A. Paredes / K. Escalona

La Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía de Valparaíso recepcionó la denuncia realizada por la consejera regional (core) Evelyn Mansilla (RN) respecto de presuntas irregularidades en la Intendencia Regional, ante lo cual el organismo persecutor iniciará una investigación y activará diversas diligencias en el caso para determinar si hay algún tipo de delito o responsabilidad penal en los hechos denunciados.

"Vamos a requerir inmediatamente al Gobierno Regional toda la documentación asociada a estos procesos de adjudicación y, probablemente, también unas de las primeras diligencias será tomarle declaración al exauditor que evacuó estos dos informes y que habían sido entregados, en su oportunidad, al Gobierno Regional", precisó el fiscal de la URAC, Claudio Rebeco.

Respecto de cómo será trabajada la información proporcionada por Mansilla, Rebeco afirmó que -hasta ahora- se pueden distinguir dos aristas en la investigación de acuerdo a los antecedentes expuestos en la documentación entregada.

El persecutor explicó que los informes darían cuenta de ciertas irregularidades cometidas en el contexto de la adjudicación de proyectos de consultoría en materia territorial que benefició a las comunas de Cabildo y Petorca, trabajo que aparentemente estaría en ejecución por la empresa constructora Haza y la consultora Signo. Otra materia diferente sería "la investigación por una serie de irregularidades que se habrían cometido en el contexto de proyectos del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)".

Bajo esta dinámica aseguró que "es muy probable que separemos la investigación".

Subrayó que "también se hizo en paralelo una denuncia a Contraloría para investigar irregularidades administrativas en el marco de la adjudicación de estos fondos, de manera que hay dos aristas bien distintas, una que dice relación con el 6% del FNDR y otras relacionadas a estas consultorías adjudicadas".

Cargos claves

Las vacaciones del intendente Gabriel Aldoney no terminaron del todo bien, luego que estallara un nuevo escándalo al interior del Gobierno Regional (Gore). Los informes del exauditor de la Intendencia, Osvaldo Maldonado, dan cuenta de una serie de irregularidades, eventuales faltas administrativas y hechos constitutivos de delitos como fraude al Fisco, precisamente uno de los aspectos que Aldoney ha pregonado como pilar fundamental de su gestión: la probidad funcionara.

Los informes evacuados por Maldonado en febrero pasado, tres semanas antes de ser despedido del cargo, arrojan al menos tres aristas que deben ser investigadas, comprometiendo a personeros en cargos claves en las divisiones de Planificación y Desarrollo (Diplad), Administración y Finanzas (DAF) y Análisis y Control de Gestión.

Los montos cuestionados superan los $ 1.700 millones, entre los que se cuentan irregularidades en dos procesos de licitación pública adjudicados a una constructora (Haza) para estudios básicos del Plan Marco de Desarrollo Territorial (PMDT) para los valles de Petorca y Cabildo, por un total de $140 millones. En dicho proceso no se habría cumplido con las bases administrativas, las que fueron modificadas para incorporar a funcionarios de confianza del exjefe de la Diplad, Alexis Bustos (PS) -entre ellos su jefa de gabinete-, actual asesor directo de Aldoney, quienes habrían manejado el proceso para que ganara la citada empresa, detectándose además una relación de amistad entre unas de las integrantes de la comisión y los profesionales de la constructora.

Otra situación que califican al menos de "burda" apunta a la contratación mediante trato directo de la consultora Signo Limitada, para la elaboración de un Programa de Mejora Comunicacional y Participación Ciudadana, por $ 32 millones, solicitado por el exjefe de Diplad. La contratación se realizó en noviembre de 2015 y fue cuestionada en la auditoría, al existir "profesionales cruzados" entre las empresas antes mencionadas, donde además Signo Limitada se constituyó como empresa apenas dos meses antes de quedarse con este millonario estudio comunicacional, considerado "indispensable para el servicio". Dicho informe comunicacional es considerado "un fiasco" y también salpica a la DAF del Gore, que autorizó el pago.

"gran error"

"El gran error de Aldoney fue no haber partido con equipos propios cuando asumió la Intendencia y mantener a los jefes de división. Era gente de confianza de Ricardo Bravo y debió hacer cambios", detalla una fuente del Gobierno Regional.

A ello se suma la molestia de la Asociación de Funcionarios del Gore, que se enteró por la prensa de los alcances de las auditorías, que nuevamente ponen en tela de juicio la actuación de los trabajadores que se desempeñan en el servicio público.

Ayer, mediante un oficio, solicitaron la resolución que instruyó una investigación sumaria al interior del Gore, respecto a las anomalías en la Diplad.

"Los funcionarios en su totalidad repudian cualquier eventualidad de un Fraude 3 en la Intendencia. Se sienten ofendidos y apenados por los fraudes anteriores y no pueden tolerar un nuevo fraude", resaltó el presidente de la Asociación de Funcionarios del Gore, ante la molestia de lo ocurrido.

Abren sumario

Trascendió que nuevos antecedentes reunidos en la investigación interna arrojaron que existen méritos suficientes para abrir un sumario administrativo, en curso desde la semana asada.

Con respecto a las denuncias sobre las licitaciones en el Programa Marco de Desarrollo Territorial (PMDT) realizada por la Diplad, la investigación sumaria arrojó que "había mérito" para iniciar un sumario, el cual deberá concluir si existen o no faltas administrativas. En caso de ser constitutivas de delito, se enviarán los antecedentes al Ministerio Público.

Las indagaciones apuntan a detectar si hay indicios de un eventual fraude al Fisco, donde se habrían seleccionado empresas antes de efectuar la licitación, y si los procesos licitatorios fueron dirigidos intencionadamente por quienes elaboraron las bases y participaron en la comisión evaluadora. Por tal motivo se investigan las relaciones entre los profesionales involucrados y posibles nexos con las empresas favorecidas, afectando al menos la igualdad de competencia entre los oferentes.

Por tal razón, el sumario administrativo es clave para determinar el grado de responsabilidad que podrían tener algunos funcionarios en estas irregularidades.

La tercera arista que falta por precisar son las responsabilidades en el desorden administrativo detectado en la evaluación y calificación de los proyectos concursables con cargo al 6% del FNDR del Gobierno Regional. La auditoría arrojó "debilidades en el control interno", labor a cargo de la División de Análisis y Control de Gestión, además de una serie de irregularidades en el trabajo de las comisiones de admisibilidad y evaluación de los proyectos postulados por instituciones públicas y privadas sin fines de lucro durante el 2015. De esta forma se habrían aprobado proyectos que nunca debieron superar el proceso de evaluación, por montos que superan los $1.400 millones.

"Vamos a requerir inmediatamente al Gore toda la documentación asociada a estos procesos de adjudicación"

Claudio Rebeco, Fiscal Anticorrupción

"Son los funcionarios de confianza quienes han defraudado al Estado en la región y no los de carrera, que hacen la pega a diario y cumplen su labor"

Mario Lagomarsino, Asociación Funcionarios Gore

3 proyectos de consultoría, por montos que superan los $ 170 millones, son parte de la investigación.

11 febrero de este año, el exauditor del Gore remitió los informes al despacho del intendente regional.