millonario incremento de su patrimonio entre los años 2010 y 2014, periodo en el que realizó su mandato.

Esta indagatoria, en manos del fiscal José Morales, se desarrolla en paralelo al presunto fraude con recursos de la Ley Reservada del Cobre, en el caso denominado "Milicogate" cuya pesquisa está a cargo del juez Omar Astudillo.

"Estoy sorprendido del cúmulo de falsedades y tergiversaciones vertidas contra mi persona y mi familia estos últimos días", expresó Fuente-Alba en declaraciones consignadas ayer por La Tercera.

"No tengo un patrimonio de $ 3 mil millones. Cuando asumí hice la declaración de intereses y alcanzaba una suma superior a los $ 800 millones. Cuando me retiro, el aumento se explica por sueldos, viáticos, arriendos, inversiones y ganancias en compraventas de inmuebles", insistió.

Respecto del vínculo de sus familiares con el aumento de su patrimonio, Fuente-Alba subrayó que "mis hijos son profesionales con acceso a créditos hipotecarios. Todas esas operaciones fueron a valores de mercado y los precios pagados con créditos hipotecarios. Es muy doloroso que se afecte a mis hijos".

También se refirió a la posesión de vehículos de alto valor. "Lo reconozco. Mi pasión siempre han sido los autos. No lo niego. Todos los vehículos que he adquirido han sido a valor de mercado. No existe irregularidad alguna en cambiarlos frecuentemente", señaló.

"No tengo vinculación con los hechos realizados por personas inescrupulosas que han dañado gravemente al Ejército y al país y así lo demostraré ante los tribunales", sostuvo.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, confirmó ayer que el Gobierno va a utilizar un veto presidencial para subsanar aspectos que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, como la titularidad sindical y parte de la extensión de beneficios.

"Desde que hizo público su acuerdo, el Gobierno ha sido claro en señalar que lamenta esa decisión de mayoría, pero acatará íntegramente su veredicto", explicó Díaz.

El secretario de Estado confirmó el uso de la potestad presidencial algunas horas antes de que venciera el plazo -a las 23.59 horas de ayer- para que fuera anunciado.

El Ejecutivo adelantó que enviará en una nueva iniciativa legal para abordar materias tales como la titularidad sindical.

Díaz precisó que dependiendo del contenido del fallo del TC, que tiene plazo hasta mañana para mostrar sus fundamentos, "no podemos descartar no solo que se comprometan algunos de los avances alcanzados en el proyecto, sino que se materialicen retrocesos en los derechos de los trabajadores". "Lo que el Gobierno propuso no fue un conjunto de normas aisladas entre sí, se trata de una propuesta integral de relaciones laborales", añadió el ministro.

Especificó que se revisarán las normas de relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, de horas extraordinarias y de jornadas pasivas, así como un nuevo quórum para negociar.

Pamela De Vicenzi

En medio de la crisis que vive Chiloé por la marea roja que afecta a la zona y luego del quiebre de la mesa de diálogo ocurrido el viernes y de no aceptar la oferta del Gobierno, que ofreció un bono de $ 750.000, los pescadores levantaron de manera parcial el bloqueo de las rutas hacia la isla, que permitió la salida de turistas y la llegada de víveres y combustibles a la zona.

El secretario de la mesa de pescadores artesanales de Ancud, Jorge Velásquez, manifestó que "el ministro de Economía (Luis Enrique Céspedes) tomó su pasaje y voló a Santiago. Dice que nosotros no aceptamos su negociación, pero seguía siendo las mismas mentiras y fraude que trajo para acá".

Respecto de la liberación de las rutas, el dirigente sostuvo que habrá coordinación "para que salgan algunas familias que llevan mucho tiempo acá, si también somos chilotes, no terroristas, somos humanos".

El municipio de Ancud y la diputada Marisol Turres (UDI) presentaron acciones judiciales para establecer presuntas responsabilidades del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada de Chile.

La jefatura comunal también sumó una querella en contra de quienes resulten responsables ante los tribunales de Ancud y otra acción ante el Tribunal Ambiental.

"Las acciones tienen por finalidad que la Corte de Apelaciones decrete que existió un acto arbitrario e ilegal de parte de la autoridad marítima y de Sernapesca, en orden a autorizar el vertimiento de toneladas de salmones" al mar, explicó la abogada Andrea Camargo.

Asimismo, la diputada Marisol Turres acudió a la Fiscalía de Puerto Montt para presentar un escrito en contra de quienes resulten responsables.

"Que la Fiscalía investigue qué es lo que está causando la mortandad de los mariscos y que vea si existe o no relación con los desechos de toneladas de salmón muerto y en descomposición que fueron arrojados al mar", señaló Turres.