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Pescadores de Chiloé evalúan llegar a La Moneda por la crisis que golpea al sector

MAREA ROJA. El dirigente Luis Adué no descartó radicalizar las movilizaciones. El obispo de Ancud pidió permitir el paso a los camiones con abastecimiento.
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El dirigente de pescadores de Chiloé, Luis Adué, no descartó ayer la radicalización de las movilizaciones por la crisis que enfrentan producto de la marea roja que afecta a la zona. Asimismo, los trabajadores evalúan trasladarse a Santiago para acudir hasta La Moneda.

"Estamos preocupados, al igual que toda la ciudadanía, en que esto se vuelva un segundo Aysén. Nosotros no queremos llegar a esas consecuencias, pero, lamentablemente, por la tozudez del Gobierno vamos para allá", afirmó Adué en declaraciones a radio Bío Bío, en alusión a la protesta que se generó en la zona austral en 2012 para mejorar las condiciones de vida y exigir la regionalización de los recursos naturales.

"Seguimos con la idea de radicar las movilizaciones. Y con respecto al viaje a La Moneda hay que evaluarlo, pues hay que agotar las últimas instancias", agregó el dirigente.

El representante de los pescadores reiteró su rechazo a la oferta realizada desde el Gobierno, que ofreció un bono de $ 750.000 a los afectados por la marea roja.

Pero el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, mantuvo la cifra propuesta y argumentó que "tenemos que ser responsables y poder generar la ayudas dentro de lo que podemos financiar, porque, de lo contrario, cualquier irresponsabilidad la terminarían pagando otros".

Pese a que el sábado se permitió la apertura parcial de las rutas hacia la isla, aún siguen los problemas de transporte.

El obispo de Ancud, Juan María Agurto, pidió a los dirigentes que permitan el paso de camiones con combustible y víveres y que tengan mejor coordinación, ya que hay lugares en donde hay más flexibilidad.

Agurto agregó que "veo tranquilidad, pero también inquietud de la gente, de querer que pronto se coordinen los dirigentes para permitir mayor paso de vehículos, sobre todo de camiones que traen alimentos".

Cancillería desmintió a Evo Morales y confirmó intensificación de patrullaje

POLÉMICA. El Gobierno negó la acusación de haber instalado una base en la frontera.
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Mauricio Mondaca

El Gobierno negó ayer la existencia de una supuesta base militar a 15 kilómetros de la frontera con Bolivia, en respuesta a la acusación lanzada por el Presidente de ese país Evo Morales. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores admitió una "intensificación" del patrullaje militar para evitar delitos en el paso fronterizo, informó ayer la Cancillería.

Morales denunció ayer la existencia de una supuesta base militar chilena cerca de las aguas del río Silala, cuya soberanía disputa La Paz y que pretende llevar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), donde ya tiene alojado un juicio en contra de Chile para obligarlo a negociar una salida al mar.

"Es totalmente infundada la acusación del Presidente boliviano de que Chile habría instalado una base militar 'ilegal' a menos de 15 km de la frontera con ese país, en la zona del río Silala. No existe tal supuesta instalación militar", dijo un comunicado de la Cancillería.

"Lo que ha habido es una intensificación del patrullaje militar en territorio chileno para impedir los ataques contra civiles, robos, contrabando y narcotráfico provenientes de Bolivia, lo cual ha tenido efecto de disminuir notoriamente esos actos delictivos", agregó el comunicado oficial de Chile.

La Cancillería aprovechó de denunciar a Bolivia por una instalación militar "apenas a 1,5 kilómetro en línea recta de la frontera de Chile, y Bolivia debiera responder por esa presencia militar permanente en la frontera".

El texto del Ministerio agregó que "nuevamente el Gobierno de Bolivia busca desviar la atención de sus problemas internos con alegaciones falsas en contra de Chile".

"No puedo entender por qué esta base militar que es ilegal si tomamos en cuenta los convenios internacionales. Solo se pueden instalar bases militares a 50 kilómetros de las fronteras entre países", advirtió más temprano Morales en un acto público en una población rural en el este del país.

En un acto de entrega de ganado vacuno a productores del departamento de Santa Cruz, Morales afirmó que la supuesta unidad militar chilena estaría situada cerca de Cariquima, a 15 kilómetros del río Silala.

El Mandatario boliviano expresó que "esta instalación (militar) es una agresión a la vida, a la patria Bolivia".

"A 15 kilómetros, ¿qué pretende (Chile)? Cuando Bolivia, con mucha razón pide justicia ante tribunales internacionales la respuesta es soberbia, la respuesta es amenaza", acusó Evo Morales.

Según el Jefe de Estado, "no estamos en tiempos de invasión, sino en tiempos de integración de los pueblos. En Chile gobiernan el Partido Socialista y el Partido Comunista, no puedo entender que (estos partidos) sean militaristas".

"La Haya el 24 de septiembre del año pasado dijo hay temas pendientes y deben ser juzgados por tribunales internacionales", mencionó el Mandatario en el acto, recordando que Chile debe responder en poco más de 60 días con su contramemoria.

La postura común de los parlamentarios

El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Jorge Tarud (PPD), calificó como "irresponsable" la denuncia de Morales y comentó que "dice relación con desviar la atención de la crítica situación interna por la que él ha atravesado particularmente con el caso de Gabriela Zapata". Por su parte, el titular de la Comisión de RR.EE. del Senado, Jorge Pizarro (DC), agregó que Morales "tiene la mala costumbre de hablar primero y después pensar o razonar, falseando los hechos".