La oposición venezolana aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había contado y verificado hasta ayer alrededor de un millón y medio de firmas de electores que apoyan que la continuidad del mandato del Presidente, Nicolás Maduro, se decida en un referendo, y que ya tienen "ocho veces la cifra" mínima requerida para ello.

"Ya se superó en ocho veces la cifra exigida por el ente electoral, por lo cual no hay razones para demorar el proceso", dijo a la prensa el alcalde del municipio Sucre de Caracas, Carlos Ocariz, portavoz de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La plataforma opositora asegura que el lunes pasado entregó al CNE 1,8 millones de firmas de electores que secundan el deseo de la MUD de que se convoque a ese referendo y que en las instalaciones del ente electoral ya se han revisado alrededor de 80% de ellas.

La norma electoral de los referendos prevé un plazo de cinco días para la verificación de las firmas.

La MUD exige, añadió Ocariz, "aunque aún faltan cajas por revisar, que el CNE no tome atajos y continúe sin demoras el proceso del referendo para revocar el mandato" del Jefe de Estado.

La oposición al Presidente Mauro reconoció que "el proceso se ha hecho técnicamente de manera perfecta".

Mauricio Mondaca/Agencias

La Presidenta brasileña, Dilma Rousseff, rechazó ayer la legitimidad del proceso de destitución al que se enfrenta y sugirió que, si se quiere "juzgar" su Gobierno, la decisión debería ser del pueblo por medio de unas elecciones.

"Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio de mi Gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al impeachment. Solo quien tiene la legitimidad del voto, puede juzgar", dijo Rousseff citada por EFE durante la ceremonia de inauguración de un centro de investigación agrícola de la empresa estatal Embrapa en Palmas, capital de Tocantins.

Esta es la primera vez que Rousseff sugiere en público la celebración de elecciones, pero esta posibilidad no está recogida en la Constitución en el caso de destitución o renuncia de un Mandatario.

Rousseff reiteró su tesis de que el proceso de destitución se trata de un "golpe" de Estado, porque "no tiene base legal" y porque ella "ni siquiera" participó en los supuestos ilícitos que le imputa la oposición.

La denuncia se basa en maniobras contables, supuestamente irregulares, realizadas en los últimos años y que -arguye Rousseff- han sido comunes en los Gobiernos de los últimos Presidentes brasileños.

Asimismo, acusó a la oposición de tratar de llegar al poder para "acabar" o reducir los programas sociales que ha impulsado su Gobierno.

La Procuradoría General de Brasil denunció ante el Tribunal Supremo a dos importantes ex ministros de la Presidenta Rousseff, por estar supuestamente implicados en el caso de corrupción de Petrobras, informaron ayer fuentes oficiales.

En la nueva denuncia fueron acusados la actual senadora Gleisi Hoffmann, ex ministra de Presidencia, y su marido, Paulo Bernardo Silva, que fue titular de las carteras de Comunicaciones y de Planificación.

La acusación se basa en la denuncia de dos condenados en el caso, el cambista Alberto Youssef y el ex ejecutivo de Petrobras Paulo Roberto Costa.